En un informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se ha revelado un alarmante aumento en el atasco de los juzgados y tribunales de España. Según los datos, al cierre del tercer trimestre de 2023, se acumularon 3,9 millones de asuntos pendientes, representando un incremento del 18,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este incremento se produce a pesar de que el porcentaje de asuntos resueltos creció en 4,3 puntos. Es de suponer que a la ya conocida demora de los juzgados, las huelgas de jueces y secretarios judiciales han ayudado a incrementar el atasco.
Jurisdicciones
La situación es particularmente crítica en la jurisdicción civil, donde la pendencia aumentó un 21,2%, dejando 2.222.031 asuntos en trámite. En el ámbito penal, la pendencia ascendió a 1.036.146 asuntos, un 17,6% más que el año anterior. La jurisdicción contencioso-administrativa y la social también experimentaron aumentos, con 230.008 y 418.882 asuntos pendientes respectivamente.
El número total de asuntos registrados ante la justicia durante el tercer trimestre de 2022 creció un 8,8%. Este incremento fue generalizado en todas las jurisdicciones, con excepción de la contencioso-administrativa, que experimentó una leve disminución del 0,7% en el número de asuntos ingresados.
Resolución de asuntos
En términos de resolución de asuntos, se registró un incremento en la jurisdicción civil (4,3%) y penal (5,2%). Sin embargo, hubo una disminución en lo contencioso-administrativo (1,9%) y en lo social (0,4%).
Los datos del informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales indican que, en el conjunto de España, se registraron 1.656.616 asuntos nuevos, un 8,8% más que en el mismo trimestre del año anterior. Los tribunales resolvieron 1.418.725 asuntos, pero el número de casos pendientes aumentó significativamente.
La tasa de litigiosidad en España se situó en 34,5 asuntos por cada 1.000 habitantes, con comunidades como Canarias, Baleares y Andalucía mostrando tasas superiores a la media nacional.
El CGPJ también anticipa que en 2023 se dictarán un 11,2% menos de sentencias que el año anterior, lo que sugiere un desafío continuo para el sistema judicial español en su lucha contra el atasco de casos. Este escenario plantea preguntas importantes sobre la eficiencia y la capacidad de respuesta del sistema judicial, y subraya la necesidad de buscar soluciones efectivas para abordar este creciente problema.
La justicia está obviada y perseguida ahora, no interesa a la mafia política que funcione, por eso no tiene presupuesto para que, haciéndolo tarde, sea injusticia.
Ahora hasta quieren que los jueces sean juzgados por sus decisiones.
Todo ello con el oneroso hecho de que los jueces pueden ser nombrados por aquellos a los que pueden juzgar. No hay separación de poderes, todo el poder en la misma persona o dictador.
Hace años, era más que suficiente un apretón de manos para formalizar un pacto o cerrar un compromiso de cumplir con lo acordado…Qué lejos queda el “puedo prometer y prometo”,el cumplimiento de la Ley…de las reglas y normas establecidas que todas las personas involucradas deben obedecer, por ética y responsabilidad…Los únicos perjudicados son los ciudadanos, que esperan meses, años…hasta que se resuelva sus asuntos judiciales…Los salarios del personal de justicia, deberían contemplar un plus de productividad, que debe ser proporcional a la resolución y al cumplimiento de objetivos…