La Comisión Europea ha pedido a ocho Estados miembros –Bulgaria, Chipre, Irlanda, España, Malta, Portugal, Eslovaquia y Eslovenia que concluyan la revisión de sus planes hidrológicos de cuenca, como lo exige la Directiva Marco del Agua ( Directiva 2000) . /60/EC ) y/o los planes de gestión del riesgo de inundaciones según lo requerido por la Directiva sobre inundaciones ( Directiva 2007/60/EC). Ambas directivas exigen que los Estados revisen, actualicen e informen sobre estos planes cada seis años.
Los planes hidrológicos de cuenca incluyen un programa de medidas para garantizar el buen estado de todas las masas de agua. Los planes de gestión del riesgo de inundaciones se establecen en base a mapas que muestran las posibles consecuencias adversas asociadas a los escenarios de inundaciones.
En febrero de 2023, la Comisión emitió cartas de emplazamiento en las que solicitaba a estos países que cumplieran sus obligaciones y finalizaran la revisión de sus planes hídricos.
«Sin embargo, los Estados miembros afectados siguen sin cumplir sus obligaciones en virtud de una o ambas Directivas. Bulgaria, Chipre, España, Malta y Portugal están retrasados en la revisión, adopción y presentación de informes de los terceros planes hidrológicos de cuenca y los segundos planes de gestión del riesgo de inundaciones; Irlanda y Eslovenia llegan tarde en lo que respecta a la revisión, adopción y presentación de informes de los terceros planes hidrológicos de cuenca; Eslovaquia llega tarde en lo que respecta a la revisión, adopción y presentación de informes de los segundos planes de gestión del riesgo de inundaciones.», indican fuentes de la Comisión Europea.
La legislación de la UE sobre el agua debe implementarse plenamente para alcanzar las ambiciones de la UE en materia de economía circular, biodiversidad, contaminación cero y cambio climático. Por ello, la Comisión envía un dictamen motivado a estos países, que ahora tienen dos meses para responder y tomar las medidas necesarias. A falta de una respuesta satisfactoria, la Comisión podrá decidir llevar a los Estados miembros ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
