Nuria Berro Fernández, responsable de la campaña de vivienda que Amnistía Internacional España lanza este lunes, 3 de octubre, Día Mundial del Hábitat que “Llevamos demasiados años soportando una crisis de vivienda que no ha terminado. Hay que cambiar las reglas de lo que a muchos les parece un juego, pero es un derecho humano que debe ser regulado con la máxima protección.
#ViviendaEsDerecho es una campaña que tiene por objetivo que la primera Ley de Vivienda que se aprueba en democracia garantice este derecho sin discriminación y ponga límite a los abusos que hasta ahora se han cometido y que siguen provocando que desde 2013 se hayan producido más de 500.000 desalojos y la población encuentre grandes dificultades para acceder a una vivienda diga y poder mantenerla”, señala.
El acusado incremento de los precios del alquiler, que desde 2016 han subido un 41% de media,está dejando cifras alarmantes como el hecho de que un 37% de los y las ciudadanas tienen que dedicar a los gastos de vivienda más del 40% de sus ingresos. Este porcentaje de población que dedica más del 40% de ingresos a vivienda solo es superado en la OCDE por Grecia (83%), Macedonia (61%) y Montenegro, Bulgaria, Serbia y Rumanía, estos últimos con porcentajes que van del 40% al 56%. Además, el contexto actual, caracterizado por el incremento del coste de la vida, o la subida de tipos de interés para hipotecas variables hace más urgente que nunca una ley de vivienda. La actual propuesta de ley, en fase de enmiendas en estos momentos tras su aprobación en Consejo de Ministros el pasado mes de febrero, es un paso adelante, pero tiene aspectos claves a mejorar para garantizar la protección de este derecho.
La ley debe exigir que los tribunales garanticen que las personas en situación de vulnerabilidad que enfrenten un desalojo no queden abocadas a una situación de sinhogarismo, asegurando que las administraciones competentes lleven a cabo las medidas oportunas para asegurar una vivienda alternativa en estos casos. España es el país en el mundo con más condenas del Comité de derechos económicos, sociales y culturales deNaciones Unidas por haber vulnerado el derecho a la vivienda.Otros mecanismos internacionales, como el Relator Especial de la ONU sobre extrema pobreza y derechos humanos, han instado a España a mejorar el acceso en términos económicos a la vivienda.
Por otro lado, aunque la ley incluye una serie de medidas para el control de los precios, éstas deben ampliarse para que sean efectivas y garanticen que la vivienda es asequible para las personas. El control de precios no se debería aplicar exclusivamente a los contratos de arrendamiento de viviendas cuyos propietarios son grandes tenedores de viviendas, sino que debería hacerse de forma generalizada a todos los nuevos contratos de arrendamiento de viviendas ubicadas en zonas declaradas de mercado residencial tensionado, y aplicarse desde la aprobación de la ley y sin plazos adicionales. Actualmente el proyecto de ley incluye una dilación en el tiempo de entrada en vigor que puede llegar hasta los 18 meses. Amnistía Internacionalrecuerda, tal y como señaló el Parlamento Europeo, que el acceso a una vivienda adecuada constituye un derecho fundamental, y que una vivienda es asequible si el presupuesto restante de su inquilino es, cuando menos, suficiente para atender otros gastos fundamentales para una vida digna.
Además, la ley debe incluir un objetivo cuantificable de porcentaje anual de incremento del parque de vivienda social. Actualmente España tiene un 1,6% de vivienda social, según reconoce el propio proyecto de ley, porcentaje muy alejado de países como Holanda (30%), Austria (24%), Dinamarca (20%), Suecia (19%), Reino Unido (17,6%) y Francia (16%). De hecho, sólo supera a Eslovaquia, Bulgaria, Portugal, Estonia, Croacia, Rumanía, Grecia o Chipre. La ley debería recoger la obligación de realizar progresivamente el derecho a la vivienda para alcanzarcomo mínimo el estándar de países de nuestro entorno de la Unión Europea, que superanel 15% de las viviendas principales existentes en los municipios con cierta dimensión o con una demanda de vivienda fuerte y acreditada destinado a vivienda social.
Para Amnistía Internacional, además, la ley debe atender específicamente las necesidades de las mujeres, con medidas concretas que mejoren su acceso a la vivienda, especialmente aquellas que además son jóvenes, migrantes, discapacitadas o en situación de pobreza. “Las mujeres tienen los peores indicadores socioeconómicos y son mayoría en hogares monoparentales, por lo tanto, es necesario que exista una perspectiva de género en esta ley”, asegura Nuria Berro.
Además, la normativa estatal que se apruebe debe contemplar y recoger aquellas medidas que se consideren relevantes ya existentes en la legislación autonómica al respecto, como la de Cataluña y País Vasco.
La línea gráfica de la campaña #ViviendaEsDerecho evoca el popular juego de simulación del mercado inmobiliario, el Monopoly, y da la vuelta en sus mensajes a la lógica financiera y especuladora, exponiendo los obstáculos para el acceso y disfrute del derecho a la vivienda que enfrenta la población española.
Amnistía Internacional ha enviado además sus recomendaciones sobre la Ley a los portavoces de los grupos políticos en las comisiones de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de Congreso y Senado, con tres prioridades clave que es necesario reforzar en la futura Ley de Vivienda: límites al incremento de precios para todos los contratos de alquiler en las zonas tensionadas, protección ante desalojos para que ninguna persona quede en la calle como consecuencia de los mismos, e incrementos concretos anuales del porcentaje de vivienda social hasta alcanzar la media europea, como mínimo. La organización tiene un marcha una ciberacción para exigir que los grupos parlamentarios trabajen sobre estas prioridades.
