No puede ser que una institución que lleva cinco años en funciones, que, por consiguiente, carece de legitimidad se permita el lujo de entrevistarse con una delegación del Parlamento Europeo para quejarse de una ley aprobada por el Congreso de los Diputados por “sus consecuencias perniciosas” y, encima, manipular cifras que están difundiendo la derecha en el sentido de que la ley del “sólo si es si” ha rebajado las penas de prisión de violadores, pederastas y agresores sexuales. Los jueces de este país siguen con su guerra particular contra el gobierno progresista. Y no hay manera de que se callen de una vez.
La delegación del Parlamento Europeo tenía como objetivo conocer las políticas contra la violencia sexual que se llevan a cabo en España. La jefa de la delegación es la eurodiputada polaca del Partido Popular Europeo Elżbieta Katarzyna Łukacijewsk. No hubo nada fuera de lo normal si tenemos en cuenta que, en estos momentos, la clase política se encuentra inmersa en una fuerte polémica por culpa de la rebaja de penas de condenados por agresiones sexuales. 522 reducciones de penas de un total de 5.000 según datos del CGPJ, y 54 excarcelaciones inmediatas. Las vocales del CGPJ que se reunieron con la delegación, todas ellas próximas al PP que pretende, así, internacionalizar el conflicto, facilitaron esos datos que son inexactos puesto que el Consejo no ha hecho, todavía, el trabajo de recopilar todas las actuaciones de las instancias judiciales.
El griterío de la derecha y la actitud pusilánime del PSOE, que se propone reformar la ley, ha acabado por generar alarma social entre la sociedad agravada con bulos como los de que las víctimas afectadas por estas rebajas de penas pueden llegar a pedir indemnizaciones al Estado, una cuestión imposible de prosperar salvo que los jueces acaben por volverse locos en esta guerra inútil que mantienen contra el gobierno progresista.
Esa delegación se entrevistó con altos cargos del gobierno, representantes del ministerio de igualdad, y la ministra de justicia, Pilar Llop. Pero el encuentro que más trascendió fue el que mantuvo con dos miembros del Consejo General del Poder Judicial, concretamente con la presidenta y los vocales del observatorio contra la violencia doméstica y de género. Y ahí es donde más se han cargado las tintas. Ángeles Carmona, presidenta del observatorio, y elegida a propuesta del Partido Popular, manifestó a la delegación que “las reducciones de condena no se van a paralizar con la reforma de la ley, sino que van a continuar produciéndose en un largo periodo de tiempo”. Carmona, además, les señaló que los jueces se están limitando a aplicar la ley. Y que “si no lo hicieran cometerían un delito de detención ilegal”.
Se ha sabido que la reunión se celebró sin conocimiento del resto de vocales, sobre todo de los del sector progresista. No estuvieron presentes los de la comisión de igualdad y violencia contra la mujer que preside la progresista Clara Martínez de Careaga. Y sólo fueron recibidas por el presidente en funciones, Rafael Mozo que mostró su sorpresa por la forma en que fueron “invitadas” las europarlamentarias. Mozo se limitó a cumplir el protocolo y abandonó la sala donde se celebraría “el aquelarre” que parece ser ha decidido montar Feijoo y los suyos con el propósito de desgastar al gobierno de Sánchez.
La reunión a la que, por cierto, también acudió un magistrado del Tribunal Supremo en calidad de “experto en materia de violencia de género”, sirvió para los propósitos pretendidos por la derecha. La delegación, sin atribuciones para ello, se permitió el lujo de reprochar públicamente, al ministerio de igualdad.
El magistrado del Supremo, Vicente Magro, justificó la actitud de los jueces señalando que las rebajas son una operación jurídica, pero esencialmente matemática, y que era obligado revisar las condenas cuando, por ejemplo, el mínimo por una violación ya no son seis años de prisión, sino cuatro. Lógicamente, los presentes en el encuentro pidieron el incremento de las penas mínimas como solución para acabar con “este problema”. Una propuesta efectuada por los vocales del CGPJ en línea con la que ha efectuado el grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados.
La sospecha de que la campaña del PP en torno a la ley del sólo si es si, se está trasladando a otros ámbitos de la sociedad civil es cada día mas evidente. Lo que ya no es de recibo es que se lleve al terreno judicial tal y como está la situación de la justicia en España, cada vez más desacreditada. Y más a un órgano de gobierno de los jueces que carece de legitimidad después de llevar caducado casi cinco años.
La delegación del Consejo General del Poder Judicial no sólo criticó la ley del sólo si es si, sino también la ley trans. El órgano de gobierno de los jueces emitió un dictamen negativo, con significativos reparos a los dos proyectos, hoy ya convertidos en leyes. Lo que no dijeron es que los dictámenes del organismo no son vinculantes.
Lo que encima llama la atención es que una delegación oficial de europarlamentarios no caiga en la cuenta de esta provisionalidad de sus interlocutores y rechace mantener entrevistas con ellos. Todo lo contrario. El encuentro sirvió para que la presidenta de la delegación, la eurodiputada polaca del Partido Popular Europeo Elżbieta Katarzyna Łukacijewsk, lanzase críticas soterradas tanto por la ley de libertad sexual como por la ley trans. Ahora habrá que esperar a conocer el informe oficial que elaborará.
El Consejo General del Poder Judicial no está habilitado para efectuar valoraciones de tipo político. Es un órgano de gobierno de los jueces, unos funcionarios que pagamos todos los españoles y que, además, se cuestiona su representatividad cuando hay voces de expertos que proponen la alternativa de que sean elegidos directamente por la ciudadanía en lugar de ser designados por organismos dependientes de mayorías políticas y corporativas. Pero lo más grave es que el mandato de este CGPJ caducó hace casi cinco años por lo que su opinión sobre asuntos que han sobrepasado su vigencia para ellos no puede considerarse legítima.
De todas maneras, cada vez está mas claro que, aunque sea con maniobras que traspasan los límites de la ética política y ciudadana, los jueces, cada vez más identificados con la derecha, están dispuestos a seguir dando la batalla a este gobierno.
