En septiembre de 2018, la Justicia española archivaba el caso de los famosos audios del comisario José Manuel Villarejo en los que Corinna Larsen, la examante de Juan Carlos I, destapaba un escabroso asunto sobre presuntos testaferros y cuentas opacas en Suiza. Aquella pieza separada del ‘caso Tándem’ (que indaga en las cloacas policiales del Estado) había sido bautizada como ‘Carol’, y se cerró en apenas un mes y medio, un tiempo récord si se compara con los largos años que la Justicia española suele dedicar a la instrucción de cualquier caso de corrupción de provincias.
Para justificar aquel carpetazo, el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea argumentó que los “actos” atribuidos por Corinna Larsen a Juan Carlos I tuvieron lugar entre 2009 y 2012, cuando el rey emérito estaba blindado por la “inviolabilidad” constitucional. Además, el magistrado concluyó que tomaba la decisión a la vista de que la prueba provenía de un testimonio de parte insuficiente para abrir una investigación y atendiendo a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que también solicitó el archivo. Es decir, el juez no vio “indicios racionales de delito” pese a que en Suiza ese mismo expediente alcanza hoy varios miles de folios. El auto de archivo del juez De Egea ni siquiera entró a interpretar el contenido material del derecho a la inviolabilidad, una condición que Don Juan Carlos había perdido al abdicar en junio de 2014. Una vez más, el manto de silencio alrededor de la monarquía española había funcionado a la perfección y esta vez no había un valiente juez José Castro −conocido por la instrucción del caso Nóos, que terminó con la condena e ingreso en prisión del duque de Palma y yerno del rey emérito, Iñaki Urdangarin− para seguir tirando del hilo.
Sin embargo, el asunto era tan inmensamente grave y complejo que no pasó desapercibido para la Fiscalía suiza, un organismo realmente independiente para el que la inviolabilidad de Juan Carlos I importa lo mismo que una mosca de la fruta. Si los audios de Villarejo apuntaban a comisiones millonarias, a una cuenta conocida como “Soleado” −abierta en el banco helvético Credit Suisse−, a un conocido despacho de intermediarios financieros (Arturo Fasana y Dante Canonica) y a supuestas relaciones con la mayor trama de corrupción conocida en la historia de España (el caso Gürtel) había material más que suficiente y justificado para ver qué demonios estaba sucediendo ahí. El fiscal de Ginebra Yves Bertossa acumuló datos sobre esa cuenta y sus movimientos financieros y decidió enviar una comisión rogatoria al juez de la Audiencia Nacional española, en este caso Manuel García Castellón, para ampliar las pesquisas, según señalan fuentes judiciales. Bertossa quería saber si el dinero recibido en la cuenta de Corinna Larsen –al menos una supuesta donación de 65 millones de euros hecha por el rey emérito a su “amiga entrañable” a través de la fundación Lucum en Panamá− guardaba alguna relación con la adjudicación de las obras del AVE a la Meca, en cuya construcción participó un consorcio nacional de empresas españolas. Los abogados de Larsen niegan que el cobro de esa comisión tenga nada que ver con la obra en el desierto árabe y aseguran que se trata de una simple donación justificada por el hecho de que el monarca se había “encariñado” con la empresaria comisionista alemana y con su hijo. El asunto adquiría tintes aún más feos cuando Bertossa acumuló indicios de que Lucum podría haber sido gestionada por el propio Fasana, tal como cuentan hoy varios medios de comunicación. Según el periodista Manuel Cerdán, de OK Diario, en el verano de 2018 la Fiscalía de Ginebra ordenó la entrada y registro en el bufete del intermediario suizo en Ginebra, de donde los agentes fiscales sacaron abundante información (varias cajas y numerosos pen drives) que según Cerdán está siendo minuciosamente analizada.
En su comisión rogatoria, Bertossa remitía toda la documentación a García Castellón para solicitarle un intercambio de datos sobre el enrevesado entramado financiero que rodea a este caso. Bertossa incluso ha llegado a viajar a Madrid para entrevistarse con el magistrado de la Audiencia Nacional, con el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y con los fiscales de la pieza ‘Carol’ (en ese momento ya archivada) Ignacio Stampa y Miguel Serrano, según ha podido saber Diario16 por fuentes judiciales. A la reunión asistió también el fiscal Luis Pastor, que en la actualidad investiga el presunto pago de comisiones en la obra del AVE a la Meca, el único fleco abierto a fecha de hoy –como otra pieza separada del caso Villarejo− que puede comprometer a Don Juan Carlos. Lógicamente no ha trascendido el contenido de esa crucial entrevista que afecta a la seguridad del Estado, pero cabe sospechar que Bertossa se llevaría las manos a la cabeza cuando se enteró por boca de sus colegas españoles de que la pieza Carol había sido cerrada en atención a la “inviolabilidad” del emérito.
Con todo, Pastor tomó declaración a Corinna Larsen, reactivándose el asunto de las supuestas mordidas cobradas por la construcción del ferrocarril de alta velocidad en suelo saudí, y desde entonces se ha establecido un canal permanente de comunicación, un mecanismo de cooperación “fluido” entre las fiscalías española y suiza. Ahora el “teléfono rojo” siempre está abierto entre los funcionarios de ambos países, pero para ello fue preciso que interviniera un tal Bertossa, que fue quien finalmente “puso las pilas” a los juristas españoles. Y es que la intención de la Audiencia Nacional estaba clara desde el principio: cerrarlo todo cuanto antes en aplicación de la sacrosanta inviolabilidad del monarca. La cuestión era quitarse de encima una patata caliente que, pese al ejemplo del bravo José Castro, ningún magistrado tuvo el valor de asumir cuando había que hacerlo.
