2023, crónica política sobre un año convulso en España

El 2023 ha sido un año convulso en España, marcado además por las guerras en Ucrania y Gaza. Las elecciones del 23J, que dieron la victoria a Feijóo (aunque no pudo formar gobierno), dieron paso a un segundo mandato de Pedro Sánchez. Enero abrió el año electoral en vísperas de las elecciones municipales de mayo, a las que se sumarían las generales de junio. En los primeros días del año, Cándido Conde-Pumpido fue elegido presidente del Tribunal Constitucional.​ Las aguas volvieron a bajar turbias y revueltas en la Justicia española. Al desaparecer el delito de sedición, el juez Pablo Llarena modificó la orden de detención contra Carles Puigdemont y lo reclamó por los delitos de malversación y desobediencia.

El 21 de enero se celebró una primera gran manifestación en la Plaza de la Cibeles de Madrid en contra del Gobierno, a la que acudieron PP, Ciudadanos y Vox, aunque Feijóo se desmarcó finalmente y no asistió. La derecha empezaba su agria y cruenta campaña de acoso y derribo para tratar de derrocar al Ejecutivo de coalición a costa de los pactos con los independentistas. El ambiente empezó a enrarecerse más de lo debido, y un hombre de 72 años fue arrestado y acusado de haber enviado cartas con material pirotécnico a Pedro Sánchez. A finales de enero, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió su fallo sobre la cuestión prejudicial planteada por el juez Llarena sobre las euroórdenes de detención contra los líderes independentistas catalanes huidos. Mientras tanto, el Gobierno acordó con los sindicatos la subida del salario mínimo a 1.080 euros.

Los pactos con los independentistas siguieron marcando la agenda política en el mes de febrero. Esquerra Republicana y el PSC llegaban a un acuerdo para aprobar los presupuestos de la Generalitat de Cataluña. Mientras tanto, el mal recuerdo de la pandemia quedaba atrás: el Gobierno acordó el final de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en el transporte público. El 9 de febrero el Tribunal Constitucional avaló la Ley del Aborto de 2010 y rechazó el recurso del Partido Popular. A su vez, el Tribunal Supremo mantenía la inhabilitación a cuatro condenados por el procés (Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa) a pesar del cambio del Código Penal respecto de la malversación. Una noticia surrealista nos sorprendió a todos: el proyecto de inversión para trenes de Cantabria y Asturias terminó en fiasco, ya que los vagones no cabían por los túneles. Varios altos cargos dimitieron por este asunto.

Marzo fue de alto voltaje. El Congreso de los Diputados aprobaba tomar en consideración la reforma de la ley del sólo sí es sí de Irene Montero. Comenzaba uno de los mayores escándalos judiciales y políticos, ya que a partir de aquella ley más de mil presos condenados por delitos sexuales y pederastia vieron reducidas sus condenas e incluso salieron a la calle. El Gobierno trató de paliar su inmenso desgaste con un gran acuerdo con los sindicatos mayoritarios al firmar el acuerdo para reformar las pensiones. La patronal se opuso.

El 21 de marzo conoció la fallida moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez, que presentó como candidato a la presidencia al veterano economista Ramón Tamames. Aquello fue un show, un circo, un espectáculo más que otra cosa.​ El tiro le salió por la culata a Vox, ya que no rentabilizó la operación en las encuestas.

La dimisión de María Gámez como directora general de la Guardia Civil ocupó titulares de prensa.​ Mientras tanto, la exconsejera de Educación Clara Ponsatí regresaba a Cataluña después de cinco años huida de la justicia española y era detenida y posteriormente puesta en libertad. El 30 de marzo Laura Borràs fue condenada a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por falsedad documental y prevaricación administrativa.

En abril, Yolanda Díaz presentó su candidatura a la presidencia del Gobierno como líder de la plataforma Sumar en un acto en Madrid al que no asistieron los líderes de Podemos, entregados al cisma. Se abría un nuevo momento para la izquierda española. Paralelamente, y en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, eran exhumados los restos de José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos y trasladados al cementerio de San Isidro.

Entrado mayo, patronal y sindicatos alcanzaron un preacuerdo sobre salarios que incluía un incremento del 4% para 2023 y de un 3% para los dos años siguientes. El mundo del fútbol sufrió su primer gran terremoto del año cuando el jugador de fútbol brasileño Vinicius Júnior fue objeto de graves insultos racistas desde la grada del Estadio de Mestalla durante el encuentro entre el Valencia C.F y el Real Madrid. El partido se detuvo unos minutos, pero no fue suspendido. La noticia dio la vuelta al mundo. El presidente de Brasil, Lula da Silva, acusó a España de ser un “país racista”.

Poco después, otro escándalo sacudiría al mundo del deporte. El presidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, fue cesado por la FIFA tras dar un bochornoso espectáculo machista durante al final del Campeonato Mundial Femenino, donde España se alzó con el título. Ese beso no consentido a la jugadora Jenni Hermoso, y sus tocamientos de genitales mientras celebraba los goles de la selección, en el palco, junto a la reina y la infanta Sofía, pasarán a la historia como una de las mayores degradaciones de nuestro deporte.

Y así llegamos al 28 de mayo, fecha crucial en lo político. Las elecciones autonómicas y municipales supusieron un varapalo para la izquierda. El tsunami derechista terminó con Podemos, un partido que fue barrido del mapa político. Todo apuntaba a que el Gobierno estaba a punto de caer, pero Pedro Sánchez, en una jugada maestra, convocó elecciones generales anticipadas para el 23 de julio. De repente, la euforia de la derecha quedó enfriada. Comenzaba una época de pactos entre PP y Vox, los llamados bifachitos que se han asentado en varias comunidades regionales y ayuntamientos. Feijóo pagaría un alto precio, más tarde, por sus compadreos con los nostálgicos del régimen anterior.

El 5 de julio la justicia europea retiraba la inmunidad parlamentaria a Carles Puigdemont, a Toni Comín y a Clara Ponsatí. Por esas fechas Pedro Sánchez, en una entrevista en La 1 de TVE y a la pregunta de si daría a los partidos independentistas un referéndum o una amnistía a cambio de la investidura, respondió tajantemente que “no”. La cita clave fue el 23J. El PP ganó las elecciones, pero quedó a siete escaños de los 176 necesarios para la mayoría absoluta. Ni con la muleta de Vox lograba Feijóo alcanzar la Moncloa. El líder gallego se presentaría más tarde a una investidura fracasada de antemano. Llegaba el momento de Pedro Sánchez, que se aplicó a la tarea de lograr los apoyos que se le negaban al Partido Popular, demasiado contaminado por sus pactos con la extrema derecha. Fue el momento en que apareció la palabra clave de este año: amnistía. Salvador Illa, líder del PSC, dijo en la emisora de radio catalana RAC 1 que desde el punto de vista del Estado de Derecho el perdón a los catalanes encausados por el procés no era factible. “No podemos hacer nada que se salga del Estado de derecho. A partir de aquí, podemos hablar”. Sin embargo, Sánchez ya estaba negociando con Puigdemont para poder formar gobierno.

Agosto conoció el incendio forestal de Tenerife, el peor de Canarias en 40 años. La isla quedó devastada. El 17 de agosto se constituyeron las Cortes de la XV Legislatura de España. El rey Felipe VI propuso a Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, como candidato a la presidencia del Gobierno. Un encargo que nacía fallido desde el principio.​

A primeros de septiembre, la líder de Sumar y vicepresidenta del gobierno en funciones, Yolanda Díaz, se entrevistó en Bruselas con Carles Puigdemont. El líder de Vox, Santiago Abascal, tachó el encuentro de “extremadamente grave”. “Hoy el Gobierno de España está sentado con un prófugo de la justicia”, sentenció, y calificó a Sánchez de golpista amigo de los enemigos de España. Una durísima campaña de acoso y derribo contra Sánchez comenzaba de nuevo. Desde Bruselas, Carles Puigdemont ponía como condición para dar su apoyo al líder socialista la aprobación previa de una ley de amnistía, el reconocimiento del “conflicto político” y el compromiso de explorar la posibilidad de un referéndum de autodeterminación. El expresidente del gobierno Felipe González se opuso a cualquier negociación, al igual que Alfonso Guerra y otros barones en activo como García-Page. El PSOE se tensaba al máximo en sus costuras más profundas. Aznar echaba aún más leña al fuego al asegurar que estaba en marcha “una operación de desmantelamiento de la Constitución, de destrucción de su legitimidad y de reversión de una gran historia de éxito”.

Se iniciaba un carrusel de manifestaciones organizadas por la derecha y grupos ultras. Miles de personas se concentraban en Madrid, en Barcelona y en otras ciudades para protestar contra la amnistía. El Poder Judicial se rebelaba también antes de conocer el contenido de la ley. La constitución de la Mesa del Congreso de los Diputados dio pistas sobre lo que estaba por llegar. Fue elegida como presidenta la socialista Francina Armengol, y se aprobó el uso en el Parlamanto español, por primera vez en democracia, de las lenguas cooficiales (catalán, euskera y gallego). ​El 24 de septiembre, otra gran concentración en Madrid convocada por el PP en contra de la posible ley de amnistía. Tal como era de prever, Feijóo perdió la investidura y ya en octubre el rey propuso a Pedro Sánchez como candidato. Por esas fechas, el líder del PSOE empezó a virar en su discurso, cambiando radicalmente de opinión, y a admitir la posibilidad de una amnistía.

El 7 de octubre se lanzaba al espacio el primer satélite español, el Miura 1. El 12 de octubre, durante la Fiesta Nacional, el ambiente estaba más que enrarecido. Hubo pitidos y abucheos al presidente Sánchez. La princesa de Asturias, Leonor de Borbón, desfiló con el uniforme de cadete de la Academia General Militar (Zaragoza). Más tarde juraría la Constitución en una ceremonia solemne en el Congreso. Este ha sido el año de la mayoría de edad de la aspirante al trono y su puesta de largo en las instituciones democráticas. ​

Mientras tanto, el 24 de octubre, se firmaba del pacto entre el PSOE y Sumar para reeditar el Gobierno de coalición. Sánchez defendía la amnistía ante el Comité Federal del PSOE. La decisión fue contestada en la calle con una gran concentración en la plaza de Colón de Madrid convocada por Vox. Santiago Abascal la justificó como un acto “contra el golpe de Sánchez”. La tensión política alcanzaba cotas como no se veían en nuestro país desde la Transición.​

El 2 de noviembre el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña firmaban el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez que incluye la ley de amnistía, el traspaso de Rodalies y la condonación de 15.000 millones de la deuda contraída por la Generalitat con el Estado. La Asociación Profesional de la Magistratura, la asociación mayoritaria de jueces, hizo público un comunicado en el que afirmaba que la amnistía es “el principio del fin de la democracia”. Sin embargo, lo peor del año estaba por llegar. El 3 de noviembre, varios centenares de manifestantes, convocados a través de las redes sociales el día anterior, se concentraron durante la tarde y la noche ante la sede federal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para protestar por la amnistía. La concentración fue apoyada por Vox con el mensaje: “Esto no es más que el principio. Movilización permanente contra la mayor traición”. “Todos a Ferraz”, tuiteó Abascal. Se corearon eslóganes fascistas y se exhibieron banderas preconstitucionales. Hubo violencia callejera, batallas campales, decenas de detenidos. “Sánchez a prisión, ni amnistía ni perdón”, gritaban los grupos ultras. “Borbones a los tiburones”. “La Constitución destruye la nación”. La situación social explosiva recordó a los peores tiempos del procés. El PSOE dio orden de cerrar las casas del pueblo en toda España. Los violentos disturbios se prolongaron durante semanas. Un ambiente extraño, casi guerracivilista, encogió los corazones de millones de españoles.

El 9 de noviembre, PSOE y Junts alcanzaban un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez que incluía una ley de amnistía para los encausados en procedimientos judiciales por el procés. Las cuatro asociaciones judiciales firmaron un documento en el que criticaban la creación de una comisión parlamentaria para investigar la supuesta guerra judicial (lawfare) contra los independentistas catalanes, incluido en el acuerdo entre socialistas e independentistas, porque eso supondría cuestionar la independencia judicial y el Estado de derecho. Fueron los días del atentando contra Alejo Vidal-Quadras en pleno centro de Madrid.

El 17 de noviembre, tras haber obtenido el día anterior la investidura como presidente del Gobierno por 179 votos a favor y 171 en contra, Pedro Sánchez prometía su cargo ante el rey, iniciando así su segundo mandato. Sin duda, los dos bloques, progresista y conservador, seguirán a la gresca en 2024 en un país más polarizado que nunca. Corren malos tiempos para la democracia.