Nadie quiere hacerse cargo de la Ciudad de la Justicia de Ayuso

Al igual que le ocurrió con el Zendal, el gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso tendrá que construir y gestionar la Ciudad de la Justicia después de que nadie se haya presentado al concurso de adjudicación del proyecto. En la Consejería de Justicia lo justifican por “la situación económica que atraviesan las empresas, debido a la actual coyuntura económica”.

Curiosa contradicción cuando la propia Díaz Ayuso no hace más que decir que la economía madrileña es la mejor de toda España, que va “viento en popa”. Lo cierto es que la unificación de sedes judiciales va a costar a la CAM unos 660 millones siempre y cuando no haya desviaciones presupuestarias. La nueva ciudad de la justicia, el enésimo proyecto de la administración del PP en la comunidad autónoma,  estará lista en 2030.

El gobierno de la CAM piensa incluir este gasto en los presupuestos de 2024 y llevará a cabo la obra de las instalaciones por fases. Ostentará la plena propiedad de las instalaciones y la administración autonómica será la beneficiaria de los ingresos obtenidos por la explotación de servicios adicionales.

“No sólo va a suponer la reunificación en un solo punto de las 28 sedes dispersas en la ciudad de Madrid, sino que también va a permitir conseguir unos ahorros muy importantes, por encima del 40%”, dice el consejero de Justicia, Miguel Ángel García. Una nueva contradicción puesto que no se entiende entonces por qué quisieron trasladar a la iniciativa privada este proyecto. Fuentes de las empresas que se dedican a este tipo de servicios señalan que unas instalaciones de semejante envergadura requieren de una inversión que tarda muchos años en amortizarse. Está ocurriendo con algunos de los centros sanitarios que se entregaron a las empresas privadas, y ya se han producido algunos ejemplos en el ámbito de la administración de justicia con concesiones que están siendo ruinosas para el sector privado como es el complejo judicial de la justicia en Barcelona que, además, no ha conseguido agrupar en una misma área urbanística todas las instancias que siguen repartidas por la ciudad, distanciadas unas de otras.

El proyecto total actuará sobre una superficie de 236.475 metros cuadrados sobre rasante, y 198.711 metros cuadrados bajo rasante, repartidos en más de una decena de edificios, entre los que estarán las nuevas sedes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), de la Audiencia Provincial de Madrid y de más de un centenar de juzgados de Primera Instancia. La primera fase, siempre según el proyecto de la consejería, comenzará a construirse en 2025. Constará de 155.400 metros cuadrados en superficie donde se ubicarán cuatro edificios con espacios comunes, incluidas cafeterías, áreas de descanso, parking y zonas verdes. Según las previsiones del ejecutivo autonómico, durante esta primera fase se producirá el traslado a la Ciudad de la Justicia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que pasará a ocupar una superficie de 19.000 metros cuadrados. En esa primera fase también se trasladarán las secciones de la Audiencia Provincial muy dispersas por toda la ciudad.

En una segunda fase, se procederá a la construcción de dos edificios que albergarán 19 juzgados de lo mercantil, 49 juzgados de lo social y 34 de lo contencioso-administrativo. Para la siguiente legislatura se piensa poner en marcha una tercera y otra cuarta fase para alojar 57 juzgados de instrucción, 37 de lo penal, 11 de violencia de la mujer, 7 de menores, 6 de vigilancia penitenciaria y las sedes de fiscalía, archivo judicial territorial y otras necesidades auxiliares. Cuando se concluyan las obras, se calcula que entre 2030 y 2031, recorrerán ese complejo unas 33.000 personas diariamente entre empleados y profesionales de la administración de justicia, y usuarios del servicio.

De lo que nadie habla es de lo que se hará con el famoso “donut”, el edificio ya construido que fue el inicio del proyecto llevado a cabo durante la presidencia de Esperanza Aguirre, y que acabó en fiasco dejando un agujero de cientos de millones de euros y la sospecha, judicializada, de corrupción en la adjudicación de las obras. Fue en 2005 cuando se puso en marcha el primer concurso internacional de ideas en el que hubo más de 300 participantes. La propuesta ganadora proyectó 14 edificios y presupuestó 500 millones de euros. La primera piedra costó un millón, y la investigación a altos cargos del gobierno de Aguirre sigue abierta. En 2014, con Ignacio González como presidente de la comunidad, se anunció la liquidación de la sociedad gestora. Sólo se llegó a construir el «donut». Y en 2015, anunció que se retomarían las obras, cambiando la forma de gestión de una sociedad pública a un concurso para retomar la construcción. Cristina Cifuentes vio cómo se paralizaba el proyecto y las demandas de las empresas que debían ejecutar el proyecto, un litigio que supuso pérdidas millonarias.

Sólo con esos antecedentes a nadie debe de extrañar que el concurso haya quedado desierto. No sólo por las razones mencionadas sino porque sobre el famoso proyecto existen una serie de incertidumbres judiciales a pesar de que el Tribunal Supremo ha despejado algunas de ellas. Aún así, y a pesar de que el gobierno de Díaz Ayuso se puso en contacto con diez empresas ofreciendo unas atractivas condiciones. Sólo una de ellas aceptó presentarse, pero, al final, fue rechazada al no alcanzar los mínimos requisitos exigidos en la convocatoria.

Ahora no ha quedado mas remedio de “nacionalizar” el proyecto en el que tampoco se tiene en cuenta que, si el gobierno progresista renueva, el Ministerio de Justicia reactivará su proyecto de ley de eficiencia procesal y administrativa que cambia radicalmente la concepción del servicio público suprimiendo los juzgados y sustituyéndolos por oficinas judiciales. Esa “revolución” judicial obligará a cambiar el actual concepto de sedes judiciales. El nuevo megaproyecto de complejo judicial de Isabel Díaz Ayuso puede acabar como el Zendal. Mucho cemento, pero sin contenido.