La ampliación de 2012 del Popular se hizo con la autorización preceptiva del Banco de España

El contraataque de las facciones que defienden la operación que arruinó a más de 305.000 familias no se ha hecho esperar. Los hechos publicados en estas páginas y las evidencias de que dicha operación es nula ha provocado que se intente volver a poner en duda las cuentas del Banco Popular para, de este modo, retomar una vía que, después del informe pericial del Banco de España, quedó muerta puesto que en dicho documento se reconocía claramente que la sexta entidad financiera fue resuelta por la Junta Única de Resolución (JUR) por una crisis de liquidez iniciada en el segundo trimestre de 2017, no por una quiebra o un problema de solvencia. El Popular estaba dando beneficios en su negocio principal en el primer trimestre y sólo se tomó la vía de la resolución cuando la crisis de liquidez provocada por Saracho ponía en riesgo la continuidad de la entidad, sobre todo después de que no se aportaran la totalidad de garantías con las que contaba el banco para obtener una ELA de 9.300 millones de euros.

En la semana en que Emilio Saracho debe testificar ante la Audiencia Nacional ante un juez que, hasta que se demuestre lo contrario, no se encuentra en la lista de los controlados por los lobbies de la Justicia, vuelve a aparecer informaciones que no tienen otro fin que el de generar dudas sobre las cuentas del Banco Popular. Aquellos que están alineados con la teoría de que las cuentas estaban manipuladas no pudieron continuar con la ampliación de 2016 y ahora se van cuatro años atrás, a la de 2012 para intentar que el foco se vaya hacia el pasado y no a lo que pasó desde febrero a junio de 2017. La estrategia es clara: «salvar al soldado Saracho para justificar el rescate al Santander».

En un momento en el que hasta el propio banco presidido por Ana Patricia Botín ha reconocido que la operación se realizó fuera de plazo, lo que la lleva a un escenario de nulidad; en un momento en el que los peritos del Banco de España determinaron en marzo de 2018 que el Popular era solvente y viable; en un momento en el que se ha demostrado que la sexta entidad de España generaba beneficios en su negocio principal; en un momento en el que los propios documentos del Santander muestran verdaderas pérdidas de 8.000 millones de euros, salen a la luz informaciones en las que se pretende llevar las responsabilidades de la operación al año 2012.

El propio Banco de España, en relación con la ampliación de capital de ese año, dejó claro lo siguiente en un documento al que ha tenido acceso Diario16 y que mostramos:

El segundo párrafo es indicativo de que la ampliación de capital se llevó a efecto con la autorización del Banco de España porque era preceptiva y se realizó para cumplir con ellos resultados del test de estrés de Oliver Wyman impuesto por el Eurogrupo. Hay que recordar la situación del sector financiero de 2012 para hacer una valoración correcta de lo indicado por el supervisor: «El Banco de España toma nota de plan de negocio aprobado por la Entidad [Popular] y valora positivamente las medidas contempladas en el mismo».

Si fuera cierto ese «agujero» de 1.000 millones en provisiones que presuntamente no se tuvo en cuenta en la ampliación de 2012, ¿cómo es que Saracho, a su llegada al banco, no aplicó las medidas adecuadas para solventarlo? ¿Por qué Saracho no continuó con el plan de negocio de 2016 que, precisamente, incluía normas para evitar que las provisiones de los activos improductivos siguieran lastrando las cuentas del Popular? Hay que recordar que, en primer lugar, esta decisión de Saracho de no continuar con el plan de negocio fue calificada por los peritos de Banco de España como de incomprensible y, en segundo término, los resultados del primer trimestre de 2017 mostraban beneficios netos en el negocio principal sin contar las provisiones. Entonces, si Saracho tenía estos datos, ¿por qué no hizo nada? La respuesta es sencilla: su única intención, como banquero de inversión que es, era la venta especulativa de la sexta entidad financiera. Bajar el valor para que el comprador tuviera más beneficios…, como pasó.

Si hablamos de agujeros ocultos o no comunicados al mercado, ¿qué decir de los 8.000 millones del Santander en los tipos de cambio de divisas, cifras negativas que no se computaron en la cuenta de resultados sino en el patrimonio neto? ¿Qué habría que decir de la CNMV respecto al uso que hizo el Santander de la ampliación de capital de 7.072 millones? Como hemos publicado en Diario16 en base a un informe pericial que está en manos de la Justicia, el banco presidido por Ana Patricia Botín utilizó esa operación para cubrir esas pérdidas y no para lo que fue comunicado al mercado. ¿Qué hizo la CNMV o el Banco de España? De momento, nada.

Respecto al Banco de España y al ex gobernador Luis María Linde, hay que reconocer que las cosas vistas con perspectiva permiten la rectificación de los errores que se pudieran cometer porque el pasado es susceptible de ser interpretado, aunque no se puedan cambiar las decisiones adoptadas. Linde afirmó que el hecho de que el Popular no entrara en el rescate bancario de 2012 fue un error, visto en perspectiva. Sin embargo, ¿también fue un error que el Banco de España no actuara cuando hubo sospechas de que Saracho no había presentado todas las garantías de las que disponía para acceder a una ELA casi tres veces superior a lo que se le concedió? ¿También fue un error la aceptación del cambio de parecer del BCE respecto a la fecha de madurez de la ELA? ¿También fue un error no poner ninguna objeción al FROB para la venta del Popular por un euro al Santander —venta que fue realizada fuera de plazo— en un documento registrado un día antes de que se produjera la resolución y la subasta?

Visto en perspectiva, evidentemente, todo suena extraño y connivente, pero, en realidad fue así.