La sala de Lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo la ha vuelto a liar. Ahora deja en suspenso el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal encargada de Memoria Democrática y, para colmo de las intromisiones extrajudiciales, pide a la Asociación de Fiscales, la conservadora mayoritaria del organismo asesor de Álvaro García Ortiz, que dictamine si la actividad profesional del marido de la fiscala, el exjuez Baltasar Garzón, puede “obstaculizar el imparcial desempeño de su función”
Parece como si en la carrera judicial de este país existiese una lista de apestados que encabeza Garzón porque si no es así nadie entiende que se haya formulado una petición a una asociación conservadora que no tiene atribuciones para dictaminar porque, aunque tenga el mayor número de vocales electos en el Consejo Fiscal, éste no deja de ser más que un organismo que asesora al fiscal general por lo que, implícitamente, deberá ser él el que dictamine sobre las incompatibilidades de la pareja de su subordinada. Y García Ortiz lo tuvo claro cuando la nombró para el cargo. Pero, claro, la sala de Lo Contencioso Administrativo es una instancia que se caracteriza por su permanente beligerancia hacia todo lo que huela a Pedro Sánchez, sea en forma de recursos contra los actos administrativos del gobierno socialista, o sea dando la patada en el culo de García Ortiz al que le tienen cogida la medida los Rafael Toledano, José Luis Requero y compañía. Los magistrados que, curiosamente, publicaron la sentencia, que le supone un nuevo contratiempo, horas antes de que el Senado, la cámara controlada férreamente por el PP, aprobase su reprobación. Que no sirve para nada, pero es un suma y sigue en la campaña de acoso contra el fiscal general. García Ortiz les ha recusado porque son los mismos que van a tener que resolver la petición de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, APIF, un grupo minoritario que cuenta con un miembro en el Consejo Fiscal, contra su nombramiento.
La sala de Lo contencioso del Tribunal Supremo ya anuló el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal togada de Lo Militar. Al admitir un recurso presentado por la fundación Hay Derecho, los jueces entendieron que la fiscalía había incurrido en desviación de poder al ascender a Delgado a fiscal de sala por el objetivo de hacerlo y no por completar una plaza vacante en el ministerio público. Cuando en el seno del Consejo Fiscal se discutió este nombramiento, la conservadora Asociación de Fiscales se levantó de la mesa por no estar de acuerdo con la designación. Ahora, los magistrados del Supremo remiten al Consejo Fiscal un nuevo argumento para rechazar el nombramiento de la fiscala: los jueces lo anulan y preguntan “si concurre o no la prohibición prevista en el artículo 58.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal”. Un artículo que impide que un fiscal trabaje si su pareja ejerce “una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función”. Recordamos que Baltasar Garzón, cuando fue expulsado de la Audiencia Nacional, abrió un despacho jurídico que se ha convertido en referente en la lucha en favor de los derechos humanos no sólo en España sino también en otras latitudes.
El artículo 58.1 del Estatuto Fiscal es tan ambiguo que va a generar un fuerte debate en lo que se refiere a la situación de Delgado respecto a su esposo. Y se vuelve a generar la situación sin precedentes en la carrera fiscal: una nueva discusión entre García Ortiz, y los miembros de la Asociación de Fiscales que han llevado la guerra contra su superior jerárquico hasta consecuencias desconocidas como es negarse a amparar a un afiliado cuando este sufrió una campaña de acoso por el informe que elaboró en torno a la inculpación de dirigentes independentistas en el caso Tsunami Democràtic y las circunstancias que rodearon este asunto. La Asociación de Fiscales no cede ni un ápice. Ni por un veterano afiliado.
No es de extrañar porque sus dirigentes han llegado a un acuerdo con las asociaciones conservadoras de jueces como la Asociación Profesional de la Magistratura para coordinar sus acciones. Para darse cuenta de la dimensión de esta ofensiva sólo cabe recordar que uno de los miembros de la sala de Lo Contencioso Administrativo es José Luis Requero, que pertenece a la APM, que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial propuesto por el PP y que mantiene muy buenas relaciones con Hazte Oír hasta tal punto que participa en los debates organizados por la organización ultraderechista.
Y Dolores Delgado parece haberse convertido en el objetivo de la derecha judicial. No la perdonan que de ministra de justicia haya pasado a convertirse en fiscala general del Estado sin haber transcurrido ese “periodo de gracia” no escrito que exigen a los juristas para moverse en el terreno de la política. Porque, en realidad, es lo único que ellos pueden criticarla: su pase automático de ministra a la fiscalía general. Es cierto que en ambos cargos fue muy criticada pero no tanto como lo fue José Manuel Maza por sus actuaciones tendentes a favorecer y proteger a personas del Partido Popular investigadas en causas judiciales como fueron el expresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Ignacio González, en el Caso Lezo, y el expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. De Dolores Delgado se pueden decir muchas cosas, pero de ella nunca salió un voto particular como el que emitió Maza contra Baltasar Garzón cuando se tuvo que estudiar un recurso contra las actuaciones que estaba llevando a cabo el exmagistrado para abrir una causa que investigara los crímenes del franquismo. Eso sí que eran actuaciones imparciales por mucho que se diga que esas actuaciones las llevó a cabo en calidad de juez.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tiene un serio problema con los nombramientos porque siempre se los acaba por anular el Tribunal Supremo. Unas veces por obra y gracia de los recursos de una extrema derecha dispuesta a poner todas las piedras posibles en su camino, y otras por miembros de la carrera que se consideran agraviados por considerar que tienen adquiridos más derechos que el que ha sido designado. La misma sala que la ha emprendido contra los nombramientos de Dolores Delgado anuló dos veces la designación de Eduardo Esteban como fiscal de sala de menores, una decisión que ha sido recurrida por el propio Esteban ante el Tribunal Constitucional. Así pues, no es de extrañar que, por unos u otros, García Ortiz no mueva a sus subordinados porque, encima, los hay que se le sublevan. Esta guerra no extraña a nadie. En el mundo judicial, a García Ortiz le llaman “el rojo estirado”. La derecha judicial no le puede ni ver.
