Nuevo escándalo del Consejo General del Poder Judicial

Ya no es suficiente con que el Consejo General del Poder Judicial lleve cuatro años y siete meses caducado. Ahora, encima, este miércoles, el pleno va a designar a un vocal, Vicente Guilarte, que está en activo como asesor de un bufete de abogados. Una reforma de la ley, que no ha podido entrar en vigor, obliga a los miembros del CGPJ a ejercer dedicación exclusiva. Y así lo han manifestado seis de sus miembros, tres progresistas y tres conservadores. Este miércoles, el que ha estado presidiendo el organismo, Rafael Mozo, deja su puesto por jubilación y la polémica sobre quien debe sustituirlo está servida.

Como siempre, en este enredo tiene mucho que ver las barbaridades cometidas por el Partido Popular que no hace más que decir que si gana las elecciones reformará en profundidad el órgano de gobierno de los jueces para que sean elegidos por las asociaciones que dicen representarlos, es decir, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, que monopolizará la casi totalidad de las vocalías. Por eso ha bloqueado durante toda la legislatura una renovación que debía haberse efectuado hace casi cinco años.

Este bloqueo y, encima, las consecuencias negativas de la reforma llevada a cabo por el gobierno de Rajoy han complicado, de nuevo, el funcionamiento de esta caduca institución cada vez mas mermada de efectivos. El ministro de Justicia con Mariano Rajoy, Alberto Ruiz Gallardón, cambió el funcionamiento del CGPJ. Sólo los vocales de la comisión permanente tienen dedicación exclusiva y capacidad decisoria. Este cambio se hizo con el propósito de anular la influencia de los miembros progresistas. Casi la totalidad de la comisión permanente era de tendencia conservadora, empezando por su propio presidente, Carlos Lesmes, que fue director general de Justicia con Aznar.

Durante años el CGPJ funcionó de esa manera. La Comisión permanente hacía y deshacía sin contar con el resto de los miembros. En octubre de 2018, durante el primer gobierno de Pedro Sánchez, se volvió a reformar la LOPJ y se reestableció la dedicación exclusiva para los 20 vocales del CGPJ. Sin embargo, aún no se ha podido aplicar esta disposición porque permanece el mismo Consejo nombrado en 2013, que no se ha podido renovar desde que caducó, en diciembre de 2018. Es otra de las consecuencias del “golpe de estado judicial” iniciado por Pablo Casado bajo la inspiración de los asesores del núcleo duro de Génova y, en especial, de Miguel Ángel Rodríguez, el “gran Rasputín” de la “liberal” Isabel Diaz Ayuso, y que Alberto Núñez Feijóo no se ha atrevido a rectificar.

Pero con lo que no contaban los conservadores es con las consecuencias perniciosas de esta situación de interinidad provocada por su estrategia. Carlos Lesmes dimitió y tuvo que ser sustituido por el vocal de más edad, Rafael Mozo, que ha estado representando al órgano “por sustitución”. Mozo se va de forma obligatoria, por jubilación. El siguiente vocal de edad es Vicente Guilarte, de 70 años. Como él, dos vocales más se encuentran en la misma situación laboral. Trabajan para el sector privado. Según la interpretación de la ley que hacen los seis vocales, Guilarte debe renunciar a su relación laboral con el despacho de abogados del que es titular. En un principio parecía que iba a ser así. Pero, hasta este momento, no lo ha hecho. Si Guilarte no renuncia a su actividad privada, la independencia del CGPJ quedaría en entredicho ya que, como presidente, aunque sea “por sustitución”, puede adoptar decisiones que beneficiarían a los asuntos que se tramitan en su empresa. En la misma situación estarían los otros dos vocales, pero éstos no pertenecen a la comisión permanente. No toman decisión alguna y tienen autorización para ejercer sus profesiones normalmente relacionadas con el derecho.

Los vocales que apoyan la candidatura de Guilarte sin necesidad de que éste renuncie a sus actividades privadas, argumentan que su nombramiento es “provisional”. Que el puesto implica únicamente las funciones esenciales de esa presidencia vacante para lo que ninguna ley establece que se necesite dedicación exclusiva.

De los veinte vocales que deberían componer el CGPJ, en la actualidad quedan 16. De ellos, 6 se oponen a que Guilarte acceda a la presidencia sin renunciar a su actividad privada. Por lo tanto, diez tendrán en sus manos la decisión definitiva. Tres de esos diez trabajan en el sector privado por lo que casi con toda seguridad, votarán a favor de Guilarte. Es casi seguro que será designado.

Las argumentaciones de los que opinan que no hay incompatibilidad caen por su propio peso. Rafael Mozo ha estado representando al CGPJ durante su periodo como presidente, con todas las atribuciones que le confiere la LOPJ. Durante su mandato, y dentro de las limitaciones establecidas en el decreto de marzo de 2021, se han tomado decisiones importantes. Por lo tanto, Guilarte lo podrá seguir haciendo. Pero la sospecha de falta de independencia del ya de por sí desprestigiado CGPJ será cada vez mayor. Y veremos lo que dicen en Bruselas sobre este nuevo escándalo.