En su campaña para desgastar al gobierno, la derecha judicial utiliza argumentos que son mentira. Dicen que, debido a que el CGPJ no puede nombrar magistrados en las altas instancias, éstas se encuentran colapsadas por falta de medios. Y no es así.
La ley Orgánica 4/2021 de marzo de ese año dice textualmente: “facultades como la de proponer el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo, de los presidentes de las audiencias, de los tribunales superiores de justicia y de la Audiencia Nacional, de los presidentes de Sala o de los magistrados del Tribunal Supremo, deben quedar excluidas del ámbito competencial del Consejo General del Poder Judicial en funciones. Estas limitaciones también deben establecerse en relación con el nombramiento de los directores de la Escuela Judicial y del Centro de Documentación Judicial, así como del vicepresidente del Tribunal Supremo, el promotor de la Acción Disciplinaria, el director del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial y el jefe de la Inspección de Tribunales”.
Lo que no puede designar el CGPJ son magistrados del Supremo. El resto de vacantes se pueden cubrir con total normalidad y, de hecho, así se está haciendo. Recientemente el CGPJ ha acordado la cobertura de la vacante que dejó el exministro Juan Carlos Campo, al ser nombrado magistrado del Constitucional, con el nombramiento de Javier Ballesteros hasta ahora destinado en la sección de Lo Penal de la Audiencia de Madrid. Ballesteros va en comisión de servicios mientras dure el mandato de Campo en la Corte de Garantías.
Y aún hay más, la Audiencia Nacional ha solicitado, también, la cobertura de otros dos jueces más para completar las composiciones de las diversas salas del organismo. Y ya hay nombres: Ricardo Rodríguez González, destinado en la Audiencia Provincial de Madrid, irá como miembro de refuerzo a la sala de Lo Penal. Asimismo, ocupara un destino similar el titular del juzgado central de instrucción número 1, Alejandro Abascal. De esa manera se acabará por cubrir la plaza de Concepción Espejel cuya vacante se produjo en noviembre del año pasado al ser designada miembro del Tribunal Constitucional.
Por otra parte, el ministerio de Justicia ha aprobado un plan para reforzar el gabinete técnico del Tribunal Supremo. La duración de este refuerzo es de siete meses a contar a partir del próximo 1 de junio y consta con una dotación económica de casi 782 millones de euros. El programa podrá ser prorrogado si así se considera necesario.
El gabinete técnico podrá encargarse de resolver asuntos que hasta ahora hacían los jueces por lo que se descargará de tarea a los magistrados mientras dure la actual situación de provisionalidad del Consejo General del Poder Judicial que, en ese caso sí, no tiene margen de maniobra.
Las salas que se beneficiarán del personal asignado son las de Lo Contencioso Administrativo y de Lo Social. En la sala de Lo Contencioso-Administrativo serán siete los refuerzos que deberán proceder de la misma jurisdicción y asistirán a las secciones segunda y quinta. En la sala de Lo Social se han autorizado siete comisiones de servicio que colaborarán en la redacción de sentencias de los denominados “asuntos repetitivos” o, lo que es lo mismo, con jurisprudencia consolidada.
Así pues, la falta de medios de la que se queja la derecha judicial se está solventando de la única manera posible ya que los nombramientos de destinos no se podrán hacer hasta que no se pacte la renovación del CGPJ porque está claro que el decreto que modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial no se va a reconsiderar. Esa renovación está bloqueada porque el PP se niega a pactarla hasta las elecciones generales. Y en los ámbitos judiciales destacan que, si es así, el normal funcionamiento de las altas instancias judiciales no será posible hasta 2025.
Mientras esto ocurre, la solución aportada por el departamento de Pilar Llop es la única posible. Y, mientras tanto, el órgano de gobierno de los jueces puede ir cubriendo las plazas en otras instancias judiciales por debajo del Supremo. Lo que no puede hacer es designar presidentes y vicepresidentes. Pero para que no se produzca un vacío existen mecanismos de sustitución que, ahora mismo, ya se han puesto en marcha. O sea que, mejor o peor, las instancias judiciales cuentan con medios suficientes como para llevar a cabo su labor.
La derecha judicial ya no puede quejarse de la falta de medios en las instancias judiciales provocada por el famoso decreto de marzo de 2021. Las plazas, aunque de manera provisional, se están cubriendo. Otro argumento de la batalla de desgaste que acaba por desmontarse.
