El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido una sentencia que establece los requisitos para la revocación y denegación del estatuto de refugiado a un nacional de un país tercero condenado por un delito considerado de especial gravedad. Esta sentencia surge en respuesta a tres peticiones de decisión prejudicial presentadas por Bélgica, Austria y los Países Bajos, en relación con decisiones de retirada o denegación del estatuto de refugiado.
La revocación o denegación del estatuto de refugiado está contemplada en el Derecho de la Unión Europea cuando un individuo ha sido condenado por sentencia firme por un delito de especial gravedad y representa un peligro para la comunidad del Estado miembro en el que se encuentra. Sin embargo, el Tribunal de Justicia enfatiza que la existencia de un peligro para la comunidad no puede considerarse probada únicamente por la condena por un delito de especial gravedad.
El Tribunal de Justicia establece que la revocación o denegación del estatuto de refugiado solo puede llevarse a cabo si el nacional de un país tercero constituye un peligro real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la comunidad del Estado miembro en el que se encuentra. Además, señala que la evaluación de este peligro debe realizarse teniendo en cuenta todas las circunstancias específicas de cada caso.
Principio de proporcionalidad
Cuando se cumplen los dos requisitos establecidos por el Derecho de la Unión, un Estado miembro tiene la facultad de revocar el estatuto de refugiado. No obstante, el ejercicio de esta facultad debe respetar el principio de proporcionalidad, lo que implica que la revocación debe ser proporcionada al peligro que representa el individuo para un interés fundamental de la comunidad. En este sentido, la autoridad competente no está obligada a tener en cuenta las medidas a las que el individuo se enfrentaría en caso de retorno a su país de origen.
En cuanto al concepto de «condena por sentencia firme por un delito de especial gravedad», el Tribunal de Justicia establece que esta medida solo puede aplicarse cuando el delito cometido posee características que lo hacen excepcionalmente grave y atenta de manera significativa contra el ordenamiento jurídico de la comunidad en cuestión.
Además, esta gravedad excepcional no puede lograrse mediante la acumulación de diferentes infracciones, ninguna de las cuales constituya, por sí misma, un delito de especial gravedad. La apreciación de esta gravedad excepcional requiere una evaluación de todas las circunstancias específicas del caso, como la naturaleza y la gravedad de la pena prevista e impuesta, el tipo de delito cometido, las circunstancias agravantes o atenuantes, la intencionalidad del delito y el alcance de los daños causados.
