El juzgado sigue sin dar la autorización al Ayuntamiento de Vigo, solicitada el día 24, para proceder al desalojo forzoso de los inquilinos de las pensiones clandestinas de dos edificios de la rúa Fisterra 11-13 que se niegan a evacuar las viviendas desde el día 19 de octubre, fecha en la que el Ayuntamiento instó a la propiedad y a los inquilinos a abandonar los dos edificios en vista de la «situación crítica», según un informe del arquitecto municipal, en la que se encuentra la instalación de electricidad y el riesgo que se corre de incendio, tal como sucedió el pasado día 11 en otro edificio de Vigo de similares características deficientes en el que murieron una mujer y 3 de sus hijos. Se cumple este lunes el décimo primer día de desobediencia tanto de la propiedad como de buena parte de los 40 inquilinos que habitaban las pensiones ilegales que cobijan los edificios.
Los residentes se niegan a abandonar sus habitaciones (la mayoría de ellas minúsculas, sin ventilación y sin luz natural) por el miedo a quedar en la calle en vista del grave problema de acceso a la vivienda que sufre en Vigo la población sumamente vulnerable o extremadamente pobre, como es el caso de las personas que habitan estos dos edificios que presentan un estado deplorable ya desde 2015, fecha en el que se abrió un primer expediente en Urbanismo por desprendimientos en las fachadas que dan a la calle
La insuficiente solución del Ayuntamiento de Vigo para una jubilada en situación de vulnerabilidad
En este sentido, REDE, la Plataforma Estatal de Familiares de Residencias, sigue el caso de una de las inquilinas, Elena Moredo, desde hace dos años. «Incluso le entregamos alimentos de vez en cuando, en las situaciones más desesperadas».
En estos momentos de desalojo de la pensión clandestina en la que residía, el Ayuntamiento de Vigo garantiza su estancia temporal en un hotel, y la comida también (junto a la Cruz Roja), «no así el desayuno y la cena».
Ex trabajadora (gerocultora/cuidadora) de DomusVi, la empresa líder en el Estado español en los cuidados de las personas mayores y personas con discapacidad, Elena está imposibilitada para trabajar por parálisis grave y extensa del cuerpo (paresia) tras varias infecciones de todo género en la pandemia, «entre otras cosas por la nefasta gestión en la higiene y en la seguridad laboral en el DomusVi ‘más VIP’, como le gustaba decir a la ex consejera delegada de DomusVi sobre el geriátrico ubicado en Salesas-Teis, Vigo, en el que residió y murió el padre de Feijóo», denuncia la plataforma.
Discriminada por su acento y sus discapacidades físicas
Las inmobiliarias y los propietarios no le alquilan un piso por su acento latino de crianza, por su debilidad económica y, en algunos casos, por sus discapacidades físicas también. Ha padecido «discriminación absoluta durante estos últimos años en la búsqueda de vivienda, en la acepción estricta que señala como discriminación el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas…». Dicen, desde la plataforma, que «Elena es tan viguesa como el alcalde». Nació en la selva venezolana hace 58 años, de familia completamente gallega, madre de Vigo, padre de Ourense criado en Vigo, emigrados a América por necesidad.
El retorno a la próspera ciudad que fue de su madre y de su padre, a la Europa de los derechos, se transformó en la peor pesadilla posible… Elena y su marido venezolano, éste sin recursos ni subsidios, viven con 480 euros al mes de una pensión no contributiva, la mitad es para sufragar una habitación minúscula y cochambrosa, sin ventilación ni luz natural, y la otra mitad vuela en los primeros días del mes.
«Incumplimiento sistemático de la Constitución Española por parte de los poderes públicos»
Hace tres años tuvo que elegir, o vivía debajo de un puente o en la habitación inmunda clandestina pagando 250 euros al mes que le ofrecieron en la rúa Fisterra de Vigo, «donde una red local desalmada abusa criminalmente de esa precariedad que afecta a decenas de personas sumamente vulnerables», señala la plataforma.
En el fondo de la historia de Elena está «la vulneración, el incumplimiento sistemático de la Constitución Española por parte de los poderes públicos», denuncian, y en concreto el Artículo 47, donde reza que todas y todos «tienen derecho a gozar de una vivienda digna y adecuada; los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho».
