“Ustedes confunden y mezclan la responsabilidad política y la penal”. De esta manera contestó la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, a los representantes de los familiares de los ancianos que murieron durante la pandemia en las residencias de la tercera edad. La falta de sensibilidad social y de respeto por parte de la máxima representante del Ministerio Público no tuvo límites ni siquiera al responder cínicamente con unos datos del todo rechazables: de las 20 diligencias abiertas por la Fiscalía en torno a las denuncias presentadas por esos hechos, sólo en 2 se han encontrado presuntas responsabilidades penales. Las restantes, incluidas otras 16 presentadas, han sido archivadas.
En Moncloa están incómodos con la actuación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz que, según la derecha, está próximo a la izquierda radical y que ha asistido a algún acto público del PSOE siendo criticado por ello. García Ortiz, secretario general de la fiscalía cuando estaba al frente de ella Dolores Delgado, ha dejado clara la total autonomía de todos sus subordinados respecto al ejecutivo de Sánchez. Dicen que ha llegado a manifestar que no se va a dejar influir por nadie. Y tal vez sea por eso por lo que los fiscales de los Eres de Andalucía se han apresurado a la hora de pedir la ejecución de las penas y, por lo tanto, el ingreso en prisión de los condenados a cárcel.
García Ortiz ni se ha inmutado a pesar de que existe un recurso de nulidad previo a otro de amparo ante el Tribunal Constitucional. Un acto jurídico que, por lo menos, debería haberse tenido en cuenta a la hora de elaborar el dictamen en torno a la ejecución de las penas. Pero, claro, si se aplica el criterio expresado por la fiscal de Madrid, Almudena Lastra, de que la opinión pública confunde las responsabilidades políticas con las penales, pues entonces están claras las cosas.
Algo huele a podrido en el palacete de la calle Fortuny. Ni Dolores Delgado ni García Ortiz han logrado parar las conspiraciones que se están llevando a cabo y que tienen como principales instigadores a las dos asociaciones profesionales que pugnan por hacerse con el poder del Ministerio Público: la conservadora Asociación de Fiscales, y la Unión Progresista de Fiscales.
El pacto entre ambas asociaciones que generó el nombramiento de Alejandro Luzón como fiscal jefe anticorrupción parece haberse roto. Luzón sustituyó en 2017 a Manuel Moix quien dimitió por haber aparecido en los papeles de Panamá, en una sociedad offshore. Entonces se dijo que esta designación “era una derrota del Partido Popular”. Todos celebraban el carácter independiente del nuevo responsable judicial de la lucha contra la corrupción. Pero, con el paso del tiempo, a Luzón le han hecho la cama muchos de sus subordinados.
En la Audiencia Nacional, su fiscal jefe, Jesús Alonso, se queja de que algunos de sus subordinados no se han opuesto a decisiones controvertidas adoptadas por algunos de los jueces. Concretamente, las de Manuel García Castellón en las piezas separadas del llamado ”Caso Villarejo” como la “desimputación” de algunas relevantes personalidades, o las decisiones adoptadas en torno a algunas piezas separadas de los casos Gürtel o Púnica, como es la situación procesal de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, o la forma en que se están llevando las actuaciones en la causa del Banco Popular donde el Santander parece tener ciertos privilegios.
Todo es consecuencia de la guerra sin cuartel entre la AF y la UPF que tiene cierto paralelismo con la crisis que se vive en el seno de los jueces,
En el Consejo Fiscal, el órgano consultivo del fiscal general, donde participan las asociaciones de fiscales, la guerra todavía no ha salido a la luz. Sobre todo, porque lo que todavía sigue en pie es el pacto no escrito para evitar los medios de comunicación.
Pero lo cierto es que algo no funciona en el Ministerio Fiscal. El caso expuesto de la Fiscal Superior de Madrid es solo la punta del iceberg de muchos detalles que están teniendo lugar en los últimos meses. No están teniendo gran repercusión pública, pero, uno a uno, están haciendo una montaña de despropósitos en una institución cuya independencia está condicionada por un hecho: los fiscales representan a los ciudadanos y se deben a ellos. Esos que mezclan las responsabilidades políticas con las penales.
