En Ferraz están convencidos de que la batalla por la revisión de los 30.000 votos nulos de Madrid está perdida a pesar de la presentación de un recurso ante la sala de Lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo tras la negativa de la Junta Electoral Central a efectuar un nuevo recuento de las papeletas procedentes del exterior. Dan por hecho que la sala del Supremo avalará la decisión de la JEC porque los magistrados que componen la instancia suelen dictar resoluciones que coinciden con los intereses del Partido Popular. En Génova hablan de la “pataleta socialista” pero se frotan las manos porque saben que la primera batalla está ganada.
La siguiente también, de momento, por obra y gracia de otra “correa de transmisión” de Génova, la magistrada del Constitucional, Concepción Espejel, que ha colado un auto, como presidenta de la Sala de Vacaciones, en el que rechaza la admisión a trámite del recurso de amparo de Puigdemont y Comín en una decisión que no tiene precedentes en la historia de la corte de garantías. Los estrategas del PP saben que Cándido Conde Pumpido pondrá las cosas en su sitio admitiendo a trámite dicho recurso mediante una votación plenaria. Pero el daño está hecho y el malestar en el seno de Junts Per Catalunya, el partido que controla el expresident, es evidente justo en un momento en el que hay que negociar el apoyo de sus siete diputados para dar el primer paso hacia un acuerdo de investidura: la elección de presidente del Congreso la semana que viene. El tiempo corre a favor de la derecha.
Pero ahí no termina la cosa. Mientras en Zarzuela reciben presiones para que el Rey proponga candidato en primer lugar a Alberto Núñez Feijóo, los conservadores preparan, ya, la munición que dispararán sobre la “madre de todas las controversias”. La oposición radical a la amnistía que piden los independentistas y que los socialistas están dispuestos a abordar.
Destacados expertos juristas, entre ellos un magistrado emérito del Tribunal Supremo como es José Luis Martín Pallín, han dejado claro que una nueva amnistía cabe dentro de la Constitución y del ordenamiento jurídico. En Génova ya preparan argumentos contrarios a través de las instituciones más afines que disponen como es el Consejo General del Poder Judicial que se prepara para debatir un asunto de estas características emitiendo, por supuesto, su voto contrario. Y luego está el Tribunal Supremo cuya sala de Lo Penal es la ejecutora de toda la represión judicial contra los independentistas catalanes. Los jueces de la alta instancia responderán con medidas contundentes cualquier intento de poner en marcha esa amnistía. En ese sentido veremos lo que dice su presidente en funciones, Francisco Marín Castán, el 7 de septiembre, en su discurso de apertura del año judicial que presidirá Felipe VI
El argumento que van a utilizar es simple. Ya ha habido un indulto. Una figura legal que perdona, pero no borra la actuación delictiva mientras que la amnistía genera implica el olvido. Es decir que aquí no ha pasado nada. Un argumentario que servirá a los jueces conservadores para advertir de que si se toman estas medidas se acabarán las garantías legales adoptadas para que no vuelva a repetirse lo de 2017.
Los estrategas de Génova esperan que los gestos jurídicos que están diseñando en torno a neutralizar cualquier intento de amnistía disuadirán a los independentistas para que no apoyen a Pedro Sánchez en una investidura parlamentaria. Todo ello ha de llevarse a cabo desde que se constituyan las cámaras hasta que el Rey designe candidato a Alberto Núñez Feijóo. Porque saben que su presidente no obtendrá la mayoría para salir investido por lo que el siguiente paso de Felipe VI será llamar a Pedro Sánchez quien apenas tendrá tiempo para pactar con los grupos la mayoría requerida. Y si los principales actores judiciales se encargan de advertir de que ni técnica ni políticamente es posible la amnistía, la principal demanda de Junts, no podrá ser asumida en el programa de gobierno que Sánchez deberá exponer en su discurso de investidura.
El PP va a jugar fuerte las bazas judiciales porque su objetivo no es que Núñez Feijóo sea investido presidente. Saben que, aunque se produjera el milagro, lo difícil no será la investidura sino el resto de la legislatura con mayoría de la cámara baja en su contra. Lo que pretenden es sabotear la elección de Pedro Sánchez porque la alternativa sería la repetición de las elecciones y aquí, con la crisis que atraviesa Vox, esperan mejorar los resultados del 23-J hasta acercarse, sino alcanzar, la mayoría absoluta.
Y cuando hablamos de la utilización de todos los medios jurídicos a su alcance, nos estamos refiriendo a todo el aparato de la administración de justicia. En la acción ilegítima de la Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional pocos han reparado en un hecho relevante que es al que se van a agarrar los dos magistrados conservadores para justificar su decisión: el letrado de la sala emitió un informe favorable. Un letrado con contra de la historia del TC. Ello da la medida de la situación en que se encuentra la justicia en este país.
En su día no se hizo la reforma del aparato judicial y se están pagando las consecuencias. Ahora mismo no se descarta cualquier golpe de mano por parte no sólo de los jueces, sino de todo el aparato burocrático que está detrás de ellos. Ni siquiera una nueva huelga de los letrados de la administración de justicia, y más colapso en los juzgados. Todo vale con tal de neutralizar al actual gobierno en funciones para que Pedro Sánchez llegue a su investidura lo más desgastado posible.
esta es la democracia del pp un partiducho corrupto lleno de facista corrupto y puesto ahi por votantes corrupto vamos lo mejor de lo mejor sinverguenzas
¡Y llaman al reino boubónico de España, Democracia! ¡Manda carallo!