Un preso decide no hacer frente a la fianza que le dejaría en libertad para no dejar sólo a su padre en prisión. Se trata de una familia, que gestiona varios sanatorios, a la que se le acusa por la estafa de los ataúdes en Valladolid.
Hasta catorce personas, entre ellos el padre y sus dos hijos -hombre y mujer- fueron detenidos tras conocerse la trama en la que a la hora de incinerar se sustituían los ataúdes más caros por otros más baratos y se reutilizaban los anteriores. La Delegación del Gobierno admitió que la investigación del caso se inició en el año 2017 y da por concluida la primera fase de la operación.
La familia de los detenidos, según informa El Norte de Castilla, trata de conseguir los fondos para intentar, al menos, que Laura, la hija, pueda salir de prisión y retomar la dirección del tanatorio. Ignacio Morchón hijo no se plantea pagar la fianza para no dejar solo a su padre, en prisión sin fianza, en la cárcel, donde ambos comparten celda.
El juzgado estima estima que fueron retirados casi 6.000 féretros» en esos veinte años. Cuando comenzó el servicio crematorio en Valladolid -en 1994 en Nevasa y en 1995 en El Salvador- las incineraciones eran una opción residual. Cabe recordar, incluso, que la Iglesia católica comenzó a admitir la opción de la incineración en 1963, aunque siempre anteponiendo como preferible la sepultura. Incluso en 2016, tras admitir la incineración como una práctica común, insistía en recomendar «que los cuerpos de los difuntos sean sepultados en el cementerio o en otro lugar sagrado». Fuera por motivos religiosos, culturales o antropológicos, en 1995 se cremaron 76 fallecidos en la capital. El año pasado, en cambio, se estima que 958 personas fueron incineradas en los hornos crematorios de Valladolid, de un total de 3.947 fallecidos. Es decir, unas ochenta incineraciones al mes.
