Ningún país se libra. El tercer poder en democracia se ha convertido en el principal objetivo de los políticos, sobre todo los de ideología conservadora o próxima a la extrema derecha. Se pretende controlarlo porque es el aparato del estado mas determinante. Ahora, para tener poder, o para traspasar las líneas rojas de la convivencia social, ya no son necesarios los grupos armados. Policía y ejercito han pasado a un segundo plano frente a los jueces que tienen suficiente poder como para convertir una democracia en una dictadura o autocracia como se quiera llamar. Y de eso se han dado cuenta los poderes económicos, banca oligarquías y multinacionales que se han sumado a esta operación de control.
En las últimas semanas el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu ha estado a punto de caer por las fuertes protestas ciudadanas llevadas a cabo en contra de la reforma judicial pretendida por el líder conservador. Si se analiza con cierto rigor la propuesta de Netanyahu se comprueba que lo que pretendía era restar competencias a un tribunal supremo que tiene mucho poder en el país. Mucho más del que tienen en otros lugares como puede ser la Unión Europea. Aparentemente, el objetivo es la supremacía del poder legislativo, el parlamento Knéset, frente al poder judicial que representa el supremo. Pero existe un detalle que se ha callado en la prensa internacional. El primer ministro Netanyahu está acusado de corrupción. El caso 1000 destapó numerosos regalos que había recibido el primer ministro y su mujer, Sara Netanyahu. El caso 2000 de unas conversaciones con directivos de un periódico a los cuales les ofreció neutralizar a sus rivales a cambio de una mejora de su imagen. El Caso 3000 sobre la compra de unos submarinos alemanes. Y, por último, el caso 4000 en el cual se acusa a Netanyahu de un trato favorable a la empresa de telecomunicaciones Bezeq a cambio de una cobertura editorial favorable en los medios de su propiedad.
Y hay quien sospecha que el origen de querer controlar el aparato judicial de Israel está en estos casos de corrupción. Benjamín Netanyahu está acusado de soborno, fraude y abuso de poder y nadie duda en Israel que acabará sentándose en el banquillo de los acusados salvo que consiga sacar adelante su controvertida reforma judicial y logre controlar unos tribunales que, según dicen sus propios, son “territorios hostiles”
Ocurrió algo parecido con Donald Trump en Estados Unidos. El presidente saliente logró colocar a jueces de ideología cercana en el Tribunal Supremo estadounidense. En Brasil, la judicatura, controlada por la extrema derecha del expresidente Jair Bolsonaro, logró imputar al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva de delitos de corrupción. Lula da Silva acabó en la cárcel. Ahora intenta purgar a todos esos jueces facinerosos que acabaron con la política de izquierdas que se estaba llevando a cabo en el país. Algo parecido ocurre en Perú donde un presidente continúa en la cárcel sin juicio. En Bolivia, el expresidente Evo Morales también sufrió persecución judicial acusado de “abuso de poder”. Gracias a las elecciones, Morales logró recuperar sus derechos ciudadanos. En Ecuador, el expresidente, Rafael Correa Delgado se encuentra exiliado en Europa y si vuelve al país corre el riesgo de ser detenido y juzgado. En Argentina, la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, esta condenada por malversación de caudales públicos, pendiente de fallo del recurso presentado ante el Tribunal Supremo del país. Todos los mandatarios mencionados pertenecen o han pertenecido a la izquierda latinoamericana.
En Europa la extrema derecha ha logrado reformar la justicia en Hungría y Polonia y, por tal motivo, sufren fuertes sanciones por parte de la Unión Europea. La Comisión Europea ha expresado públicamente sus dudas sobre el estado de derecho en Hungría. Considera que su sistema judicial no es independiente y está muy vinculado al gobierno del ultraderechista Viktor Orbán. El país ha sufrido varios reveses judiciales por parte del TJUE por las restricciones de derechos a colectivos como LGTBI y organizaciones no gubernamentales, sobre todo las que se encargan de la inmigración y la ayuda a refugiados.
El caso de Polonia viene de lejos. La principal diferencia procede de una sentencia del Tribunal Constitucional en la que declara que algunas directivas de la UE son incompatibles con la ley fundamental del país. La guerra judicial de Polonia con la UE ha llegado hasta sus últimas consecuencias: sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, multas y, sobre todo, la pérdida de los fondos que Europa destina a los países de reciente incorporación, sobre todo el FSE, el Fondo Social Europeo cuyo objetivo es cohesionar la economía del país con las de las potencias del viejo continente.
Pero no sólo Hungría y Polonia se han salido de las normas impuestas por Bruselas para garantizar la independencia judicial. Ahora mismo Italia está en el punto de mira por los anuncios de reformas legislativas que, de prosperar, acabarían por generar una administración judicial dependiente del poder ejecutivo. Como se puede comprobar todos los gobiernos mencionados son ultraconservadores o de extrema derecha.
Y luego está el caso español. El PP, saltándose la Constitución, controla el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial que lleva cuatro años en funciones. Para justificar su falta de obediencia constitucional, los populares contraatacan cuestionando el estado de derecho en este país. El último ejemplo es la designación directa por parte del ejecutivo del fiscal general del Estado. Lo que no dicen los populares es que este sistema de designación también lo utilizan ellos cuando están en el gobierno y que nunca han abordado su modificación durante sus mandatos.
Como se puede comprobar existe un fuerte movimiento tendente a hacerse con los resortes judiciales en el mundo. Y Europa, donde se presume de democracia, no es ninguna excepción.
