El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no se va a rendir a pesar de las fuertes presiones que está recibiendo para que deje su cometido. Al fiscal general no le puede cesar ni el Gobierno, sólo por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones o si ha cometido prevaricación. Eso es lo que argumenta el Partido Popular para pedir a Pedro Sánchez que lo aparte. Pero es que lo que dicen que García Ortiz ha cometido como “prevaricación” es imposible de evaluar ya que se basan en el nombramiento de Dolores Delgado como fiscala de sala. Sólo hay un perjudicado, el fiscal antidroga, Luis Ibáñez, que optaba a esa plaza y que, al final visto la que se ha montado, ha desistido en su empeño. Y por mucho que se empeñen las asociaciones conservadoras, la AF y la APIF, en calificar la conducta del fiscal general de “delictiva”, éste se está manteniendo dentro de los límites estrictos de la ley. Y estas asociaciones, que están llevando a cabo una labor que sí está traspasando las líneas rojas, deberían darse cuenta del peligroso camino que han escogido.
A García Ortiz no le ha quedado mas remedio que recusar a los miembros de la sección cuarta de la sala de Lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo porque los magistrados se han quitado la máscara y muestran públicamente su animadversión hacia la figura del fiscal general. Es lo que se ha dicho aquí mismo en multitud de ocasiones, la patada en el culo de los jueces a Pedro Sánchez porque no le van a perdonar al gobierno progresista la ley de amnistía que aprobará el Congreso a finales de mes después de que haya sido vetada por el Senado. Los magistrados conservadores, que se han atrincherado en la sala de Lo Contencioso, creen que esta ley rompe el principio de separación de poderes sin dar más explicaciones. Y por eso se les califica de correa de transmisión del Partido Popular al que su política en materia judicial le está desautorizando ante la ciudadanía.
No sólo porque sigue manteniendo la anomalía constitucional de negarse a negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, sino porque está rentabilizando hasta sus últimas consecuencias la labor que llevó a cabo un antiguo director general de Aznar en Justicia, Carlos Lesmes, ese que más cargos designó discrecionalmente en el Tribunal Supremo, un verdadero reducto de jueces reaccionarios. 75 magistrados que ocupan las salas más relevantes desde el punto de vista político. Y una de ellas es la de Lo Contencioso Administrativo con magistrados como José Luis Requero, un juez ultraconservador, perteneciente a la Asociación Profesional de la Magistratura, APM, que se negó a la exhumación de Franco. Ya apuntó maneras como vocal del Consejo General del Poder Judicial y llegó a decir, en una sentencia, que «llamar matrimonio a las uniones homosexuales supondría un cambio tan radical como llamar matrimonio a la unión entre un hombre y un animal». José Luis Requero Ibáñez es miembro del Opus Dei, tiene diez hijos y en sus tiempos en la Audiencia Nacional declaró nula la campaña gubernamental “Póntelo pónselo”para fomentar el uso del preservativo porque “esta era inveraz e imparcial”. La decisión fue polémica. Era el año 1990. Pero no sería su única actuación que llamó la atención. El diario El País recogía la siguiente expresión del juez magistrado: «me quedo sin argumentos para decir por qué no se pueden casar dos hermanos o un hombre con muchas mujeres, o la unión entre un hombre y un animal si, al fin y al cabo, todo depende de la demanda social». La última, y la que ha causado su recusación es la del artículo publicado en el periódico La Razón, un día después de la sentencia en la que se rechazaba el ascenso de Dolores Delgado: “basta fijarse en lo que ya es un Tribunal Constitucional y una fiscalía general del Estado apesebrados”.
Los jueces que debían decidir sobre la continuidad de García Ortiz al frente de la fiscalía del Estado por un recurso presentado por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, son los mismos que advirtieron su “desviación de poder” cuando resolvieron rechazar el ascenso de Dolores Delgado como fiscala de sala.
Dentro de la instancia judicial existen magistrados afines a la ideología progresista. Pilar Teso fue propuesta, en su día, por el Partido Socialista para presidir el Tribunal Supremo, y tanto el Consejo del Poder Judicial como el Partido Popular vieron con buenos ojos la propuesta. Teso Gamella se ha caracterizado por mantener cierto equilibrio fruto de su especialidad en derecho administrativo. Tiene pocas resoluciones que hayan sido controvertidas. Lo que se desconoce son las razones por las que García Ortiz la ha recusado. Lo mismo ocurre con otros de los miembros, Pablo Lucas. Considerado progresista se dedica a controlar las operaciones del CNI, el servicio de espionaje. Tal vez por ese motivo ahora mismo está siendo cuestionado, pero no parece que tenga una animadversión especial contra el fiscal general.
El otro magistrado de la sección cuarta de la sala de Lo Contencioso Administrativo, Antonio Fonseca-Herrero, fue nombrado promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, una especie de responsable de las investigaciones contra los jueces que llevan a cabo actuaciones contrarias a la ley. Un cargo al que Fonseca renunció “por motivos personales”. Pero lo cierto es que la derecha judicial siempre se rebeló contra este cometido. No hace falta explicar sus razones. Carlos Lesmes aceptó su renuncia y no volvió a nombrar un sustituto. Por cierto, Lesmes, después de presentar una vergonzosa dimisión cuando la mayoría parlamentaria despojó al CGPJ de su competencia en materia de designaciones de altas instancias judiciales, volvió a su plaza de juez en la sala de Lo Contencioso. Habrá que comprobar si también ha sido recusado, algo que no sería inverosímil dado y como están las correlaciones de fuerzas en el seno de la alta magistratura.
