En el marco del Día de la Justicia Social, que se celebró ayer, las trabajadoras sociales han querido recordar una vez más su preocupación por la situación que vive la población de Cañada Real Galiana.
La reforma de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid deja vacante el comisionado para la Cañada Real, lo que demuestra que a José Luis Martínez Almeida no le importa la grave crisis que se vive en ese poblado, lo mismo que su compañera de partido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En torno a 4500 personas, de las cuales 1800 son niños y niñas, llevan desde el pasado mes de octubre sin luz. Como ya señalamos con anterioridad, las consecuencias sociales y sanitarias para su población están siendo muy graves y no podemos volver a dejar de mostrar nuestra preocupación.
Miles de niños y niñas en la cañada real siguen sin suministro eléctrico
La falta de suministro eléctrico en la Cañada Real Galiana (Madrid) desde octubre de 2020, ha creado una situación de desprotección y riesgo que vulnera los derechos fundamentales de la infancia. A pesar de la creciente gravedad de la situación, las administraciones públicas no han ofrecido una respuesta efectiva a esta crisis. Aproximadamente 1.800 niños y niñas no cuentan con los recursos necesarios para afrontar el temporal de frío extremo y nieve que asola a gran parte del país.
Las organizaciones sociales han exigido una solución urgente al Gobierno de España, a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid a que se coordinen para restablecer el suministro eléctrico en aquellas viviendas de familias vulnerables que permanecen sin luz y calefacción, atendiendo de forma prioritaria las necesidades de los niños y las niñas.
La situación es tan grave que podríamos estar a punto de presenciar un desastre humanitario.
La justicia da la razón a Naturgy y rechaza devolver la luz a la Cañada Real
El juzgado de instrucción número 42 de Madrid ha acordado en un auto del 13 de enero el sobreseimiento provisional y consiguiente archivo de la denuncia interpuesta el pasado 16 de diciembre y ampliada el 25 de enero ante posibles delitos de coacciones sobre la vivienda, trato degradante, lesiones y daños.
El auto exime de responsabilidades a la empresa Naturgy y achaca el problema a los enganches ilegales a la red.
Pobreza energética
Decenas de entidades de todo el Estado realizaron concentraciones de denuncia descentralizadas en el marco de la Semana Europea de lucha contra la pobreza energética, el pasado 17 de febrero. El objetivo principal era dar visibilidad a las millones de familias que, aún a día de hoy, están afectadas por esta problemática ante la pasividad del Gobierno central.
En primer lugar, miles de personas viven angustiadas ante lo que puede ocurrir una vez finalice la actual moratoria de cortes de agua, luz y gas el próximo 9 de mayo.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez en coalición con Unidas Podemos, a pesar de prohibir las interrupciones por impago en el caso de familias vulnerables que cumplan con los requisitos de renta del bono social eléctrico, no ha previsto medidas para evitar la acumulación de deuda por parte de las mismas. Por ello, las entidades alertan de la oleada de cortes que puede producirse una vez se facilite a las compañías la opción de interrumpir el suministro de aquellos hogares con facturas impagadas.
Capítulo aparte merece la situación que están viviendo miles de personas en la Cañada Real (Comunidad de Madrid), donde tanto Naturgy como todas las Administraciones implicadas, en particular el Gobierno autonómico de Ayusi, les niegan el acceso al suministro eléctrico.
A pesar de denunciar públicamente este maltrato y llevar el caso a los tribunales, estas familias, entre las cuales se encuentran afectados alrededor de 2.000 menores, siguen sin luz en sus casas en pleno invierno.
El fin de la moratoria, los cortes indiscriminados en los barrios y la situación en Cañada Real son motivos suficientes para salir a la calle. Han querido denunciar la pasividad de las diferentes administraciones implicadas ante las graves vulneraciones de derechos promovidas por las compañías suministradoras.
Desde las entidades sociales, saben que la pobreza energética mata y no pueden tolerar ni una muerte más por su culpa. En este sentido, se estima que la precariedad energética podría ser responsable de unas 7.100 muertes prematuras al año en el Estado español. En plena pandemia y de manera permanente en la vuelta a la normalidad, exigen un futuro sin cortes de suministro donde no se haga negocio con nuestros derechos.
Si algun dia los que viven en la Cañada Real se desesperan tanto que cortan calles del centro de Madrid o del barrio Salamanca y queman contenedores y alborotan las calles,los medios de comunicacion les llamareis terroristas callejeros,violentos,utras…
A los dueños de las plantaciones de marihuana interiores que están chapando la electricidad a los demás vecinos no les van a protestar no?