Los expertos en concursos de acreedores que los jueces designan para administrar empresas y personas jurídicas en situación de insolvencia quieren quedarse con la casi totalidad de las competencias. La excusa que han buscado es la de “aligerar la carga de los letrados de la administración de justicia”. Es otra de las consecuencias de la huelga que este colectivo ha mantenido durante más de dos meses.
La Asociación Profesional de Administradores Concursales, Aspac afirma que el hecho de que los administradores asuman responsabilidades que actualmente les corresponden a los letrados, y para las cuales están perfectamente capacitados, contribuirá a resolver una situación que altera el funcionamiento de los juzgados, y permitirá que los LEAJ destinen sus esfuerzos a otras funciones fundamentales, agilizando los procesos, mejorando el funcionamiento del sistema judicial nacional y, por ende, impactando positivamente en el tejido empresarial del país”.
Las asociaciones que dicen representar a los administradores concursales no han perdido el tiempo tras la protesta de los letrados de la administración de justicia. Además de pedir el Estatuto del Administrador Concursal que vienen reivindicando desde hace unos años, aprovechan la situación que se ha generado por la protesta de los letrados de la administración de justicia y proponen quedarse con la casi totalidad de las competencias de éstos en procesos concursales.
Cuando una empresa presenta ante un juzgado concurso de acreedores, si el juez lo admite a trámite designa a un administrador que debe llevar a cabo, esencialmente, dos gestiones: el día a día de la entidad durante el proceso, y el inventario de bienes, activos, y los créditos del pasivo para la liquidación de deudas. Hace unos años los jueces acudían a los colegios de economistas, que eran los que proponían a los administradores concursales. Estos suelen ser muy bien remunerados durante el tiempo en que se desarrolla el procedimiento. Algunos han llegado a cobrar del orden del millón de euros anuales por su función, eso sí, cuando la dedicación requerida ha sido exclusiva. En este sentido se recuerdan las circunstancias que rodearon el concurso de la inmobiliaria Martinsa-Fadesa. Existe una reglamentación al respecto que establece unos límites de los aranceles que pueden cobrar los administradores concursales. Esos límites se sitúan entre 1.500.000 euros, mínimo, y el 4% de la valoración de los activos de la empresa.
En algunos casos, la gestión de los administradores concursales no ha sido del todo transparente dando lugar, incluso a la comisión de algunos delitos. Antonia Magdaleno, una de las administradoras concursales de Martinsa- Fadesa, considerada la mayor quiebra de este país, fue condenada a cuatro años de prisión por no haber depositado en la cuenta del despacho de abogados, Broseta, al cual pertenecía, 4,6 millones de euros que correspondía al bufete (Ver Diario 16 del 27 de septiembre de 2020. “Concurso de acreedores: un nido de corrupción”). Magdaleno y los otros tres administradores concursales cobraron 20 millones de euros de este concurso de acreedores cuya deuda ascendía a 7.000 millones de euros.
Por lo tanto, no es de extrañar que la actividad de administrador concursal se haya convertido en una profesión muy demandada por despachos de abogados especializados en este tipo de asuntos. Hasta tal punto ha llegado la cosa que, incluso, hubo momentos, a finales del siglo pasado y principios de los dos mil en que se detectaron fraudes que acabaron en los tribunales. El método consistía en retribuir a jueces a los que se invitaba a dar conferencias y cursos. A cambio, esos jueces designaban administradores de los concursos de acreedores de su jurisdicción a los profesionales que les habían invitado a impartir esos cursos generalmente muy bien retribuidos.
Diario 16, en su edición del 27 de septiembre de 2020 ya citada, señalaba nombres y apellidos de jueces que habían entrado en esta dinámica: “entre el selecto grupo de jueces de lo Mercantil que participan en las conferencias y congresos se puede mencionar, entre otros, a Luis Seller Roca de Togores, Víctor Fernández González, José María Tapia López, Juan Manuel de Castro Aragonés, Santiago Senent, Andrés Sánchez Magro o Carlos Nieto Delgado.»
Entre los administradores concursales destaca Pedro Martín Bautista, que llegó a convertirse en el profesional que acumuló el mayor número de concursos. Según diario 16, 175 como persona física y 32 a través de su sociedad. La UDEF de la policía llevó a cabo una investigación sobre una posible red de corrupción de la que, a estas alturas, no se tiene conocimiento de resultados.
Es por eso que la petición de la Asociación de Administradores Concursales, Aspac, ha sido recibida con muchas reticencias. Es cierto que a los letrados de la administración de justicia se les va acumulando trabajo a medida de que van recibiendo un mayor número de competencias. Pero de ahí a transferir las de los procesos concursales a un colectivo bajo sospecha no parece muy adecuado.
