Renovación del CGPJ: imposible hacerlo como quiere la derecha judicial y eso lo sabe Reynders

Ya se ha dicho aquí en anteriores ocasiones. El PP no quiere llegar a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial por mucho que medie el comisario europeo, Didier Reynders. La idea de Alberto Núñez Feijóo de que se haga la reforma del sistema de elección de vocales al mismo tiempo que la renovación es imposible porque la operación requiere de la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial y existe el peligro de traspasar las líneas rojas establecidas en la Constitución. El remedio sería peor que la enfermedad. El desastre podría llegar a ser gigantesco porque cabría la posibilidad de una sentencia de inconstitucionalidad a medio plazo que invalidaría al nuevo órgano de gobierno de los jueces y las decisiones que hubiese adoptado. Asimismo, la posibilidad de efectuar nombramientos de jueces en comisión de servicios para aliviar la alarmante situación precaria del Tribunal Supremo que propone la derecha judicial no es viable porque el decreto que prohíbe la designación de magistrados por un Consejo en funciones abarca todo tipo de situaciones, incluidas esas comisiones de servicio.

La derecha judicial propone acabar con la dramática situación del Tribunal Supremo nombrando jueces en comisión de servicios. No dice quien efectuaría esos destinos, si es el ministerio de Justicia el que se encargará de los nombramientos o el Consejo General del Poder Judicial. Cuando se aprobó el decreto que limita las funciones del órgano de los jueces mientras está en funciones, se dejó muy claro que no hay posibilidad de efectuar ningún acto en tal sentido. Porque lo que se pretende es acabar con esa descarada discrecionalidad que permite colocar a magistrados conservadores en las instancias superiores. Y ya está bien porque en estos momentos es verdad que en el Supremo hay que cubrir algo más de 30 vacantes de magistrados. Pero también es cierto que una tercera parte de los jueces en activo están vinculados al opus dei. Hay que acabar son ese estado de cosas si se quiere una carrera judicial que obedezca al principio democrático de separación de poderes. Mientras haya tal cantidad de juristas que obedecen a una opción social determinada es imposible que haya un mínimo de credibilidad por mucho que quieran en la UE reformar el poder judicial de este país para adecuarlo a “los estándares europeos”. Porque en el viejo continente no existe una situación semejante. Por eso es necesario un control por parte del parlamento. Precisamente para evitar este estado de cosas.

Alberto Núñez Feijóo insiste en algo que es imposible. La Constitución establece que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está integrado por un presidente y  20 vocales con un mandato de cinco años de duración. De los 20 vocales, doce deben ser elegidos “entre jueces y magistrados”, pero no se dice, en ningún caso, que esa designación corresponda a los integrantes de la carrera judicial.  Primer escollo porque, si se lleva a cabo la propuesta conservadora, hay que reformar la Carta Magna y eso requiere de plazos y, por consiguiente, prolongar la anomalía democrática.

La Constitución especifica que los 12 vocales de procedencia judicial serán designados “en los términos que establezca la ley orgánica del poder judicial”. Esta ley dice que “los 20 vocales que integran el Consejo General del Poder Judicial son designados por el Parlamento, es decir, Congreso y Senado, entre jueces, magistrados y juristas de reconocida competencia”. De acuerdo con la norma, el congreso elige 10 vocales y el senado los otros diez por mayoría de tres quintos.

Todo ello se determina en el artículo 567 de la ley que es el que Núñez Feijóo quiere suprimir al mismo tiempo que se procede a la renovación. Pero eso supone abrir la caja de pandora parlamentaria porque no basta sólo con lo que lo acuerden socialistas y populares. Se necesita un consenso. Y está por ver lo que opinan Vox, Sumar, y los socios minoritarios. Es verdad que PP y PSOE tienen suficiente mayoría como para promover el trámite en solitario. Pero lo que está claro es que una aprobación semejante sobrepasaría el plazo de dos meses establecido por Bruselas para acordar una solución. Y habría que ver la fórmula empleada porque se puede requerir dictámenes del propio CGPJ y del Consejo de Estado. Y la reforma debe contar con el visto bueno de las asociaciones judiciales implicadas. No solo la de los jueces sino también los fiscales.

Porque Núñez Feijóo quiere ir más lejos. Ya no sólo habla de la renovación del CGPJ, sino que quiere incluir una reforma de la regulación del Tribunal Constitucional y de otras instituciones como la fiscalía general del Estado. La derecha pretende una revolución institucional que supondría la revisión de muchas leyes orgánicas. Demasiadas para el actual panorama de división política. Un elemental sentido de la prudencia dice al gobierno progresista que es imposible esa maniobra. Está claro que no se quiere renovar el Consejo General del Poder judicial por mucho que Reynders se empeñe en que existe posibilidad de acuerdo.

Hay una reunión prevista para el próximo día 12. Y habrá transcurrido la cuarta parte del plazo de dos meses que fijó el comisario. Hay discretos contactos entre representantes de Génova y Ferraz, pero, según cuentan en medios cercanos a ambas formaciones, el clima reinante es de pesimismo. Se plantean otras cuestiones, amnistía incluida, antes de lo que hay que tratar. Y en el PSOE empiezan a dar por superada la mediación europea disponiéndose a elaborar el tan traído y llevado “plan B”: la reforma de la ley acordada con los socios para que sea la mayoría simple del Congreso la que se disponga a renovar el CGPJ.

Habrá que ver cómo reaccionan en Bruselas y sobre todo entre los vocales conservadores del organismo que lleva escandalosamente caducado cinco años. Y sobre todo qué va a hacer su presidente, Vicente Guilarte, quien ha insinuado que dimitirá, que volverá a su cátedra de Valladolid, si no se alcanza un acuerdo. Sin Guilarte en el consejo, los vocales de signo progresista tienen todas las posibilidades abiertas, incluida la de la dimisión en grupo. Y entonces sí. Entonces el CGPJ quedaría inoperante porque no tendría quorum suficiente ni siquiera para aprobar esas declaraciones incendiarias que aprueba el grupo conservador contra el gobierno progresista monopolizando a toda la institución.