La muerte de una mujer de 75 años por COVID-19, adquirido durante su estancia en el Hospital Rio Carrión en Palencia, ha llevado a la condena de la Consejería de Sanidad de Castilla y León. Este caso marca un momento importante en la historia legal del país en relación con la pandemia y la responsabilidad de las instituciones sanitarias.
La difunta, que había ingresado al hospital por razones no relacionadas con el COVID-19, compartió habitación con otra paciente que estaba infectada. Este hecho, que los jueces han señalado como una gestión inadecuada, resultó en el contagio y la subsiguiente muerte de la mujer.
Como resultado, a la familia de la fallecida le ha sido adjudicada una compensación de 84.606 euros. El fallo judicial pone de manifiesto la necesidad de una mayor atención en la prevención dentro de los hospitales y critica la falta de esta en el caso en cuestión. Se destacó especialmente la negligencia del hospital por no verificar adecuadamente el estado de COVID-19 de la otra paciente en la habitación.
El abogado de la familia enfatizó la importancia del veredicto. Resaltó que, más allá de los protocolos establecidos, el uso del sentido común es fundamental en la medicina. Este caso es el primero en el país en el que se condena a una entidad por el fallecimiento de un paciente debido al contagio de COVID-19 en un entorno hospitalario.
El letrado también comentó sobre la condición de la víctima, que tenía varias enfermedades preexistentes, poniéndola en un alto riesgo de complicaciones graves. La familia cuestionó por qué no se aisló a la paciente hasta confirmar su estado de COVID, sobre todo cuando había habitaciones libres en el hospital.
Este caso no es único. La asociación El Defensor del Paciente y el mismo despacho que llevó este asunto están manejando casos parecidos de fallecimientos en residencias de ancianos durante el mismo periodo, estos casos también pueden llevar a decisiones judiciales que enfaticen la importancia del sentido común en la administración de la salud pública.
Este fallo representa un cambio significativo en la responsabilidad que tienen los centros de salud en la protección de sus pacientes, especialmente los más vulnerables, y sienta un precedente en el sistema legal sanitario de España.
