Caso Popular: 2020, el año de la justicia (VII)

Dentro de la cronología del proceso de resolución y venta del Banco Popular que dejó en la ruina a más de 305.000 familias surgía una duda: ¿en qué momento entró el Santander definitivamente en la operación? ¿Cómo se realizó todo para que el banco presidido por Ana Patricia Botín se hiciera con una entidad sistémica, solvente y viable por un euro?

El día 22 de mayo se reunió el Consejo de Administración del Santander y se aprobó que sólo se harían con el Popular en el caso de que se produjera un proceso de resolución:

En este documento se marcan todas las condiciones que se dieron con posterioridad. En primer lugar, comprobamos cómo el Santander estaba dispuesto a quedarse con el Popular por 0 euros y da la posibilidad de negociar hasta un máximo de 200 millones, tal y como ya indicamos hace meses en estas páginas. En segundo término, se explicita que el Santander sólo realizaría la operación en un escenario de bail in o resolución por parte de las autoridades europeas. Este punto es importante puesto que aquí encontramos la respuesta a lo indicado por Emilio Saracho —tanto en la entrevista realizada por Antonio San José el día 7 de junio y en su comparecencia en el Congreso de los Diputados— sobre el bail in pactado. En tercer lugar, el Santander ya indica que necesitará una ampliación de capital de 7.000 millones de euros cuando ni siquiera se había realizado la primera valoración de la Junta Única de Resolución (JUR) ni la provisional de Deloitte.

Además, en esa misma fecha se iniciaron las negociaciones con los fondos buitre BlackStone y LoneStar para la venta de los activos inmobiliarios del Popular, un proceso que no se hubiese iniciado si la entidad cántabra no hubiera tenido la seguridad de que iba a adquirir al sexto banco español en base a las condiciones que más le favorecían.

A lo anterior hay que unir lo que ocurrió en la madrugada del 7 de junio, horas antes de que la operación fuese comunicada a la CNMV, en referencia al proceso de compra por un euro. El despacho de abogados de cabecera del Santander, Uría y Menéndez, impuso sus criterios para desplazar cualquier responsabilidad de la resolución a la JUR y al FROB. El documento contractual de la venta del Popular al Santander por un euro provocó que el proceso se retrasara aún más. Hubo que levantar hasta tres actas porque quienes estaban en el proceso desconocían el modelo de registro una operación de este tipo al ser el primero que se realizaba a través de la aplicación del Mecanismo Único de Resolución.

El Santander presionó para que se hiciera del modo más conveniente para ellos y, finalmente, se impuso un documento preparado por Uría y Menéndez.

La primera acta era un contrato de compraventa al uso, algo que el Santander no podía permitir porque había que blindar la operación. Por eso impusieron el documento preparado por Uría y en el que se recogía de forma específica que la venta era consecuencia de un proceso de resolución para, de este modo, evitar responsabilidades judiciales posteriores y que esas responsabilidades fueran para la JUR y el FROB.

Ese documento sólo se firmó una vez que el Popular había sido intervenido, es decir, cuando la JUR y el FROB ya habían ejecutado la reducción a cero del valor de las acciones y los bonos. Esta fue la forma por la que se justificó el euro que se pagó en metálico.