El Consejo General de la Abogacía Española se ha visto en la necesidad de responder a una recomendación emitida por el Defensor del Pueblo, que apuntaba a la existencia de prácticas dilatorias de mala fe por parte de algunos letrados en el proceso judicial. Esta recomendación sugería al Consejo General del Poder Judicial tomar medidas para asegurar el principio de buena fe procesal y evitar dichas actuaciones que podrían perjudicar el derecho a una justicia sin dilaciones indebidas.
El Consejo ha rechazado de manera firme estas acusaciones, calificándolas de inapropiadas y enfatizando que no reflejan una conducta generalizada dentro de la abogacía española. Este rechazo se basa en la ausencia de datos concretos que sustenten la afirmación de que las prácticas dilatorias son habituales entre los letrados, argumentando que tal acusación daña gravemente la imagen de estos profesionales.
La misión del Consejo General de la Abogacía Española, según su comunicado, es doble: exigir a los letrados el cumplimiento de sus deberes profesionales y deontológicos y, simultáneamente, velar por el prestigio de la profesión. Argumentan que las acusaciones del Defensor del Pueblo debilitan este prestigio injustamente.
La abogacía española se define a sí misma como defensora del principio de buena fe procesal y del derecho a acceder a una justicia sin demoras. Según el Consejo, son los propios abogados quienes más sufren los retrasos en los juzgados y tribunales, a menudo causados por la falta de recursos, y rechazan la idea de que participen en actuaciones dilatorias, sea por buena fe o mala fe.
El Consejo también ha querido destacar que estas lentitudes judiciales constituyen la principal vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y reafirma el compromiso de la abogacía en buscar soluciones reales y prácticas a estos problemas, en lugar de las propuestas por el Defensor del Pueblo.
En respuesta a estas acusaciones, el Consejo General de la Abogacía Española ha instado al Defensor del Pueblo a reconsiderar los términos de su recomendación. Además, ha decidido comunicar su posición al Consejo General del Poder Judicial, destinatario final de la recomendación del Defensor. La abogacía española, lejos de ser parte del problema, se reivindica como un actor clave en la solución a los retos que enfrenta la justicia en España.
la abogacía necesita mejorar…ser menos hipócritas,…ser más honestos y más críticos con él que no cumple con el código deontológico en su actividad profesional…Las malas actuaciones no se protegen…