La sala tercera del Tribunal Supremo es la que ha firmado las ultimas sentencias que desembocaron en controversia: la que anula el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado y la que acusa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de desviación de poder cuando ascendió a fiscala de sala a Dolores Delgado. Su presidente es Pablo Lucas, considerado un magistrado progresista pero que en estos momentos se encuentra en el disparadero porque de él depende el control judicial del servicio de espionaje, CNI, organismo actualmente investigado por una comisión del Congreso de los Diputados en el llamado Caso Pegasus. En sus diferentes secciones figuran conocidos miembros de la magistratura como es el que fue presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, al que se le acusa de haber abusado de nombramientos de compañeros del sector conservador. Pero, sin lugar a duda, el miembro más polémico está en la sección cuarta. Se llama José Luis Requero. Es columnista del periódico La Razón y, entre otras cosas, ha llegado a decir que la izquierda y el nacionalismo son los causantes de la guerra civil. Al mismo tiempo les acusa de “practicar el terrorismo de Estado”. Unos argumentos de extrema gravedad y más si proceden de un juez en activo al que se le exige el mayor grado de neutralidad política.
José Luis Requero fue vocal del Consejo General del Poder Judicial gracias a la asociación en la que milita, la APM. Obtuvo la unanimidad de los afiliados para que fuese propuesto y el PP hizo suya su candidatura. Considerado ultraconservador, miembro del Opus Dei, fue el denunciante de Baltasar Garzón en el asunto “acido bórico”. El juez Garzón había acusado a dos peritos policiales de falsedad en documento público. Eran los autores de un informe que vinculaba la sustancia del ácido bórico con el terrorismo etarra y el 11-M. Garzón dijo de ese informe que «no responde al interés de sugerir la investigación de hechos relacionados, ya que eran inexistentes, sino de generar una apariencia sin sustento real alguno, que vinculara a la organización terrorista ETA con los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid”. Los imputados fueron absueltos, pero Requero, entonces vocal del CGPJ, denunció a Garzón por prevaricación. Además, el magistrado es el autor del informe en el que se dice que «llamar matrimonio a la unión de personas del mismo sexo es un cambio radical, como lo sería llamar matrimonio a la unión de más de dos personas o la unión entre un hombre y un animal», un informe que, al final, fue retirado.
Requero nunca ha sido llamado al orden ni expedientado por sus opiniones políticas y sociales. Sigue el mismo criterio que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, el cual señala que una cosa es su parecer como juez y otra como ciudadano. A José Luis Requero le viene como anillo al dedo la máxima de García Castellón. En La Razón ha escrito, este pasado mes de diciembre, un artículo titulado “Jueces Buenos y Jueces malos” que no tiene desperdicio. En primer lugar, acusa al periódico El País de “concomitancia con el poder político dirigente”. Y señala que “ambos manipulan e instruyen sobre quiénes son los jueces buenos y los malos de esta historia; y llevado de ese sectarismo simplón, obviamente buenos son los jueces progresistas y malos, obvio también, los jueces conservadores. Los progresistas quedan en esa nebulosa anónima y los malos bien señalados: es la Asociación Profesional de la Magistratura, la APM, y para facilitarle el trabajo a inminentes comisiones de investigación, inserta fotos de los que considera más significados”. Requero parece haberse convertido en la mejor arma de los soberanistas catalanes. Ya no hace falta que denuncien con nombres y apellidos en el Congreso. Ya lo hace, en su lugar, un magistrado del Supremo.
Requero, que defiende a capa y espada a la Asociación Profesional de la Magistratura, de la que llegó a ser vicepresidente y secretario general, dice que Juezas y Jueces para la Democracia es una “escisión” de la APM. Por supuesto la califica de “progresista” pero dice que en ella” hay jueces profesionales, identificados con una izquierda leal, constitucional. Y los hay que sin pudor ejercen de brazo togado de la mayoría parlamentaria que saca de entre ellos candidatos al Consejo, Tribunal Constitucional o Ministerios. No son juristas sino expertos en la argumentación, hábiles sofistas que retuercen las normas para hacerlas decir lo que interesa a ese cártel del que forman parte. Da lo mismo que sean cincuenta o quinientos: su fuerza está en ejercer de jueces de confianza del conglomerado político, ideológico y mediático que se autodenomina progresista”. Esta reflexión es la que utiliza la derecha judicial para decir que la judicatura “está politizada” y para pedir que sean los propios jueces los que elijan a su órgano de gobierno, algo que ya se ha señalado aquí en muchas ocasiones, que es inconstitucional.
La última de José Luis Requero ha sido calificar de “apesebrados” al Tribunal Constitucional y al fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz. Requero es el firmante de una de las sentencias más controvertidas de la sala tercera de Lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, la que anula el ascenso a fiscala de sala de Dolores Delgado. El mismo día en que se hizo pública dicha sentencia, el magistrado se despachó en el periódico La Razón con los argumentos ya citados: que la izquierda y el nacionalismo habían “propiciado una guerra civil y practicado el terrorismo de Estado” al mismo tiempo que, siguiendo la pauta esgrimida por la derecha más reaccionaria, auguraba “el principio del fin de la democracia”.
Bien es verdad que la sala de Lo Contencioso Administrativo del Supremo es la encargada de sentenciar sobre los recursos que se presentan a los actos políticos por lo que sus resoluciones pueden no gustar dependiendo de la ideología política a la que se refiera el asunto que aborde. Pero su composición, claramente mayoritaria hacia el conservadurismo, hace pensar que esas resoluciones no son todo lo ecuánimes que debieran de ser. Y mucho menos, que sean conformes a la ley que se debe aplicar.
Las sospechas existen y más después de que los miembros de la sala se dediquen a escribir en medios de comunicación reaccionarios artículos con contenido claramente contrario al principio de neutralidad que debe presidir la actuación de un juez. Porque, contrariamente a la teoría de García Castellón, aquí hay que aplicar el criterio de que “la mujer del César no sólo tiene que ser honrada sino parecerlo”. En resumen, es una cuestión reputacional. Y sin reputación no hay autoridad que valga.
Bien: Que se piensa hacer con un terrorista togado manifiestamente comprobado. Este togado merece un juicio, como menos, juntamente con el general que pedía matar a 23 millones de compatriotas. Resultan ser una bomba en potencia.