Analizar el fenómeno de la corrupción en España en una tarea ardua y compleja. En los últimos años, el problema se ha situado como una de las principales preocupaciones de los españoles debido al elevado número de escándalos que han surgido. Ahora bien, ¿se ha instalado la corrupción en nuestro país de una forma sistémica? ¿Estamos mejor o peor que otros países donde la lacra también se abre paso? ¿Está todo podrido, como creen algunos, o hay margen para la esperanza?
En su ensayo La corrupción en España: rasgos y causas esenciales, Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, considera que “cuando España comienza su difícil y amenazada transición democrática, las personas con responsabilidad para diseñar el modelo institucional que habría de regir nuestro sistema político decidieron, probablemente de forma acertada para aquel momento, que las normas deberían incentivar la gobernabilidad y desincentivar la inestabilidad”. El trabajo publicado en la revista Open Edition aporta claves interesantes de un fenómeno que está lastrando la imagen del país y su crecimiento económico.
Así, la experiencia de nuestras dos previas repúblicas había sido “descorazonadora”, precisamente por su inestabilidad y los conflictos que no pudieron resolver. La experiencia decimonónica de la Restauración aportaba alguna clave, aunque también “abría grandes sombras de duda por la consolidación del caciquismo y su déficit democrático”, según Villoria. En todo caso, la experiencia británica, unida a ciertos rasgos del modelo alemán, podían completar unos buenos marcos de referencia para esta nueva etapa de la historia española.
“El resultado ha sido bueno, en términos de prosperidad, convivencia y justicia. Pero ha llegado, muy posiblemente, a su punto de agotamiento. Las instituciones generadas dificultan el control y la accountability de forma excesiva, son poco incentivadoras de la representatividad y favorecen la opacidad y, con ello, el abuso de poder y la corrupción”, concluye el profesor.
La corrupción se da sobre todo en el nivel local de Gobierno
La imagen de España se ha venido abajo internacionalmente, nuestra economía se ha desmoronado, la fábrica social se resiente “pues la desconfianza, como las termitas, está demoliendo sinuosamente el sistema”, asegura Villoria. Ha llegado el momento de dar un salto histórico y, basados en el aprendizaje sensato y razonable, mejorar las bases institucionales de nuestra democracia. “Los datos de las encuestas de percepción de corrupción nos están dando la voz de alerta, si nuestros gobernantes siguen sin responder, probablemente estemos perdiendo la mejor oportunidad histórica de nuestro país para estar en el pelotón de los social y económicamente avanzados y dejar atrás el subdesarrollo, los conflictos y la pobreza”.
Desconfianza institucional
En su trabajo, Villoria hace un exhaustivo análisis de los rasgos y causas de la corrupción en España. La emergencia de multitud de escándalos de corrupción y la correspondiente preocupación por este fenómeno, medida esencialmente a través de encuestas de percepción y de victimización, se ha sumado a la presión hacia la desconfianza institucional existente en España, derivada de la crisis económica y de la sensación de falta de respuesta por parte de los poderes públicos a las demandas de los españoles.
“En base a lo hasta ahora estudiado podemos establecer algunas hipótesis que trataremos de demostrar en el texto, en concreto las siguientes: Uno. España no tiene un problema de corrupción sistémica. Dos. En España la corrupción de los funcionarios es baja. Tres. Pero, sin embargo, existe un problema serio de corrupción política. Cuatro. Probablemente ahora hay menos corrupción de la que había cuando estábamos creciendo. Cinco. La corrupción se da sobre todo en el nivel local de Gobierno. Seis. La percepción de corrupción ciudadana de la corrupción es altísima y ello genera, a su vez, problemas. Siete. Las causas fundamentales de corrupción han tenido o tienen que ver con defectos institucionales muy graves y áreas de riesgo muy poco protegidas.
En su artículo el profesor analiza esencialmente el concepto de corrupción entendido como abuso de poder en el sector público para beneficio privado, sea directo o indirecto, con incumplimiento de normas jurídicas. “Es por ello que no vamos a hacer aquí referencia a la corrupción en el sector privado o la corrupción pública que no implica incumplimiento claro de normas jurídicas, como ocurre con la captura de políticas. Somos conscientes de que, con esta decisión, dejamos fuera de análisis aspectos relevantes de la corrupción, pero la complejidad del fenómeno hace inevitable la acotación. Seguimos con ello una línea ya consolidada, pues los estudios sobre escándalos políticos y corrupción en España en los últimos 15 años se han centrado esencialmente en la corrupción pública sancionable jurídicamente”.
