Es indudable que el Partido Popular ha sido muy reaccionario y lo es más aún ahora haciendo causa común con Vox. Las políticas progresistas de más libertad y justicia social, como entre otras muchas el divorcio, interrupción voluntaria del embarazo, la eutanasia, matrimonios de parejas del mismo sexo, subida del SMI (salario mínimo interprofesional), reforma laboral y educativa, política antiterrorista contra ETA y un largo etc, siempre las ha votado en contra o las ha boicoteado recurriéndolas a los conservadores tribunales de justicia, incluyendo el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial), que incumpliendo la Constitución lleva cerca de cinco años con su mandato caducado. No han dimitido incluso e inexplicablemente los jueces progresistas, dándole carta de naturaleza a los conservadores que, recientemente por tener mayoría absoluta, adoptaron la decisión de rechazar la posible amnistía dirigida a los protagonistas y participantes en el Procés, empezando por Carles Puigdemont y eso sin conocerse el hipotético texto que contemplará la referida ley.
Llegan al extremo estos falsos patriotas de criticar y recurrir ante la Unión Europea, mejoras logradas por el Gobierno de Pedro Sánchez como haber conseguido 140.000 millones de euros, el 70% a fondo perdido y los otros. mediante créditos blandos del Banco Central Europeo, para recuperar y diversificar la economía española. Lo mismo que ocurrió con la gran ventaja que ha supuesto que junto con Portugal, hayamos constituido la llamada “isla energética” que, ha posibilitado intervenir los precios energéticos. Estos y otros factores ha supuesto que la economía española, haya crecido el doble que la media de los demás países de nuestro entorno europeo y que nuestra inflación sea la más baja. Al tiempo de que por primera vez hemos pasado de los 21 millones de puestos de trabajo y con mas del 40% de empleos indefinidos. Pues bien, tanto el PP como Vox, con un lenguaje populista y reaccionario no paran de criticar al gobierno de Pedro Sánchez, de forma destructiva y creando crispación y mucha tensión en la ciudadania.
Esto se está comprobando con las tantas manifestaciones de sus lideres que vienen haciendo en contra de la amnistía, trasladando su sentir a la sociedad y muchos de quienes se hacen eco de esas burdas y mezquinas declaraciones, están exteriorizando sus sentimientos frente a las sedes del PSOE, sobre todo de la central en la calle Ferraz de Madrid de forma en muchos casos agresiva.
Precisamente de lo mejor que se ha hecho últimamente fue la aprobación de los indultos a los dirigentes independentistas catalanes y eso propició a sus dirigentes la salida de prisión. Sin duda, esta medida ha generado una gran distensión en la ciudadania catalana, habiendo rebajado del 48% el sentimiento independentista dejado por Rajoy al 30% y los socialistas catalanes ganar las últimas elecciones generales de julio pasado, obteniendo 19 escaños, 3 más que los paridos políticos catalanes independentistas: ERC, Junts per Catalunya y la CUP, que obtuvieron: 7, 7 y 2 respectivamente.
Es evidente de que, si se sigue con esta proyección y haciendo una extrapolación con relación a la amnistía, la consecución de la misma seria muy positivo para continuar con la distensión y mayor grado de convivencia de la Sociedad Catalana y lo mismo le iría bien al PP, pero para ello debería abandonar su reaccionarismo y soltar el lastre de Vox. Esta organización política con toda probabilidad, si las condiciones le fueran propicias, alentaría un golpe de Estado. Sin embargo, con gran desfachatez vienen pregonando su constitucionalismo y reivindicando la Constitución que tanto detestan. Lo mismo que el Partido Popular que, cuando como herencia del franquista Fraga Iribarne se denominaba Alianza Popular, la mitad de sus diputados votaron en contra de la aprobación de la Constitución.
El caso es que, este grave y enquistado problema del encaje catalán en el Estado español, hubo una excelente oportunidad de solventarlo en 2006, cuando el gobierno de Jose Luís Rodriguez Zapatero en consenso y conjuntamente con el de la Generalitat presidido por Pascual Maragall, pretendieron mediante ley orgánica modificar el Estatuto Catalán de autonomía. Se pasaron todos los procesos pertinentes como la aprobación por el Parlamento Catalan y el Congreso de los Diputados y la aprobación por referéndum de los catalanes el 18 de junio con el 72,9% de los votos.
Pero una vez más y en la línea que siempre le ha caracterizado, el PP se dedicó a recoger públicamente firmas en contra y organizar manifestaciones para revertir esos acuerdos. Estuvo acompañado y apoyado por los poderes fácticos, donde no podía faltar la iglesia en su intromisión en la vida política. El 31 de julio del mencionado año 2006 el Partido Popular presentó un recurso al Tribunal Constitucional y el 28 de septiembre éste lo admitió a tramite y procedió a cambiar muchos de sus apartados, lo que produjo el rechazo de la Sociedad Catalana.
Ahora el pacto recientemente firmado por el PSOE y Junts per Catalunya, contempla el abandono por este de la unilateralidad y en caso de llevarse a efecto cualquier reivindicación de los independentistas, tendrá que ser siempre dentro de la ley y la Constitución y deberá refrendarse por la Cortes. Esta es la máxima garantía, para que el Partido Popular deje su política de confrontación y crispación, utilizando frases impactantes aunque inciertas como: «Pedro Sánchez es un traidor y va a hundir a España”, “Pretende implantar una dictadura», «vende España a los nacionalistas», etc. Esperemos que alguna vez (será muy difícil), el PP reaccione con cordura y tenga algún talante democrático.
