La investigación apunta a miembros de Vox como instigadores del aquelarre ultra de Nochevieja

El viernes, el PSOE presentó ante la Fiscalía los documentos y hechos que probarían lo ocurrido el pasado 31 de diciembre durante la Nochevieja en Ferraz, cuando un grupo de manifestantes apaleó un muñeco simulando que se trataba del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los servicios jurídicos del partido tienen el objetivo de lograr que se analice si esa violenta manifestación de protesta tuvo una naturaleza delictiva.

En un escrito al que ha tenido acceso La Sexta, el PSOE ha expuesto qué pasó el pasado 31 de diciembre durante la concentración que tenía por objeto “protestar por los pactos del Partido Socialista durante este año” y en la que llamaban a comerse en Ferraz las uvas de Nochevieja, señalando a algunos miembros de Vox como sus instigadores y deslizando la responsabilidad del líder de la formación ultraderechista, Santiago Abascal, como uno de los últimos responsables por sus polémicas palabras en el diario Clarín, donde aseguró que el pueblo querría “colgar a Sánchez por los pies”.

Además, el PSOE expone las pruebas que señalan a Revuelta y Noviembre Nacional como organizadores tras recabar más de 20.000 euros a través de donaciones en GoFundMe. Así, destaca que “no son asociaciones ni fundaciones legalmente constituidas, por lo que aparentemente no se encuentran amparados por fórmulas jurídicas que les permitan contratar, ni solicitar autorizaciones administrativas, ni recabar datos personales o donaciones o recursos que financien sus actividades u organizar sus acciones, por lo que se habrían utilizado otras entidades que sí gozan de fórmulas jurídicas que lo permiten, como es caso de las asociaciones Plataforma 711 o Asoma, que serían los auténticos organizadores oficiales”.

Precisamente, la denominada Plataforma 711, en referencia al inicio de la conquista de la Península Ibérica por los musulmanes, fue inscrita por Santiago Aneiros y Javier Majadas, que “fueron candidatos de Vox a las municipales de mayo de este año en la localidad madrileña de Algete”. Otro de los impulsores fue Sergio Garrudo, hijo de Ricardo Garrudo, fundador junto con Santiago Abascal de la Fundación Denaes, luego presidente del partido en Cantabria hasta octubre de 2022, tal como expone el PSOE en el escrito presentado a la Fiscalía.

“Por tanto, como han señalado distintas informaciones periodísticas, parece existir una relación entre estas organizaciones y el partido político Vox, hasta el punto de que varios medios señalan a Revuelta como su organización juvenil, ya antes de los hechos del 31 de diciembre”, añade el texto.

Insiste el PSOE en que la conexión de Vox con estas organizaciones va aún más allá, ya que la formación política señalaba en un evento en 2022 a Plataforma 711 y Asoma como colaboradoras del partido político. Una lista en la que también incluía a la Fundación Denaes, señalando de nuevo la relación entre esta fundación y Revuelta, ya que el fundador de la primera es el padre del fundador de la segunda.

El PSOE también señala en el escrito a Hazte Oír por simular su imagen con la de Adolf Hitler y denuncia que todas las expresiones utilizadas y las acciones realizadas suponen “una agresión ilegítima al honor del PSOE y Pedro Sánchez”. También piden a la Fiscalía valorar si existe un atentado al honor del PSOE “con un carácter de delitos de odio” conforme al artículo 510 del Código Penal.

Así, zanja afirmando que “estos hechos es obvio que exceden de la crítica política para dar lugar a colocar al PSOE, y particular, a Pedro Sánchez Castejón en el objeto de la diana de una exaltación de conductas con tintes violentos, de odio, de hostilidad y discriminación que estamos viviendo en estos momentos, que incitan a actitudes no legítimas, como es un magnicidio o un linchamiento, y con ello, poner en riesgo, aún abstracto, su propia seguridad e integridad personal y la de los que representan al PSOE o se identifican con la ideología socialista, con una clara actitud amenazante a todos ellos; una conducta que no puede ser amparada por la libertad de expresión, y debiera ser objeto de reproche penal”. Los servicios jurídicos del PSOE saben que la denuncia puede tener escaso recorrido, ya que la jurisprudencia constitucional considera que todas estas expresiones populares en la calle entran dentro de lo que es la libertad de expresión. Sin embargo, han decidido probar suerte. Habrá que esperar a lo que dictaminen los tribunales.