A Pedro Sánchez le quedan 3 meses

Los acontecimientos han transformado el manual de resistencia de Pedro Sánchez en una guía para la supervivencia. El tiempo corre y el presidente del Gobierno tiene apenas 3 meses para poder dar la vuelta a la situación crítica en la que se encuentra ahora mismo. Sánchez, que ha vivido momentos muy difíciles en política, jamás se ha encontrado en un escenario tan crítico. Está acorralado y el tiempo pasa sin que haya ningún atisbo de esperanza para él.

La oposición lleva pidiendo la convocatoria de elecciones desde el mismo momento en que Alberto Núñez Feijóo fue incapaz de conseguir los apoyos para su investidura. Acusaban a Pedro Sánchez de tener miedo a convocar nuevos comicios. Sin embargo, la realidad es que entonces no podía porque la ley se lo impedía. Había que dejar correr el reloj hasta que se cumpliera el plazo legal de dos meses.

Sánchez consiguió ser investido presidente en el mes de noviembre gracias a los pactos con las formaciones independentistas y nacionalistas, acuerdos en los que se encontraba una amnistía para el soberanismo catalán. Esa amnistía ha provocado un rechazo casi absoluto en toda la geografía española, salvo en los territorios donde el nacionalismo tiene fuerza, porque se comprobó que Sánchez pagaría el precio que hiciera falta para atornillarse en La Moncloa. Desde un punto de vista meramente económico, Sánchez pagó cerca de 170.000 millones de euros para continuar siendo presidente.

A la amnistía, una ley que, según el informe previo a su tramitación de la Secretaría General del Congreso, contiene motivos de inconstitucionalidad, hay que sumar cuestiones meramente políticas, como ha sido el batacazo electoral del PSOE en Galicia. La realidad es que este ha sido el principio del fin porque en el País Vasco las expectativas no son nada halagüeñas y, sobre todo, en las europeas del mes de junio todo indica que la debacle va a transformarse en tragedia.

Si le faltaba poco a Pedro Sánchez, el Caso Koldo es un misil nuclear a la línea de flotación, no sólo del gobierno central, sino de todo el partido. La reacción que se ha tenido a la «venganza de Ayuso» ha sido un verdadero disparate. Queriendo ser más papistas que el Papa, el PSOE ha pretendido, por orden de Sánchez, ser ejemplarizante e intentar demostrar que el partido tiene una política de «tolerancia cero» contra la corrupción. Sin embargo, se ha cometido un error tras otro. Se ha suspendido de militancia a José Luis Ábalos cuando ni siquiera ha sido llamado a declarar ni, por supuesto, se le ha imputado ningún delito.

Por otro lado, las ramificaciones de la trama de las mascarillas se van extendiendo a más ministerios y gobiernos autonómicos, afectando a personas con cargos representativos en la actual administración. En cambio, a diferencia de lo realizado contra Ábalos, Sánchez no está aplicando el mismo rasero contra la presidenta del Congreso.

Si aún no había suficiente, el nombre de Begoña Gómez ha salido a la palestra por sus relaciones con el Grupo Globalia, tanto antes como tras el rescate a Air Europa, la aerolínea de la familia Hidalgo, aprobado por el Consejo de Ministros a Air Europa.

Ese rescate ya generó mucha polémica porque estaba en juego una gran operación empresarial. Tal y como publicó Diario16, el gobierno de Pedro Sánchez no informó sobre quiénes han sido los lobbies o las consultoras que han mediado en la negociación del rescate a Air Europa, lo mismo que las facturas emitidas por las grandes empresas que han auditado si la aerolínea era o no merecedora de recibir ese dinero público.

No hubo ningún tipo de información sobre el planning presentado por la empresa ni se hizo público en el BOE porque, según el Ejecutivo, contenía información clasificada de Air Europa. Es decir, la misma excusa que dan en Europa para proteger a las entidades financieras.

En estas mismas páginas también se informó de la presencia de Acento, la consultora del exministro Pepe Blanco, en la mediación entre las empresas y la SEPI para el acceso a los fondos aprobados por el Gobierno el pasado mes de julio. Sin embargo, no sólo es Acento, sino que los grandes despachos de abogados también están haciendo lobby para el acceso a esos fondos. Además, deben hacerse públicos los informes realizados por auditoras internacionales para que el pueblo conozca los criterios seguidos para conceder el rescate.

No se puede olvidar jamás cómo la empresa de Pepe Blanco, la misma de la que fue directivo uno de los hombres clave del gabinete de Pedro Sánchez, que está presidida Alfonso Alonso, exministro del Partido Popular y que quiso fichar recientemente a Alberto Garzón, se promocionaba en las grandes empresas con un dossier en el que presumía, con una foto del ministro Ábalos, de su capacidad de acceso a los ministerios del gobierno de Sánchez.

Por otro lado, la activación de ventilador por parte del PSOE, la constante apelación al «y tú más», y la falta de explicaciones por parte de Pedro Sánchez está siendo absolutamente lesivo, porque, en primer lugar, no está calando el mensaje y, en segundo término, refuerza la posición del PP y del resto de la oposición.

Al presidente del Gobierno se le han juntado demasiados frentes adversos que en cualquier país que no fuera España habrían provocado ya su propia dimisión. La oposición le pide que convoque elecciones. Sin embargo, Sánchez, a día de hoy, tampoco puede porque sería inconstitucional.

En concreto, el artículo 115 de la Carta Magna dice en su punto 3 que el presidente del Gobierno «no procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5». Por tanto, la disolución de las Cortes no se podrá hacer hasta el 29 de mayo. Ese es el tiempo que tiene Pedro Sánchez para intentar sobrevivir y revertir la situación, algo que, desde el pragmatismo más absoluto, parece imposible.