Luis Ibáñez era uno de los fiscales que optaba al puesto que, al final, ha sido para Dolores Delgado. Y es el que ha impugnado su nombramiento. Pero también era el principal detractor de la Ley de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Hasta tal punto que llegó a mostrarse públicamente contrario y a decir que si el PP logra la mayoría suficiente como para gobernar deberá ser la primera norma que derogue o que, al menos, la vacíe de contenido. Dicho y hecho. Alberto Núñez Feijóo ha recogido el guante de Ibáñez y ha anunciado que esta será una de las primeras medidas que adoptará si llega a La Moncloa. Si es contrario a la ley, ¿por qué Ibáñez quería la fiscalía que debe velar por su cumplimiento? La respuesta es sencilla. Porque Ibáñez no es fiscal de sala. Si hubiese obtenido el puesto habría sido ascendido a esa categoría que, aun despareciendo la ley, conservaría hasta su jubilación. Y aunque desaparezca el cometido para el que fue nombrado, el fiscal general tendría que darle otro destino acorde con su nuevo rango y sueldo. Así de miserable es la carrera de algunos que dicen ser profesionales de la justicia.
Cada uno de los candidatos a ocupar la fiscalía para la Memoria Democrática tuvieron que presentar un plan de actuación que evaluó el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El de Luis Ibáñez, sólo tres folios, muestra, en todo momento, su desconfianza hacia la nueva plaza. “Ocurre que determinados sectores políticos han anunciado en repetidas ocasiones que si su capacidad legislativa, en un futuro cercano se lo permite, derogarán la Ley”, dice en este memorándum. El fiscal adelanta que, de ser elegido, aplicará “de manera aséptica” la ley “hasta que se proceda a su derogación”. Y concluye señalando que “la ley que al fin y al cabo crea esta nueva plaza en el Ministerio Fiscal, contiene una importante carga ideológica en términos sociopolíticos. Y esto no solo se deduce de la mera lectura del texto legal, sino que se detecta con claridad de las reacciones y sensaciones que su promulgación ha tenido en sectores de la sociedad y en la práctica totalidad del espectro político”. En otras palabras, Luis Ibáñez presentó su candidatura para ocupar una función en la que no cree y es partidario de su desaparición. Todo un despropósito.
Luis Ibáñez, actualmente destinado en la fiscalía antidroga, fue fiscal jefe de Castilla La Mancha justo cuando estalló el llamado “caso del 3 por ciento”, una financiación irregular de la campaña electoral de Dolores de Cospedal para la presidencia de la Junta castellanomanchega en 2007. La historia es conocida. Sacyr obtuvo la concesión del contrato de basuras de la ciudad de Toledo y, a cambio, abonó a Luis Bárcenas 200.000 euros que éste, a su vez, entregó al gerente del PP de Castilla Las Mancha, José Ángel Cañas para la financiación del partido en la campaña de las elecciones a la comunidad autónoma.
Luis Ibáñez ejerció la acusación y pidió su archivo al juzgado número 3 de Toledo, adonde había llegado el asunto, de una manera indirecta. No se advirtió delito alguno en la concesión del servicio de basuras a Sacyr, pero sí algún indicio de actividad delictiva al haber pagado el Ayuntamiento 11 millones de sobrecoste para acabar con un conflicto laboral en Sufin, la filial de Sacyr que se había hecho cargo del mismo. Ibáñez también pidió el archivo de este otro asunto coincidiendo con el juicio, en la Audiencia Nacional, de la pieza separada del Caso Gürtel que acabó por condenar al Partido Popular y que dio origen a la moción de censura parlamentaria contra Mariano Rajoy.
A Luis Ibáñez siempre se le ha considerado un hombre próximo al PP, y más concretamente a Dolores de Cospedal. Un caso paralelo al de la Asociación de Fiscales que ha sido la verdadera instigadora de lo que se ha llamado “rebelión de los fiscales” por la designación de Dolores Delgado como fiscala jefa de Memoria Democrática. La acusación de incompatibilidad por ser la pareja de Baltasar Garzón que se encuentra al frente de una fundación que se dedica precisamente a eso, a luchar por el resarcimiento de las víctimas de la guerra civil española, es improcedente. La única “rebelión” ha sido la de los fiscales que pertenecen a la asociación conservadora, esa que hace unas semanas ocupó los espacios de los medios de comunicación porque un miembro, en una cena, había denunciado, delante de Alberto Núñez Feijóo, un posible fraude electoral que podría llegar a cometer la empresa pública Indra, encargada de la informatización del recuento en los comicios.
La Asociación de Fiscales no puede recurrir el nombramiento de Delgado ante el Tribunal Supremo mientras no lo impugne alguno de los candidatos que se puede considerar perjudicado. Y eso solo lo puede hacer Ibáñez. El fiscal ha recurrido ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el nombramiento de Dolores Delgado, una facultad de la que no disponen las asociaciones de fiscales.
Pero este recurso ha salido a la luz pública acompañado de la historia de Ibáñez y la causa que le llevó a presentarse para un puesto en que confía que se vacíe de contenido tras las elecciones generales del 23 de julio. Si hubiese sido designado habría ascendido a la categoría de fiscal de sala y aunque desaparezca su puesto el rango se habría mantenido y el fiscal general tendría que haberle ofrecido un cometido acorde con dicho rango.
