La crisis generada por el vertido de pellets, que ya afecta a las costas de Galicia, Asturias, Portugal y Francia, aumenta por momentos la tensión entre la Xunta de Galicia y el Gobierno. Esto no es el desastre del Prestige, pero las palabras y decisiones de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, han traído al imaginario colectivo esa sensación de desasosiego que el PP infunde cada vez que no es capaz de gestionar un desastre. Es como un «déjà vu» decía ayer una voluntaria mientras limpiaba una playa.
Si en los días del Prestige se llegó a escuchar las versiones más disparatadas sobre lo sucedido, limitando el vertido a simples «hilillos de plastilina», esta vez, y tirando de un informe de un laboratorio gallego definido como «referente internacional», el Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial (CETIM), con sede en Culleredo, la conselleira, asegura que las bolitas plásticas que alcanzan al menos a treinta playas gallegas «no son tóxicas, ni peligrosas», puesto que están compuestas de tereftalato de polietileno, conocido como PET, un tipo de plástico de la familia de los poliésteres que se emplea, por ejemplo, para la fabricación de envases.
La Xunta contradice a la Fiscalía de Medio Ambiente
Si la argumentación de la conselleira para dar respuesta al problema es simplemente esta o que se trata de microplásticos «que ahora hay que limpiar», sin más, entonces el laboratorio de referencia de Ángeles Vázquez, quizás sea otro: el laboratorio de la Señorita Pepis. Más, teniendo en cuenta que el Fiscal de Sala de Medio Ambiente, Antonio Vercher, ha decidido la apertura de diligencias preprocesales para investigar el macro vertido de pellets plásticos en la costa gallega, y en su decreto -publicado por la SER- confirma que estos materiales «presentan indicios de toxicidad», que «no son biodegradables», que «no pueden eliminarse» y «contribuyen a la contaminación por microplásticos», constituyendo por ello su eliminación un «objetivo de la Unión Europea». Asevera el fiscal de Medio Ambiente que el vertido, inicialmente detectado desde Espiñeirido hasta el faro de Corrubedo en Ribeira, se ha extendido ya, además de a la costa gallega, a las de Portugal y Francia.
Vercher manifiesta en su decreto que se trata de un caso de «especial trascendencia» que de acuerdo con el artículo 325 del código penal, que regula el delito ecológico, puede acarrear condenas de entre 6 meses y dos años de cárcel, así como cuantiosas multas por el daño medioambiental ocasionado.
El fiscal de Sala de Medio Ambiente abrió inicialmente el pasado 4 de enero un expediente de seguimiento del caso y a la vista de su magnitud, ha solicitado permiso al Fiscal General del Estado para la apertura de diligencias preprocesales de investigación. A partir de ahora, según fuentes del Ministerio Público, se espera que ordene diligencias de investigación, como el envío de requerimientos a la empresa responsable o a la Xunta de Galicia.
Por su parte, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, tras ofrecer a las autoridades regionales su «disponibilidad para ayudar» y contactar el domingo con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ofreciendo «la colaboración y ayuda que considere necesaria», ha tenido que salir al paso de las declaraciones del presidente de la Xunta..
Rueda ha criticado la falta de información por parte del Gobierno central a la Xunta sobre la contaminación de las playas por millones de pellets de plástico y ha lamentado el uso electoral que asegura que está haciendo la izquierda de esta situación. «Lo que me llama más la atención», ha respondido Ribera en la SER, «es ese mensaje de falta de lealtad cuando ponerse a disposición de otras instituciones se considera ponerse en campaña. Lo importante es que trabajemos juntos».
Asturias «está elevando el nivel de alerta»
Sobre Asturias, la vicepresidenta tercera ha asegurado que el Principado «considera que es mejor una reacción rápida» y «está elevando el nivel de alerta» para contar con la colaboración de las administraciones ante la posible afectación del material plástico. Asturias ha activado el Plan de Contingencias por Contaminación Marina Accidental en nivel 0 (de 4 niveles) y las brigadas hoy empezarán a retirar los plásticos llegados a las playas del occidente asturiano, a las de Peñarronda (Castropol), Xilo y Aguilar (Muros de Nalón).
Acusaciones de deslealtad
Ribera no ha querido pasar por alto que llamó «personalmente al presidente de la Xunta para ofrecerle toda nuestra colaboración para activar el protocolo, que requiere su petición. Él me pidió que mantuviéramos los canales de comunicación abiertos. Por ahora consideran que pueden hacerlo solos. Pero nos acusan de deslealtad cuando hemos querido subrayar que en caso de alerta pueden contar con nuestro apoyo».
La ministra ha criticado también que las autoridades gallegas digan «que pueden hacerlo ellos, pero por ahora lo dejan en manos de los ayuntamientos y de la gente de a pie». «Es un poco contradictorio», ha añadido. «Si yo estuviera al frente de la Xunta, ante un episodio de incertidumbre, buscaría el máximo apoyo. Estamos abiertos a recibir esa información y hacer una valoración conjunta».
Asimismo, Teresa Ribera, en sintonía con el decreto de la Fiscalía de Medio Ambiente ha afirmado que «es importante distinguir diferentes planos. La Xunta está haciendo sus análisis. La contaminación por plásticos en el mar es uno de los grandes problemas en este momento. Hay distintos niveles de toxicidad».
Finalmente, ha dicho tener la impresión de que la gestión de la Xunta hubiera sido diferente «si no estuviéramos en precampaña» y se ha preguntado «si le preocupa que haya representantes del Estado trabajando con autoridades locales sea un acto de campaña». También ha cargado contra las «presidentas autonómicas a las que les gusta la fruta», en alusión a la madrileña Isabel Díaz Ayuso. «La reacción de la Xunta tiene que ver con el hecho de que se hayan convocado elecciones», ha sentenciado Ribera.
