Siete han sido las leyes de educación. 1: La LGE, 1970 (Franco- UCD); llegó a estar vigente hasta 1980 y estableció la enseñanza obligatoria hasta los catorce años. 2: La LOECE, 1980 (UCD); no se aplicó debido al recurso del PSOE y al golpe de estado. 3: La LODE, 1985 (PSOE); introdujo el concierto. 4: La LOGSE, 1990 (PSOE); otorgó peso a las CCAA y amplió la enseñanza obligatoria hasta los 16 años; y comenzó con la ESO. 5: La LOPEG, 1995 (PSOE); salió adelante con la oposición del profesorado, que aseguraba facilitaría la enseñanza privada. 6: La LOE, 2006 (PSOE); resultó obligatoria la educación para la ciudadanía. 7: La LOMCE, 2013 (PP); de nuevo impulsó la asignatura de religión, eliminó la de ciudadanía, recortó las becas y propició recursos a los colegios que separaban varones y hembras.
La última, en vigor, conduce a la discriminación y es de dudosa constitucionalidad. De todos modos, resulta un despropósito tantas leyes que confunden a docentes y alumnos, obliga a las familias de rentas bajas a adquirir libros que no pueden pasar a los hijos menores, cambia asignaturas, redefine calificaciones y propala un caos educativo en diversas generaciones.
El gobierno del PSOE, con la boca pequeña, ha asegurado que eliminará los colegios concertados, lo que sospecho no arribará a puerto, una barbaridad impulsada por podemitas de cabezas hueras. Estando de acuerdo en que resulta desmedida la ayuda del estado a los concertados, los padres poseen el derecho de escoger este tipo lectivo para sus hijos, así que habrá que fomentar un equilibrio entre la concertada y la no concertada. Lo indudable es que resulta obligado retomar la educación para la ciudadanía, cuyo libro más vendido en centros públicos estaba escrito por un clérigo de mente abierta. A ver quién nos va a negar que la chiquillada aprenda valores que no se promueven en familias deconstruidas, o que los miembros de núcleos avenidos asimilen los puntales de una sociedad democrática, asignatura obligatoria, o pareja, en países de raigambre conservadora.
Tampoco se debe eliminar la educación privada ni religiosa, que recortaría las libertades individuales (habrá que profundizar en ellas y regularlas por ley), pero sin primar a ambas con recursos de nuestros bolsillos; en efecto, urge renegociar el tratado con el Vaticano.
Lo que produce una desigualdad educacional mayúscula, debido al quid pro quo de las CCAA con el gobierno central de cualquier signo (yo te doy, tú me das y que le den por saco a la ciudadanía), es que solo el 60% de las asignaturas de la ESO son comunes a las comunidades autónomas, lo que orza la nave pupilar: se destierra la oportunidad para acceder con conocimientos similares a grados superiores si el alumno cambia de región, o a una formación profesional equidistante e incluso al mercado de trabajo. Aún más, en la inmersión lingüística el gobierno catalán debería copiar al vasco, un nacionalismo inteligente, a fin de evitar el absurdo, algo que ha logrado el valenciano recientemente. No nos quejemos tanto del informe PISA si no lo arreglamos. Tendremos que navegar hacia una ley de educación sana e igualitaria, y proponer un artículo constitucional sobre esa ley que solo se pueda modificar por la aprobación de 3/5 de la cámara baja.
