El Colegio de Abogados de Madrid se apunta a la reacción

La abogacía madrileña se encuentra, estos días, con un cambio de política de su junta de gobierno. Hasta ahora, el ICAM se había mostrado exquisitamente neutral a lo largo de todos estos años. Pero el actual decano, Eugenio Ribón, ha decidido cambiar su estrategia y ha convertido la corporación en un instrumento al servicio de la derecha reaccionaria. Dejó perplejos a más de un colegiado con la presentación de una denuncia contra la fiscalía de Madrid por haber hecho públicos datos fiscales del novio de Díaz Ayuso argumentando que se había vulnerado el secreto profesional del abogado que le representa, y, ahora, se dedica a ceder las instalaciones de la madrileña calle de Serrano para que las asociaciones conservadoras de jueces, fiscales, inspectores de Hacienda, inspectores de Trabajo y altos funcionarios se dediquen a arremeter contra el gobierno de Pedro Sánchez, la exfiscala general del Estado, Dolores Sánchez, la amnistía y advertir, una vez más que el estado de derecho en España corre peligro. Un importante sector de abogados exige explicaciones a Ribón y, al mismo tiempo, le señalan porque se está preparando, según ellos, para entrar en política.

En 2022, Eugenio Ribón fue elegido decano del Colegio de la Abogacía Madrileña, ICAM. Fue el preferido de unos comicios con baja participación. En total, de los más de 75.000 colegiados, fueron a votar el 7,82 del censo. Ribón obtuvo 3.680 votos, superando a los favoritos, Juan Gonzalo Ospina y Miguel Durán. Era la primera vez que accede al decanato un abogado adscrito al Turno de Oficio, en su caso desde hace más de 22 años. Tal vez esa fue la razón por la que salió elegido. El colectivo de profesionales que se apuntan a la justicia gratuita es cada vez mayor y, por lo tanto, más influyente. Pero Ribón, que utilizó el argumento de la defensa de sus intereses durante la campaña, no ha hecho nada por ellos en el año y medio que lleva en el cargo. Y el turno de oficio está en permanente estado de protesta: con movilizaciones permanentes a pesar de que se les ha dicho, por activa y pasiva, que las huelgas que llevan a cabo son ilegales. Ahí el decano sí se ha mojado. Les apoya manipulando los turnos para que puedan ejercer su derecho sin colisionar con las órdenes que llegan desde el ministerio de Justicia.

La deriva del decano hacia posiciones derechistas empezó a producirse a raíz de su designación como vicepresidente del Consejo General de la Abogacía, hace escasamente dos meses. El Consejo se encuentra muy politizado, por una parte, y, a su vez, bastante desprestigiado por la falta de transparencia en sus cuentas. Una falta de transparencia que ha supuesto la denuncia de algunos medios de comunicación sobre la utilización de los recursos económicos para actividades personales de los miembros de la junta de gobierno lo que supuso un incremento de las cuotas que no fue bien visto por los asociados. A su presidenta, Victoria Ortega, se la ha señalado como próxima a Núñez Feijóo, incluso se la incluyó en alguna quiniela como ministra de Justicia en un hipotético gobierno del Partido Popular. Ribón se ha debido de contagiar de esta forma de ver la defensa corporativa de la abogacía española y no ha tardado en hacer declaraciones públicas utilizando el argumento de la derecha judicial de que la separación de poderes está amenazada en España. Sobre la situación de la justicia llegó a decir que: “no recuerdo ningún otro momento tan nefasto. Es uno de los tres pilares del Estado y está enferma de gravedad”.

Eugenio Ribón tomaba partido. Pero lo más relevante de su nueva estrategia ha sido la presentación de una denuncia en los juzgados por el famoso comunicado de la fiscalía donde se revelaban detalles de una oferta de acuerdo efectuada por el abogado de la pareja de la presidenta de la CAM, Alberto González Amador, dirigida al ministerio público para evitar su responsabilidad penal por la comisión de dos delitos de fraude fiscal. Es verdad que, como representante de los abogados, su decano tiene la obligación de defender, con todos los medios a su alcance, a sus afiliados. También es cierto que los organismos estatales, y en concreto la Agencia Tributaria, tiene prohibido revelar sus relaciones con la ciudadanía. Pero esa denuncia se presentó en un momento delicado porque Isabel Diaz Ayuso había acusado a la administración central de llevar a cabo una “conspiración” contra ella a través de su pareja.

La denuncia no fue bien vista la Asociación Libre de la Abogacía, ALA, que acusa a Ribón de favorecer los intereses políticos y personales de la presidenta de la Comunidad de Madrid. “Ribón y su equipo están desviando la atención de los asuntos profesionales del colectivo en favor de una agenda política al anunciar acciones legales contra la fiscalía provincial de Madrid”, señaló la asociación en un comunicado en el cual añadía que “es evidente que la sobreactuación de la junta de gobierno del ICAM, y en especial de su decano, no obedece a la necesidad de defender intereses profesionales colectivos, sino a la defensa de intereses políticos y personales en un asunto muy concreto”.

Las críticas hacia la gestión del decano Ribón han arreciado, y la Asociación Libre de la Abogacía ha cuestionado la intervención del ICAM en asuntos políticos señalando que la defensa de los intereses profesionales del colectivo debería ser prioritaria. De ahí que se haya vuelto a poner en evidencia públicamente a la junta de gobierno por haber organizado las jornadas “Sociedad Civil y el Estado de Derecho” en las que la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus llamó “hooligan de un partido político” a una compañera, la exministra y exfiscala general, Dolores Delgado, el moderador el periodista Ángel Expósito, llegó a decir que “estas jornadas no se habrían celebrado si ese señor llega a dimitir” en clara referencia a Pedro Sánchez, y Pilar Astray, miembro del comité ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura, arremetió contra la amnistía porque “esta es una ley que parte de comprar una mentira en el pacto de investidura cuando habla de lawfare”. Se han manipulado muchos argumentos. Han echado la culpa del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial a los políticos sin mencionar expresamente al PP y se han mostrado contrarios a toda modificación del órgano de gobierno de los jueces que no implique la elección directa por parte de los jueces.

El ICAM cuenta con más de 75.000 colegiados. Ribón solo logró el apoyo de 3.680, una mínima parte de la profesión que empieza a quejarse, no sin razón, de que el decano, en lugar de dedicarse a mejorar las condiciones profesionales y personales de sus miembros, hace política inclinándose, además, por una opción determinada y mostrándose beligerante hacia la contraria. Ribón debería recordar que en el colectivo que representa también hay numerosos profesionales que simpatizan con las ideas y la acción que lleva a cabo el gobierno progresista y a los cuales debe respetar. Algo que no está haciendo. Por cierto, Dolores Delgado, como fiscala es abogada y está dada de alta en el Colegio. No es bueno que la corporación en la que está dada de alta organice unas jornadas en las que se la ataca.