Si es verdad que Vicente Guilarte que, recordemos es el sustituto del sustituto del presidente del Consejo General del Poder Judicial, se va antes del verano, – se podía ir ya, total para lo que hace-, a quien va a perjudicar no es a un organismo inoperante, desprestigiado y caduco, cinco años y medio, sino a quien está provocando tal situación, a la derecha conservadora, al PP que perderá a un vocal más.
Con la renuncia de un conservador, el CGPJ quedará con 15 miembros, nueve nombrados a propuesta del PP y seis progresistas. Su puesto será ocupado por un “halcón”, Wenceslao Olea, ponente del dictamen sobre la amnistía remitido al Senado, que deberá hacer frente a una complicada situación porque, en el momento en que se produzca una baja o ausencia, puede llegar a perder el control. En otras palabras, que el CGPJ deja de ser un organismo al servicio de la derecha lo que siempre ha perseguido el Partido Popular con el bloqueo.
Entramos en la tercera semana de abril. El plazo para que concluyan las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, auspiciadas por la Comisión Europea, termina sin que se advierta posibilidad alguna de acuerdo. Ni siquiera de acercamiento. El comisario de justicia de la UE, Didier Reynders, adelantó que las posiciones se habían acercado. Pero si los planteamientos siguen siendo los mismos que en la última reunión entre el ministro, Félix Bolaños, y el representante popular, Esteban González Pons, las posiciones de ambas partes están muy alejadas. El PP insiste en que la renovación del Consejo del Poder Judicial debe aparejar el cambio de una ley que tiene que tramitarse parlamentariamente con todas sus consecuencias en un momento en el que hay tres elecciones a la vuelta de la esquina, dos de ellas en las cuales cualquier decisión política puede afectar al equilibrio alcanzado en el Congreso. Imposible de asumir por parte de los socialistas. Pero es que, además, las posiciones de partida de los dirigentes de Génova se han incrementado y ahora piden la reforma de otras leyes, la relativa a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y la designación del fiscal general del Estado. Unas exigencias maximalistas y difíciles de cumplir. La modificación del funcionamiento de la corte de garantías implicaría llegar más lejos: una reforma de la Constitución significaría abrir la caja de pandora. Se empezaría a hablar de delicados asuntos como el diseño territorial del país o la reivindicación histórica del modelo de Estado: Monarquía o República. Sería abrir un melón imposible de digerir en los actuales momentos de bipolarización política.
Por lo tanto, el acuerdo es prácticamente imposible. El comisario Reynders se irá de Bruselas sin lograr su objetivo, y, tal y como era de esperar, el presidente del Consejo General del Poder Judicial tendrá que cumplir su palabra. Ya se lo ha avanzado a la comisión permanente, su “núcleo duro”. Que, total para el escaso margen de maniobra que tiene, mejor se vuelve a su cátedra de derecho Administrativo de Valladolid. “Tanta paz lleves como descanso dejas”, se podría decir de una persona que ha revolucionado un organismo que no merece consideración alguna: cinco años y medio caducado, en situación ni siquiera ilegal sino inconstitucional, que todavía se permite el lujo de elaborar informes contrarios a leyes que están elaborando los órganos soberanos de este país como es el Congreso y el Senado y, mientras tanto, guarda en el cajón de los despachos dictámenes sobre el anteproyecto de reforma de la ley orgánica de Enjuiciamiento Criminal. Este sí que es necesario legalmente para que se pueda presentar a debate en el Congreso y no una proposición como es la de la amnistía. Simplemente una comparación como ésta nos muestra la instrumentalización que está haciendo la derecha del órgano de gobierno de los jueces.
El anuncio de la dimisión de Vicente Guilarte se produce al mismo tiempo en que los jueces progresistas y conservadores han hecho un llamamiento conjunto para que se logre un acuerdo que concluya en la renovación del consejo. «Las excusas que se ofrecen, inacabables y cambiantes, no pueden aceptarse», denuncia en un comunicado la asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia. Los llamamientos no sirven de nada. Las posiciones siguen estando muy distantes y todo gracias a la obstinada postura del PP.
El Partido Popular no ha medido sus fuerzas. Si Vicente Guilarte se va, será un vocal menos a la hora de sacar adelante las instrucciones de Génova a los miembros del Consejo que designaron en 2018 cuando Mariano Rajoy era el inquilino de La Moncloa. La composición de fuerzas queda en nueve a siete, muy cerca del empate si se tiene en cuenta que, además, de persistir la actual situación, alguno de los vocales acabará por jubilarse, o, en el peor de los casos, abandonar sus funciones por enfermedad o fallecimiento. Y en ese supuesto, la derecha perderá la influencia que es la clave para mantener esa posición: el dominio de una institución que, trabaja bajo mínimos porque apenas tiene competencias después de que la reforma de la ley orgánica del poder judicial de marzo de 2020 limitase sus competencias mientras se mantenga en funciones.
Por mucho que el nuevo presidente de turno, el que será sustituto del sustituto de otro sustituto, Wenceslao Olea, intente forzar la situación, al Consejo General del Poder Judicial le queda escaso margen de maniobra. El problema es que la situación se hace insostenible con el paso del tiempo. El Consejo General del Poder Judicial no puede llevar a cabo una de sus principales competencias, la designación de jueces y magistrados para las instancias superiores. El Tribunal Supremo, los tribunales superiores de justicia y las audiencias territoriales. Además, tampoco puede nombrar a otros cargos de tipo técnico dentro de la institución como es el director de la Escuela Judicial cuya renuncia, por diferencias con los vocales conservadores, ha generado una nueva crisis en el seno del organismo. Y otra cosa importante: el nuevo presidente deberá dejar sus funciones en el Tribunal Supremo para hacerse cargo de la presidencia del consejo. Olea es uno de los jueces más activos de la sala de Lo Contencioso Administrativo, el núcleo duro en lo que a la oposición a los actos administrativos del gobierno progresista se refiere. El futuro presidente del CGPJ fue el ponente de la resolución que anuló el nombramiento de Dolores Delgado como fiscala de sala de Lo Militar del TS, una decisión que ha hecho mucho daño al fiscal general, Álvaro García Ortiz, por los argumentos que se utilizaron para adoptar tal determinación.
Los jueces culpan de esta situación a “los políticos”. Se olvidan de que no es así. Si alguien es culpable de esta situación es el Partido Popular. Y no hay mas vuelta de hoja. A protestar a Génova.
