El pasado mes de Septiembre, 55 diputados de Unidas Podemos, ERC, Junts, Bildu, Más País, la CUP y Compromís, llevaron al Tribubal Constitucional la conocida como Ley Uber de Ayuso por invadir presuntamente, las competencias municipales y, por lo tanto, incurrir en la inconstitucionalidad que se señala en el recurso que presentaron. La competencia estatal también se ve vulnerada con esta Ley Uber de Ayuso, según explica el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional. En concreto, la ley madrileña de las VTC invade la competencia estatal sobre el transporte recogida en el artículo 149, así como el artículo 14 en cuanto al principio de igualdad, todos ellos de la Constitución Española. Recientemente hemos podido conocer que la magistrada que llevará este asunto será la Ilustrísima Doña Concepción Espejel Jorquera.
¿Quién es Concepción Espejel Jorquera?
En 2021 saltó la sorpresa en el Tribunal Constitucional (TC). El acuerdo alcanzado entre PSOE y PP para renovar a cuatro magistrados con el mandato caducado desde 2019 arrojó un nombre de difícil encaje en las perspectivas de perfiles moderados y técnicos que se presuponían desde que se conoció que los dos principales partidos se sentaban, por fin, a dialogar sobre la renovación del tribunal de garantías y de los otros órganos constitucionales. Es el de Concepción Espejel, una jueza marcada políticamente como indisimuladamente afín al PP. Concepción Espejel fue, desde 2017, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, un nombramiento que generó mucha polémica por su pasado ligado al Partido Popular y a su amiga María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP y exministra de Defensa. De hecho, Cospedal le impuso la orden de San Raimundo de Peñafort.
Espejel entró en 2008 como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del Partido Popular. En 2016, la jueza fue obligada por el conjunto de magistrados de lo Penal de la Audiencia Nacional a excluirse de los tribunales que iban a juzgar la primera época de la trama Gürtel debido a su afinidad con el Partido Popular, imputado en la causa; NO HABÍA QUERIDO ABSTENERSE POR INICIATIVA PROPIA.
Los jóvenes procesados por la agresión en Alsasua (Navarra) a dos guardias civiles de paisano recusaron antes de su juicio a la jueza Espejel por su afinidad con la Benemérita, al estar casada con un mando de la Guardia Civil, pero la recusación cayó en saco roto. Esperemos que Podemos también recuse a la jueza en esta ocasión para sumarlo así a todo su historial y en el peor de los casos, dejarla marcada de cara a si fuese necesario llevar el caso a Europa si la jueza continuase al frente del asunto.
EL DEFENSOR DEL PUEBLO SE CONTRADICE A SU ANTERIOR RESOLUCIÓN Y TAMBIÉN SE VENDE AHORA A AYUSO Y LAS MULTINACIONALES
Siendo plenamente consciente de que el Defensor del Pueblo tiene cero relevancia y que casi es mejor que no te apoye puesto que parece el defensor de las causas perdidas y siempre va de la mano del perdedor, me parece reseñable el viraje de este órgano que ahora se contradice a sí mismo. El Defensor del Pueblo de España es un órgano de relevancia constitucional que deriva de la figura sueca del ombudsman y está encargada de velar por el respeto de los derechos que el título I de la Constitución de 1978 otorga al ciudadano, y puede inclusive para ello supervisar la actividad de la Administración aunque en la práctica no sirva para nada.
A petición de la ya extinta UNALT (Unión Nacional de Asociaciones Libres de Autopatronos y Empresarios del Taxi), el Defensor del Pueblo se pronunció hace años acerca de la problemática entre los sectores del Taxi y el de los vehículos de arrendamiento con conductor (VTC).
En la página 7 de la resolución realizada por este órgano de relevancia constitucional, afirmaban taxativamente que “el servicio de Taxi está dirigido ordinariamente al transporte en zonas urbanas o urbanizables, donde el arrendamiento de servicios con conductor, ahora liberalizado, no puede prestar su servicio”. Es decir, que los vehículos VTC (autorizaciones ESTATALES) no pueden realizar itinerarios que discurran íntegramente dentro de un mismo término municipal (ejemplo: Atocha-Plaza Castilla)
Sin embargo, recientemente, el Defensor del Pueblo, en una nueva resolución que acaba de hacer pública (motivada por la petición que realizó la Federación Profesional del Taxi de Madrid, para que se sumasen gambién ellls al recurso de Inconstitucionalidad), entiende que en base al Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y a la legislación Nacional, el Gobierno regional, en el ámbito exclusivo de su territorio, puede “establecer la posibilidad de que los operadores titulares de autorización de arrendamiento de vehículos con conductor realicen trayectos urbanos dentro de su territorio”. Por ese motivo, y descartando que se vulneren los citados principios Constitucionales, el Defensor del Pueblo ha rechazado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley que, recientemente fue modificada para que por fin pudiera incluir un régimen sancionador para las VTC.
LA JUEZA AMAGOIA SERRANO, ENCARGADA DE JUZGAR LA PETICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES CONTRA LA MISMA “LEY UBER” DE AYUSO, TAMBIÉN HA SIDO RECUSADA POR TENER PRESUNTOS INTERESES EN EL ASUNTO
El pasado 28 de octubre, un grupo de Taxistas representados por el ex-magistrado Elpidio Silva, presentaron una solicitud de medidas cautelares contra la “ley Uber” de Ayuso, por ser esta contraria al artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Uropea. Y tal como posteriormente desarrolla el punto 3 del artículo 108 del mismo tratado, los estados miembros interesados no podrán ejecutar las medidas proyectadas antes de que en dicho procedimiento haya recaído decisión definitiva.
El pasado 22 de Noviembre, el despacho de Elpidio Silva interpuso un recurso ante el Ilmo. Juez Decano de los Juzgados de Madrid, por haberse “equivocado” en el reparto de estas medidas cautelares previas a una demanda de competencia desleal, por haberse otorgado al juzgado número 1 de lo mercantil cuando según la normativa de reparto publicada en el Boe, debería haber caído en el 6, 7, 8, 9, 10 u 11.
En el día en el que se presentó el recurso en el decanato debido a esta “equivocación” en el reparto, el decanato se negaba a recoger dicho recurso afirmando que ellos habían hecho bien su trabajo. “Si no tienes nada que esconder, recoges el recurso y respondes explicando el por qué lo has hecho bien, como además es tu obligación”, afirma el despacho de Elpidio Silva. Finalmente tras dos horas de discusión, recogieron el recurso (como era su obligación) pero posteriormente se han negado a responder nada absolutamente, y “no dicen ni que lo han hecho bien ni que lo han hecho mal, sino que le pasan el marrón a la jueza… Vamos… que se hacen los locos porque no quieren que figure nada por escrito…”
Recusación contra la Jueza Amagoia Serrano, por tener intereses en la causa y por manifiesta falta de imparcialidad e independencia:
Además del cuestionado reparto por parte del Decanato, con anterioridad a estos hechos, el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid viene conociendo de la demanda de competencia desleal presentada por taxistas profesionales, contra algunas de las futuras demandadas en la presente solicitud de medidas cautelares. Esta demanda se formuló hace 3 años, 10 meses y 23 días. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, dicho JM1M, ni ha convocado a las partes a la audiencia previa correspondiente, ni ha admitido a trámite debidamente la demanda formulada, ni tan siquiera ha acumulado bajo su conocimiento ulteriores demandas, que vienen tramitándose en Juzgados de lo Mercantil número l de Madrid, pese a que su conocimiento corresponde a este juzgado
Además los Taxistas interpusieron una querella contra el anterior magistrado de esta misma sala ya que prácticamente no impulsó en absoluto el conocimiento de dicha demanda de competencia desleal.
En una de las anteriores demandas de taxistas que también tocó casualmente en este mismo juzgado y con esta misma jueza (Amagoia Serrano), los Taxistas formularon un escrito haciendo constar que la nueva denominación de uno de los demandado, GESTAXI, había cambiado su denominación y ahora se llamaban AURO NEW TRANSPORT. Para posteriormente afirmar la jueza que “respecto al emplazamiento de AURO NEW TRANSPORT CONCEPT S.L., no ha lugar al no ser parte demandada en las actuaciones conforme al escrito de demanda presentado”. Es decir, que sorprendemente, para esta jueza, cambiarse el nombre es motivo de archivar todas las causas que pueda tener una persona física o jurídica.
PREOCUPACIÓN COMO CIUDADANO. ¿HASTA DÓNDE SERÁN CAPACES DE LLEGAR?
Me preocupa no solo como Taxista sino también como ciudadano español, no solo el resultado final de este recurso de inconstitucionalidad, sino el saber hasta dónde está dispuesto a llegar el poder económico de las transnacionales a través del poder político y judicial que orquestan a su antojo el futuro de nuestras vidas. Porque es tan descarado y flagrante lo que hacen con nuestros derechos más básicos, que a veces pienso que cuanto peor, mejor… Pero por el contra, en mi desesperanza tambié llegó a la conclusión de que la vergüenza que sienten es nula y que están dispuestos a pisotear hasta nuestra Constitución, con tal de conseguir sus objetivos.
