Con un órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, en precario, y con un ministerio de Justicia que lo único que le preocupa es sacar adelante proyectos de ley con escasa repercusión ciudadana como es el de derecho a la defensa, la judicatura se prepara para un colapso sin precedentes. El acuerdo con los LEAJ ha soliviantado los ánimos. Los sindicatos representativos en el colectivo de los funcionarios de la administración judicial quieren el mismo trato y una subida salarial similar a la pactada con los letrados: de 420 a 450 euros. Comisiones Obreras, UGT, CSIF, y STAJ exigen, además, la paralización de otro proyecto de ley del departamento que dirige Piar Llop: el de eficiencia organizativa. Si no se atienden sus demandas, a partir del próximo 17 de abril llevarán a cabo paros parciales indefinidos desde las 10 hasta las 13 horas. Se calcula que una convocatoria como esta puede llegar a paralizar la celebración de 350.000 juicios en toda España a sumar a los que, en estos momentos, se encuentran aplazados debido a la huelga de dos meses de los letrados y que, a pesar de todos los planes de choque que se han diseñado, no encuentran fecha y hora en las agendas de los juzgados.
El Consejo General del Poder Judicial, con una vocal menos por la dimisión, aceptada, de Concepción Saez, y un presidente que se tiene que jubilar en un par de meses, sigue sin poder cubrir las vacantes que se están produciendo en el Tribunal Supremo. Una merma de efectivos que ha llegado a la sala de Lo Penal, la de mayor carga de trabajo y la más trascendente para la vida social de este país. Miguel Colmenero, magistrado, se ha jubilado por lo que la instancia que preside Manuel Marchena empieza a contar con menos efectivos y, por lo tanto, menor quorum a la hora de celebrar plenos y dictar sentencias. Y el CGPJ, que va para cinco años que se encuentra en funciones, no puede, según la ley de marzo de 2021, cubrir esas vacantes. Y encima se encuentra con otro problema. Las cuatro principales asociaciones que representan a jueces y magistrados se han reunido con representantes del ministerio de Justicia porque exigen la convocatoria urgente de la mesa de retribuciones: quieren subidas salariales que el gobierno no está dispuesto a conceder. Las asociaciones amenazan con seguir los pasos del resto de colectivos de conforman la administración de justicia: harán movilizaciones que pueden llegar hasta sus últimas consecuencias, la huelga.
Por su fuera poco, las asociaciones de fiscales también se reunieron con los representantes ministeriales en unos encuentros que calificaron de “decepcionantes” y “desalentadores”. Ya están preparando un calendario de movilizaciones si, de aquí al 10 de mayo fecha en la que el ministerio se ha comprometido a convocar la mesa de retribuciones, no se ha llegado a un compromiso de subida salarial “acorde con la que se ha ofrecido a los letrados de la administración de justicia”. Los fiscales tampoco descartan acciones contundentes como puede ser la huelga.
Y a esto hay que añadir las movilizaciones que van a llevar a cabo los abogados pertenecientes al turno de oficio de las que ya hemos hablado aquí mismo y que desembocarán en una manifestación el próximo 27 de abril ante el Congreso de los Diputados. Unas movilizaciones que cuentan con el apoyo del Consejo General de la Abogacía Española y la casi totalidad de los colegios de abogados de España. Y eso significa que los abogados “libres”, los que no prestan sus servicios en el turno de oficio, pueden secundar las acciones de sus compañeros para solidarizarse con sus demandas.
Con los letrados del turno de oficio soliviantados, con jueces y fiscales elaborando un calendario de movilizaciones en el que no se descarta una huelga, con el paro indefinido de los 45.000 funcionarios que puede suponer la paralización de más de 350.000 juicios a los que hay que añadir los 400.000 aplazados por la huelga de los LEAJ, las 480.000 demandas pendientes de reparto, y 1.500 millones paralizados en las cuentas de consignaciones de los juzgados, está clara la incapacidad de los organismos que administran la justicia en España, CGPJ y ministerio, para resolver un problema que seguramente acabara en colapso. El colapso de uno de los servicios públicos esenciales del Estado.
