Las sospechas de corrupción no dejan de manar de las paradisíacas tierras de Lanzarote. En las últimas semanas se ha sabido que la empresa Urbaser ha despedido a los dos directivos que han admitido ante la Audiencia de Las Palmas que pagaron sobornos a cargos públicos del Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote) entre los años 2001 y 2004 para conseguir la concesión del servicio de recogida de residuos de esa ciudad, según informó el pasado mes de mayo la agencia Efe.
Fuentes de la compañía informaron que pusieron el caso en manos de sus departamentos jurídico y de “compliance” (cumplimiento normativo) en cuanto tuvieron conocimiento de que M.A.M. y S.A.H. habían comunicado por escrito a la Audiencia de Las Palmas que se reconocen responsables de un delito de cohecho, días antes de que comenzara el juicio de la llamada “Operación Jable” (el 17 de abril).
El expresidente del Cabildo condenado
Los dos dieron ese paso en el contexto de una negociación de sus defensas con la Fiscalía Anticorrupción, que hasta su confesión, pedía para ambos condenas de 10 años y dos meses de cárcel por delitos cohecho, falsedad documental, fraude y aprovechamiento de secretos.
M.A.M. era director de Servicios Urbanos de Urbaser y S.A.H. desempeñaba un cargo intermedio, a las órdenes del anterior. En este procedimiento penal, cuya instrucción se ha demorado 15 años, la Fiscalía sostiene, entre otras cosas, que directivos de la empresa Tecmed (más adelante convertida en Urbaser) compraron al expresidente del Cabildo de Lanzarote, Dimas Martín, y a la exalcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, así como a otros políticos locales y funcionarios municipales.
El pasado mes de septiembre, el Tribunal Supremo confirmaba la condena de siete años y cinco meses de prisión impuesta el 16 de septiembre de 2019 por la Audiencia de Las Palmas al fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, por delitos de cohecho continuado, asociación ilícita, malversación continuada de caudales públicos de especial gravedad en concurso real con fraude, y ambos en concurso medial con prevaricación.
Por su parte, el pasado mes de abril, la Sección Segunda de la Audiencia de Las Palmas suspendía hasta el próximo mes de septiembre el juicio de la “Operación Jable” debido a los problemas de salud de María Isabel Déniz. El próximo mes de junio se llevará a cabo una nueva revisión médico forense para asegurar que la imputada esté en condiciones de asistir al juicio, programado ahora entre los días 11 y 22 de septiembre, según ha indicado el TSJC.
Concurso amañado
Déniz, junto al fundador de su partido, Dimas Martín, son los principales acusados de esta supuesta trama de corrupción que actuó en el Ayuntamiento de Arrecife hace dos décadas y en la que figuran otros nueve imputados, aunque inicialmente eran 17. Uno de ellos ha fallecido y a otros cinco la Fiscalía Anticorrupción les ha retirado los cargos que les atribuía.
Déniz y Dimas se enfrentaban inicialmente a 13 años de cárcel como principales inculpados en este proceso, que forma parte del conocido “Caso Unión”, en el que figuran funcionarios, políticos y empresarios, si bien estas penas quedarán reducidas al haber reconocido la Fiscalía retrasos indebidos, circunstancia que favorecerá también al resto de imputados.
Esos sobornos, según el fiscal, sirvieron para que Tecmed (luego conocida como Urbaser) consiguiera en 2002 la gestión de los residuos urbanos del Ayuntamiento de Arrecife en un concurso amañado, lo que iba a permitir a la firma ingresar 32,88 millones de euros.
La Fiscalía asegura que los directivos en aquellas fechas de Urbaser que están procesados en esta causa se gastaron en comprar voluntades en Lanzarote un mínimo de 300.000 euros, más gastos en hoteles, aviones, regalos de lujo y un viaje a Kenia.
Los hechos que M.A.M. y S.A.H. han reconocido ahora haber cometido (pago de sobornos para conseguir adjudicaciones) son completamente contrarios al código de conducta de Urbaser y a su política corporativa frente a la corrupción, lo que ha determinado su salida de la empresa.
