Ecologistas en Acción y todos los colectivos sociales y marítimos agrupados en la plataforma contra los vertidos de la mina de San Finx, situada en el municipio de Lousame (A Coruña), han venido a celebrar que Aguas de Galicia decidiera revocar la autorización para vertidos de aguas residuales que había concedido hace un año, en febrero de 2023, y que había puesto a toda la región en pie de guerra.
La revocación se produce después de que los colectivos sociales denunciaran cómo la empresa había venido ignorando reiteradamente las condiciones de la autorización, lo que le llevó a imponerle a principios de este año una sanción de 180.000 euros por la comisión de una infracción grave derivada de vertidos con altas concentraciones de sustancias tóxicas como cadmio, cobre, zinc y níquel.
La autorización también había sido impugnada judicialmente por Ecologistas en Acción las cofradías de pescadores de Noia y Portosín y varios ayuntamientos de la ría, dadas las irregularidades en el procedimiento de autorización. Aunque los colectivos celebran una resolución que frena el vertido de casi 1.000 millones de litros de aguas residuales al año, consideran que la medida del Gobierno busca «evitar que pronunciamientos judiciales expongan las irregularidades, que además son objeto de un procedimiento penal aparte».
Próximos pasos
Dicen los colectivos que la decisión reivindica a los «numerosos grupos implicados en el procedimiento, que desde 2016 vienen exponiendo las falsedades de la minera y del Ministerio de Economía e Industria, pero no pone fin al conflicto«. Por ello, Ecologistas en Acción anuncia nuevas actuaciones junto al resto de colectivos de la plataforma para poner una solución definitiva a los vertidos de la mina, que pasa por el «sellado y taponamiento de las galerías de drenaje y la reinundación de las faenas mineras en condiciones de seguridad a perpetuidad».
También iniciarán medidas legales para exigir la revisión y cumplimiento del plan de restauración «ilegalmente aprobado en 2009, que incluye la retirada de basura y de los residuos mineros acumulados en las presas y balsas construidas en el lecho del río y que se encuentran en estado crítico».
Según denuncia denuncia Joám Evans, portavoz de Ecologistas en Acción y de la plataforma regional, «a finales de 2020, la Xunta aprobó una actualización del plan de restauración con un presupuesto de apenas 187.000 euros, cuando desde los colectivos ecologistas y del mar estimamos el coste necesario en nada menos que 10 millones de euros».
Riesgo de fuga y testaferros peruanos
Ante el riesgo de fuga de la empresa, que está en manos de testaferros peruanos desde marzo pasado, exigen «la constitución de fianzas por ese monto que permitan asegurar la explotación. También resaltan el turbio pasado de los inversionistas que ejercen el control real de la empresa, con un historial de violaciones a los derechos humanos en Colombia».
De hecho, la empresa no envió a ninguno de sus administradores a comparecer ante el Juzgado de Noia cuando fue llamado a declarar hace un mes acusado de un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.
