La famosa operación policial llevada a cabo por la Guardia Civil en la AP-7 para interceptar los papeles de la trama Koldo a nombre del exministro José Luis Ábalos sigue dando que hablar. Según el atestado policial, al que ha tenido acceso Diario16, el operativo fue minuciosamente preparado. El informe se firma en Logroño (La Rioja), a las 12.00 horas del día 27 de noviembre de 2023, cuando el agente de la Guardia Civil miembro del Grupo de Acción Rápida (GAR) con base en esa localidad hace constar todos los detalles.
“Que el día 4 de noviembre de 2023, a requerimiento de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fuerzas del GAR establecieron un dispositivo operativo de control de vehículos y personas, en torno a las 8:55 horas, a la altura del punto kilométrico 541.5 de la autopista AP-7 en sentido a Valencia”. Durante dicho dispositivo, los agentes identificaron el vehículo Ford Tourneo con placas de matrícula 8170GVH, color blanco y cuya titularidad pertenece a Erikapapat Consultoría Internacional SL. “Este vehículo es conducido por Joseba García Izaguirre [hermano de Koldo García]”. El conductor es el único ocupante del vehículo.
Durante la identificación, Joseba García menciona espontáneamente que viene de su casa de Benidorm y se dirige a tomar un café con quien fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos “en un bar que no recuerda, pero lo tiene apuntado en el teléfono”.
Joseba declara que trabaja como perito judicial de comercio para la empresa Efesa, teniendo número de colegiado para ello. Dice que también es empresario, principalmente en el sector inmobiliario desde hace unos cuantos años, “aunque cada vez menos”. Principalmente lo que hace es pasar su agenda inmobiliaria a su empresa similar a Engel&Vólkers, pero únicamente en la localidad de Benidorm. A todo ello le suma que está pensionado por un accidente. “Al proceder al registro del vehículo, se observa encima del asiento del copiloto un sobre abierto de color blanco tamaño folio, en cuyo interior se hallan tres documentos”, asegura el atestado policial. En primer lugar, la resolución administrativa firmada por la directora general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, firmado el 1 de agosto de 2023; la resolución de la reclamación de un particular por los contratos de las mascarillas; y la resolución de aprobación del Tribunal de Cuentas, en su sesión de 27 de octubre de 2022, del informe de fiscalización de los contratos de emergencia celebrado en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid.
El operativo policial disparó todas las alarmas en casa del ministro en Valencia, adonde se dirigía urgentemente Joseba García para entregar la valiosa documentación. Todo estalló cuando, el día 2 de diciembre de 2022, Ramiro Grau, un abogado harto de los chanchullos con las mascarillas, interpuso reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que propició una reclamación ante el Ministerio de Transporte contestada por ADIF, el gestor ferroviario. El 20 de enero de 2023, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes a esa contestación elaborada por ADIF. El reclamante (Grau), presentó alegaciones que fueron admitidas por el CTBG y que motivaron la resolución de reclamación con referencia 2-2022 dimanante del CTBC y dirigida al organismo ADIF/MITMA (documento contenido en el sobre blanco tamaño A4 que fue entregado a Ábalos). Curiosamente, esa entrega no la hizo Koldo García, sino su hermano Joseba, que en principio ni era asesor ni tenía función alguna en el ministerio. Cabe recordar que los integrantes de la trama corrupta ya sabía que los estaban investigando, ya que un topo les dio el chivatazo. Quizá por eso Koldo decidió no asumir riesgos y enviar a su pariente.
El Ministerio de Transportes debía facilitar la información solicitada por Grau por los famosos contratos de las mascarillas, pero eso no ocurría. “A tenor de lo anterior, el CTBG concluía en el apartado ‘Resolución’ que el MITMA debe facilitar la información solicitada, otorgando un plazo de diez días hábiles para que remita esa información al reclamante v copia de la misma”.
