Desde el ministerio a su cargo insisten en la necesidad de “una Justicia más próxima, sostenible y digital” y enmarcan la medida en un plan para mejorar el acceso de los ciudadanos a hacer los trámites y gestiones más habituales
La titular de Justicia, Pilar Llop, ha señalado que las Oficinas de Justicia en los municipios (OJM) “permitirán que cualquier ciudadano, con independencia de su condición social, económica o generacional, pueda acceder a un recurso de Justicia en igualdad, en cualquier lugar del territorio en el que se halle».
Estas oficinas, cuya fase piloto se pusieron en marcha en el último semestre del año en Tarazona de la Mancha y en Formentera, abrirán una puerta al Servicio Público de Justicia en los 7.700 municipios que las acogerán, con un catálogo de servicios que multiplicarán los de los actuales Juzgados de Paz.
El ministerio insiste que las nuevas oficinas de justicia en los ayuntamientos “Abrirá una puerta a la ciudadanía que no tendrá que desplazarse para informarse o hacer gestiones de manera segura con la Justicia”. Asimismo, desde la cartera de Llop subrayan que en muchas ocasiones los desplazamientos para hacer trámites de esta índole “Se vuelven difíciles para grupos vulnerables como personas con diversidad funcional, mayores, menores y víctimas de delitos, especialmente de víctimas de violencia contra la mujer”.
En cuanto al tema del funcionamiento de estas nuevas dependencias en el ámbito local, desde Justicia confirman que “Siempre habrá una persona que escuche, atienda y resuelva las dudas de las personas eliminando la brecha económica y tecnológica para las personas que no dispongan de equipos, conocimientos o accesos informáticos”.
Desde Justicia afirman que la OJM es una de las tres figuras que, junto a los Tribunales de Instancia y la Oficina Judicial, sustentan el proceso de transformación organizativa del Servicio Público de Justicia, en virtud de la cogobernanza entre el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y la Federación Española de Municipios y Provincias.
Según informa el propio ministerio, desde julio la cartera a cargo de Llop ha estado trabajando en los diferentes aspectos del Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia como así también en leyes de eficiencia organizativa y digital con el objetivo de “Impulsar la modernización de la Justicia, la cohesión social, económica, territorial y digital”, añaden. El plan de transformación de la Administración de Justicia, ya en avanzado estado de ejecución pretende, a través de las OJM “Hacer una Justicia más próxima, sostenible y digital”, destacan.
Registro Civil
Las Oficinas de Justicia en los municipios vienen a complementar el nuevo modelo de Registro Civil que se está implementando escalonadamente, habiendo llegado ya los partidos judiciales de Molina de Segura (Murcia), Bilbao, Cartagena, y a las Oficinas Generales del Registro Civil de Madrid, Barcelona, Murcia y Tarragona.
Para Justicia “El nuevo modelo del Registro Civil mejora la eficiencia de este servicio público y ahorra trámites y tiempos a la ciudadanía, a la que Se le liberará de la carga de actuaciones presenciales en el Registro, en particular en lo relativo a la aportación de certificaciones”, subrayan.
El plan de las OJM junto al nuevo modelo de Registro Civil y de modernización de la Administración de Justicia va acompañado de dotación de recursos humanos y memoria económica. Por este motivo, esta misma semana, el Ministerio de Justicia ha convocado el proceso selectivo para acceso por el turno libre a un total de 2.874 plazas, correspondientes a los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.
También se han convocado cinco procesos selectivos para cubrir 5.050 plazas. Del total, 4.915 plazas irán destinadas a cuerpos generales de la Administración de Justicia y 84 plazas para el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses. De estas 5.050, 44 plazas se destinarán para el Cuerpo de Abogados del Estado y siete a personal laboral fijo.
Otras medidas que persigue el acercamiento de los ciudadanos a la Justicia es relativa a la robotización a la tramitación de expedientes de nacionalidad que ha supuesto un punto de inflexión en la agilización de estos procedimientos. De acuerdo a los datos aportados por la ministra Pilar Llop la resolución de solicitudes ha aumentado en un 300% desde el pasado mes de agosto, pasando de un promedio de 4.800 a resoluciones mensuales a 19.000.
