Según ha adelantado la Cadena Ser, la Audiencia Provincial, en un auto del pasado 25 de octubre, le dice al Juzgado de Instrucción número 50 que tiene que investigar si hay indicios de criminalidad en la gestión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso y dos de sus consejeros durante la pandemia, el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el de Justicia e Interior, y entonces su portavoz, Enrique López, tienen alguna responsabilidad penal en el fallecimiento de siete mayores que murieron en la residencia Amavir, Ciudad Lineal de la capital sin ser derivados al hospital Ramón y Cajal.
Investigan indicios de criminalidad en Ayuso
Se da la circunstancia que ese juzgado había cerrado las investigaciones, y había desestimado la querella de siete familias, el pasado mes de abril.
Estas habían recurrido entonces ante la Audiencia Provincial que ahora pide a la magistrada de ese juzgado que investigue y argumente si hay o no indicios de criminalidad en las decisiones que aplicaron estos tres políticos en aquella primera ola de la pandemia.
Esta es la segunda vez que la Audiencia Provincial se pronuncia de esta manera. Ya ordenó algo similar a otro juzgado de la localidad madrileña de Collado Villalba que, hace dos semanas, llamó a declarar como testigos a quien firmó los protocolos, Carlos Mur, al ex consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, y a la ex directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, como parte de la investigación de otra querella dirigida contra Ayuso y sus dos consejeros.
Responsabilidad de Díaz Ayuso
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Collado Villalba ha decidido reabrir la investigación por la responsabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los exconsejeros Enrique López y Enrique Ruiz Escudero en las muertes de mayores en las residencias de la región durante la primera ola de la pandemia de la Covid-19, según adelantó ayer por la tarde ‘El Salto’
En un auto fechado el 2 de octubre, al que ha tenido acceso Diario16, la jueza reabre la causa respecto a los tres aforados, por orden de la Audiencia Provincial de Madrid, y acuerda “la práctica de diligencias para determinar si concurren o no indicios de la comisión de un delito de homicidio o lesiones imprudentes u omisión del deber de socorro”.
Ayuso y el protocolo de la vergüenza
La Audiencia Provincial de Madrid estimó el recurso de apelación planteado contra el auto en el que se acordaba el sobreseimiento provisional de la causa respecto a la presidenta y los dos exconsejeros de Justicia y Sanidad, por los protocolos de la vergüenza, que provocó la muerte de decenas de miles de personas mayores en la Comunidad de Madrid.
La denuncia había sido presentada por los familiares de una persona fallecida en marzo de 2020 en el centro residencial Torrelodones-Sanitas Mayores.
Entre otras diligencias, la jueza citó a declarar en calidad de testigos al exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero, al exdirector general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y a la exdirectora de Salud Pública Yolanda Fuentes para aclarar su relación con los protocolos de no derivación de personas mayores de residencias a hospitales durante la primera ola de la pandemia.
Culpan ahora a los médicos
Carlos Mur, director general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid en 2020, afirmó en el juzgado que los protocolos de derivación no eran obligatorios, pero además afirmó que la negativa a ingresar a los mayores fue decisión de residencias y hospitales, no una imposición de la Consejería.
Este exalto cargo de Ayuso abandonó los juzgados de la capital sin hacer declaraciones y entre gritos de “¡Asesino!” de varias decenas de familiares de los fallecidos en residencias, convocados por Marea de Residencias.
Con su declaración, pone más difícil el futuro de la presidencias de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y su futuro político para sustituir a Feijóo y llegar a liderar a su partido.
Mur acudió como testigo, ante el juez que investiga estos fallecimientos en varios centros de Madrid. Pero no estar imputado, no le faculta no decir la verdad. Además, ha acusado a los médicos de urgencias de la decisión de derivar o no a ancianos a hospitales.
Ojala caiga todo el peso de la ley sobre esta enferma mental GERONTOCIDA.
Y si no cae,que sera lo mas probable dada la ideologia mayoritaria judicial,que el Karma se lo cobre.
Esta enferma mental es una indecente pero no lo son menos los ciudadanos que conociendo su actuacion la votan.
Lo terrible es constatar una realidad… miles de españoles…protestan por la amnistía y gritan: “esto es la dictadura” …No son capaces de cuestionar y exigir que se haga justicia… se condene las malas decisiones de Ayuso que desatendió a miles de ancianos…Deberían sentir vergüenza de comportarse de forma tan miserable…