Willy Toledo se sentó ayer en el banquillo de los acusados por blasfemar contra Dios y la Virgen María. En concreto, el actor cometió su “horrendo” crimen cuando se atrevió a criticar en las redes sociales el juicio contra tres mujeres juzgadas por la llamada “procesión del coño insumiso”. “Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María”, aseguró Toledo, que puede ser un incontinente verbal pero de ninguna manera un criminal.
En cierto modo, lo de ayer no fue un juicio propiamente dicho, sino más bien una especie de auto de fe religioso, a la manera medieval, con la ultraderecha ejerciendo el papel de implacable inquisidor. Cuesta trabajo creer que en pleno siglo XXI se pueda llevar a alguien ante un juez por un simple juramento, y mucho más siendo como es España el país de los blasfemos, que algo tenía que quedarnos de la herencia de Quevedo. Que levante la mano quien no haya dicho alguna vez en su vida una palabrota o haya soltado unas blasfemias mirando al cielo y señalando al Sumo Hacedor. Siendo honestos, si Willy Toledo ha sido conducido ante la Justicia como un vulgar galeote por una imprecación más o menos improcedente y más o menos chusca, habría que hacer lo mismo con millones de españoles de a pie que cada día echan pestes del Altísimo y juran en hebreo, como suele decirse, contra todo el calendario de santos y vírgenes católicas.
Pero no es esa la cuestión más preocupante. Lo que realmente pone los pelos como escarpias es que el Código Penal, un texto legal de Derecho Positivo (es decir, emanado de una sociedad democrática, aconfesional y libre y no de una inspiración divina, como las Tablas de la Ley de Moisés) pueda ser utilizado como arma de persecución religiosa, a la manera de un crucifijo, contra todo aquel que no profese el nacionalcatolicismo más trasnochado, ese mismo que algunos tratan de imponernos de nuevo, como en los viejos tiempos del franquismo. La historia nos ha dejado abundantes, trágicos y sangrientos ejemplos de que cuando la religión impregna el ordenamiento jurídico civil, el fanatismo, la barbarie y la crueldad se terminan apoderando de una sociedad, véanse los estados cristianos durante la Edad Media (donde se quemaba a una mujer por la simple acusación de brujería sembrada por varios testigos) o los actuales estados musulmanes de corte teocrático, donde la sharia o ley islámica transmitida directamente por Alá permite dilapidar hasta la muerte a una mujer juzgada por adúltera.
Quiere decirse que es mal asunto que la Justicia se deje influir no solo por ideas y pensamientos de derecho divino, sino por los grupos ultraortodoxos que los defienden. El segundo mandamiento, “no tomarás el nombre de Dios en vano”, no es más que eso, una ordenanza por la que los católicos deciden regirse en su vida religiosa pero que afecta al estricto ámbito privado de su congregación y que no debería, bajo ningún concepto, inspirar leyes civiles, mucho menos leyes emanadas por un Parlamento soberano y democrático cuya Constitución, en su artículo 16, establece que España es un Estado de Derecho que garantiza la libertad de expresión y que además se define como aconfesional, esto es, con plena libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.
En nuestro país ninguna confesión tiene carácter estatal, por mucho que la extrema derecha se empeñe en que seamos todos católicos y de misa de doce, y si un ciudadano muestra una opinión crítica contra una religión determinada o suelta un chiste o hace una sátira o incluso una execración contra esa confesión, se le podrá acusar de tener la lengua de un carretero, pero nunca de cometer un delito.
Ayer, Toledo defendió su derecho a “blasfemar”, que mal que le pese a algunos no es ningún crimen, aunque pueda ser considerado causa de excomunión por el Vaticano (algo que probablemente al bueno de Willy no le quita el sueño y hasta agradecería tal expulsión de la Iglesia, viendo el grado de intolerancia con el que se manejan los católicos fundamentalistas e intransigentes). Toledo no ataca a nadie, ni a moros ni a cristianos, ni siquiera a los seguidores de “la secta del monstruo del espagueti volador”, como muy bien ha ironizado durante su declaración ante el juez, ya que cuando dijo lo que dijo sobre Dios y la Virgen tan solo expresaba su “indignación” y su crítica legítima, como todo ciudadano, sobre hechos de la “actualidad política”. Evidentemente, su blasfemia puede ofender a los católicos (sobre todo a aquellos que tengan la piel más fina y sensible) como también puede ofender a otros que un ultraderechista llame “maricón” a una persona homosexual y no por eso vamos a estar todo el día en el juzgado con querellas arriba y abajo. “Lo que delinque son actos, no palabras”, ha alegado en su defensa Toledo, quien ha terminado parafraseando a Evelyn Beatrice Hall al recordar aquella famosa cita: “No estoy de acuerdo con lo que dices pero defenderé tu derecho a expresarlo”. El impecable argumento jurídico de Toledo, que trata de llevar hasta el final en un acto de coherencia ideológica y personal que le honra, es avalado por la Fiscalía, que ha pedido su absolución por estos hechos al situarlos en el marco de la libertad de expresión.
Por su parte, la acusación ejercida por Polonia Castellanos, de Abogados Cristianos −esa extraña organización que ahora se atribuye el protagonismo de encabezar la nueva Santa Cruzada judicial contra el ateísmo comunista (más bien una caza de brujas en toda regla)− cree que las palabras de Toledo “vejan el dogma” y que de ellas puede deducirse un “ataque a la libertad religiosa”. Nada más lejos de la realidad. Toledo no quiere atacar a nadie, ni implantar por la fuerza una fe o confesión religiosa diferente a la católica, ni siquiera imponer su ateísmo a los demás. Simplemente quiere hacer uso de su derecho sagrado a la libertad de expresión y que le dejen en paz.
Habrá que ver cómo enfoca los hechos el titular del Juzgado Número 11 de Madrid, que en una interpretación conservadora y restrictiva concluyó en su auto, hecho público el 26 de septiembre, que los hechos objeto de instrucción podrían ser “constitutivos de un delito contra los sentimientos religiosos”, invocando al artículo 525 del Código Penal. Una valoración que de plasmarse en una sentencia condenatoria contra el actor probablemente será revocada en instancias más altas, como el Tribunal Supremo o el Constitucional, donde la jurisprudencia siempre ha estado claramente a favor de la libertad de expresión.
“Soy ateo y me cago en Dios todos los días cada vez que se me cae un plato en un dedo gordo del pie, como hacemos la mayoría de ciudadanos. Voy a seguir diciendo todo aquello que me salga de las orejas decir”, ha declarado el actor con más razón que un santo, nunca mejor dicho. En realidad, su insulto es el que suelta cualquier persona normal y corriente, cualquier mortal, como todo hijo de vecino. Willy es un tipo mucho más humano y digno que todos estos meapilas moralizantes que se creen más perfectos, más puros y más limpios que el mismísimo Dios. Y es que nos ha caído una plaga bíblica de beatos y puritanos que no se puede aguantar.
