Desde la plataforma «MacroRenovablesNo» han dado un grito de alerta, denunciando que, «las plataformas y asociaciones en defensa de los territorios, cuestionan el modelo democrático con el que se están planeando las políticas y estrategias que ponen en jaque el futuro del campo español».
Denuncian que, «de nuevo, en pleno verano, más allá de los boletines oficiales o en sus propias redes sociales, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Democrático (MITECO)», con el objetivo de «cubrir su expediente de transparencia y buen gobierno», está «intentando deslizar las políticas y medidas que regirán durante los próximos años la implementación del modelo del sistema energético centralizado: la actualización del Plan nacional integrado de energía y clima (PNIEC).»
Montañas de documentación
Desde estos colectivos denuncian que la propuesta amenaza con recrudecerse en lo que tiene que ver con el periodo 2023-2030, y que, además, «está provocando caos en las administraciones competentes, ante las montañas de tramitaciones de macroplantas industriales de renovables». Denuncian que esta enorme cantidad de expedientes conlleva a que las personas que habitan en el medio rural afectado, tienen que «estudiar y analizar a marchas forzadas» toda la documentación.
Suplican que se establezcan límites al desmesurado afán de lucro de las empresas energéticas
Subrayan que la ciudadanía, a través de estas plataformas y colectivos, suplica «pidiendo una y mil veces que se establezcan límites al desmesurado afán de lucro de las empresas energéticas, amparadas por las políticas y las administraciones europeas, estatales, regionales y, por suerte, cada vez menos, administraciones locales y ayuntamientos, para los que va a suponer una grave amenaza para el patrimonio natural y cultural, así como para el futuro del medio rural, de la biodiversidad y de las personas que lo habitan».
Enormes pérdidas y daños irreversibles
Se preguntan, desde MacroRenovablesNo, cómo es posible que este proceso se formule, en términos de justicia social y ambiental, «si tal y como se proyecta el despliegue de las renovables, sin ordenación del territorio, ni una regulación y planificación estratégica adecuadas», se compromete de manera grave la pérdida del suelo agroforestal, produciendo además afectaciones a espacios naturales protegidos y a la sostenibilidad territorial, «que amenaza a nuestra alimentación o a la captura del CO2». Además, denuncian también la consecuente pérdida de empleo rural y de un tejido productivo inestimable, «como es el vinculado al sector primario o al del turismo».
Existen alternativas
«Existen propuestas alternativas que defienden un modelo diversificado, que ponen en el centro a las personas, el territorio, a la biodiversidad, que plantean una lucha real contra el cambio climático, con sistemas que priman el autoconsumo, las comunidades energéticas, la eficiencia energética, el acercamiento de los centros de almacenamiento a las zonas de consumo, la priorización de las zonas antropizadas para el desarrollo de las renovables, la gestión de la estabilidad del sistema con la electrónica de potencia y sobre todo, el dejar de priorizar la cuenta de resultados de las grandes empresas a través del extractivismo energético como objetivo principal».
Por todo ello, consideran desde esta plataforma que «tienen mucho que aportar y le piden al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, acogiéndose al Derecho de Petición que establece la Constitución Española en su artículo 29, y desarrollado en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, que se informe y se escuche a la ciudadanía y se actúe en consecuencia».
