La negativa sistemática de las organizaciones patronales presentes en la Mesa Negociadora a cumplir con lo dispuesto en el artículo 32.1 del convenio colectivo sobre la revisión salarial que se acordó en su momento para 2022, obligó a la Federación de Enseñanza de CCOO a interponer conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional y a convocar movilizaciones en el sector durante los últimos meses, coincidiendo con las negociaciones del XVI Convenio Colectivo.
La sentencia supone un varapalo a la actitud inmovilista de las entidades y empresas del sector y a su apuesta por pasar por los tribunales, y obliga a la realización de las actuaciones precisas para la actualización de las tablas salariales que constan en el Anexo III del convenio, de forma que se incremente, desde el 1 de enero de 2022, el salario base en el 3,75%, y se establezca el importe del primer nivel (N1) del complemento de desarrollo y capacitación profesional en un 9,20% del salario base incrementado, y el importe del segundo nivel (N2) del mismo complemento en un 7,20% del salario base incrementado.
En definitiva, una victoria sin paliativos que fuerza a las empresas a aplicar y pagar en los términos indicados y que supondrá que más de 150.000 trabajadores y trabajadoras del sector vean actualizadas sus retribuciones de manera significativa, en un momento especialmente complicado, con una inflación disparada que venía disminuyendo su poder adquisitivo, especialmente de quienes perciben las retribuciones más bajas. Con la aplicación de lo dispuesto en el artículo 32, los incrementos salariales para este 2022 pueden llegar hasta un 13%, en función de la antigüedad de la persona trabajadora.
Tras el fallo del tribunal, CCOO ha solicitado la convocatoria de la Mesa Negociadora, con carácter de urgencia, para poner fin al conflicto, adecuar las tablas salariales tal y como recoge la sentencia y continuar negociando el XVI Convenio Colectivo. Entendemos que en estos momentos el sector necesita de certidumbre y sosiego, y no contemplamos otro escenario que no sea el del diálogo y el de la búsqueda de acuerdos, en beneficio de las personas trabajadoras y de las entidades que las emplean.
