Anular las competencias del Consejo General del Poder Judicial, la única alternativa

Para evidenciar que el actual Consejo General del Poder Judicial da grima no hace falta tener muchas luces. Al margen de lo que opinen los que dicen representar a colectivos varios de la ciudadanía, lo cierto es que sólo hace falta escuchar las opiniones de la calle para constatar el rechazo hacia un organismo que lleva cinco años caducado y que sigue funcionando como si nada hubiese pasado. Tal vez sea por eso por lo que la propuesta de Junts se va a tomar en consideración y va a ser estudiada en el Congreso.

La formación catalana propone la reforma del artículo 570 de la ley orgánica del Poder Judicial para cesar automáticamente a los actuales vocales. Las “funciones estrictamente administrativas y sancionadoras” del Consejo serían ejercidas por tres de los miembros salientes, elegidos de mayor edad al más joven. Las demás competencias se anularían hasta que se proceda a la elección de los nuevos vocales. No es mala idea, puede ser la única alternativa si tenemos en cuenta que el PP no cede y rechaza negociar la renovación de un órgano de gobierno de los jueces que, ahora mismo, carece de legitimidad democrática.

Pedro Sánchez insiste en reunirse con Alberto Núñez Feijóo para intentar convencerle de renovar, con la normativa vigente, el Consejo General del Poder Judicial. La idea del presidente es la misma de siempre: que el PP está actuando al margen de la Constitución al negarse a llevar a cabo dicha negociación. La excusa de la derecha conservadora es la utilizada en otras ocasiones. Lo hicieron cuando el anterior gobierno eliminó del Código Penal el delito de sedición y reformó el de malversación, y ahora utiliza el mismo argumento con la proposición de ley de amnistía para los encausados por el Procés. El caso es negarse a poner al día una institución cuya composición no se corresponde con la actual mayoría social, que lleva caducada más de cinco años y que los vocales afines a Génova están utilizando para machacar al gobierno progresista con informes y dictámenes que convierten como propios de todo el órgano, sin ni siquiera, tomar en cuenta la existencia de una minoría progresista.

La mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial traspasa todas las líneas rojas atacando con dureza las palabras de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras,  que denunció la actitud de algunos jueces con nombres y apellidos  pero no son capaces de condenar las palabras del senador popular, José Antonio Monago, en las que dijo, en un pleno de la Cámara Alta, que “el mayor caso de lawfare que se ha conocido en la historia política de España lo mecieron ustedes” dirigiéndose al ministro de Presidencia y Justicia, Feliz Bolaños. Se refería a la sentencia del Caso Gürtel de la Audiencia Nacional en la que participó el juez José Ricardo de Prada quien, según el dirigente popular, fue el que introdujo el párrafo en la sentencia que condenó al PP, y que provocó la caída del gobierno de Mariano Rajoy.

La única asociación progresista del elenco judicial, Juezas y Jueces para la Democracia, envió una carta al presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, exigiéndole que, lo mismo que había hecho con las manifestaciones de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, hiciese con las de Monago. Guilarte se ha callado, igual que el resto de asociaciones de jueces y fiscales de tendencia conservadora. Sólo la Francisco de Vitoria ha salido en defensa del magistrado Prada considerado la “bestia negra” de la derecha judicial.

La deriva del CGPJ es tan evidente que en el Congreso se empieza a pensar que la única alternativa posible es la disolución de este organismo. Miriam Nogueras ha presentado, en nombre de los siete diputados de Junts, una proposición de ley para que se reforme el artículo 570 de la ley orgánica del Poder Judicial con el propósito de suprimir todas las competencias del actual órgano de gobierno de los jueces mientras permanezca caducado. Se pide ampliar la nulidad de sus funciones más allá de las que se contempló en la reforma de marzo de 2022, declarada constitucional. Los tres miembros de una especie de gestora que se quedarían al cargo de la institución “no podrán proponer nombramientos, pronunciarse ante el nombramiento de un nuevo fiscal general, interponer conflictos de atribuciones entre órganos del Estado o emitir informes sobre leyes o acerca de los expedientes de responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia ni tampoco preparar informes sobre los proyectos de leyes y disposiciones generales que le correspondan en virtud de lo dispuesto en el artículo 561”. Sus funciones quedarían reducidas a las “estrictamente administrativas y sancionadoras” hasta que no se proceda a la renovación.

La propuesta de Junts es drástica, pero parece que es la única solución posible. Todos los llamamientos al diálogo efectuados por Pedro Sánchez han caído en saco roto. Es más, la instrumentalización política del CGPJ por parte de la derecha se agudiza cada día que pasa. En un plazo de tiempo no determinado, los vocales conservadores, 10 de un total de 16, emitirán un dictamen contrario a la ley de amnistía a petición del Senado que es ilegal a todas luces. Utilizarán el argumento de que pueden dictaminar no sólo sobre las normas aprobadas en Consejo de Ministros, sino también acerca de “otros asuntos” tal y como se señala en la ley orgánica. El dictamen no tiene carácter vinculante pero servirá de elemento propagandístico para esgrimir ante Europa el déficit democrático del gobierno de Sánchez, tal y como viene argumentando la derechona del Partido Popular Europeo encabezada por el presidente del PPE, Manfred Weber, quien después de encajar, en el parlamento de Estrasburgo, la  dura respuesta de Sánchez a sus acusaciones, llegó a decir que el político español queda “descalificado para cualquier cargo futuro europeo”. Y eso se lo dijo al presidente de la Internacional Socialista. Ni más ni menos.

Este Consejo General del Poder Judicial debe desaparecer por las buenas o por las malas porque está haciendo mucho daño a una judicatura cada día más desprestigiada y politizada. Una justicia en la que nadie cree y a la que se suspende en todos los sondeos de opinión.