Banco Popular: Los poderes públicos protegen a los «culpables» del «mayor robo de la historia»

Ayer se hicieron públicas las esperadas sentencias del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) sobre la resolución del Banco Popular y no ha habido sorpresas: la Justicia europea ha hecho legal un procedimiento plagado de irregularidades legales con la coartada de defender lo que ellos llaman «el interés general», un eufemismo perverso que no es otra cosa que la confirmación de que los organismos públicos democráticos están claramente al servicio de los intereses de los poderosos y no de los del pueblo.

Además, esta decisión confirma la teoría de la existencia de un Nuevo Orden Mundial gobernado por las élites que condiciona, incluso, el funcionamiento de los organismos democráticos. Por tanto, la democracia ha muerto y los ciudadanos del mundo occidental vivimos bajo el yugo de unos pocos que lo tienen todo y que no están dispuestos a perder sus privilegios, aunque para ello sea necesario el expolio de la ciudadanía.

El Caso Banco Popular es uno de los muchos ejemplos, pero es uno de los más sangrantes porque se ha intervenido, no sólo una entidad bancaria, sino que se ha expoliado el patrimonio de 1,2 millones de personas sin ningún tipo de prejuicio para salvar lo que estos esbirros de las élites denominan «interés general».

En realidad, el «interés general» es el pueblo y esas 305.000 familias arruinadas para salvar al Santander son pueblo. Que nadie piense que esos 1,2 millones de personas son especuladores bursátiles. En Diario16 lo venimos repitiendo desde hace 5 años para ver si de una vez los partidos políticos de la izquierda se ponen del lado del pueblo y no de las élites en este caso. Hablamos de 305.000 familias de trabajadores, de pequeños empresarios, de jubilados y de autónomos. No hay más que ver las cantidades que la gran mayoría tenían en acciones del Popular: 3.000, 4.500, 1.500, 10.000 o 5.000 euros. Con este dinero, ¿alguien puede creer que se puede especular? Evidentemente, no.

Pero en este país, en la España del gobierno presuntamente más progresista de la historia, se ha perpetrado un golpe de Estado de ese Ejecutivo a su pueblo. No hay más que ver cómo la primera gran decisión adoptada por la ministra Nadia Calviño, que fue recibida con vítores, sonido de trompeta y redoble de tambor por Ana Patricia Botín, fue la de aprobar la fusión por absorción del Popular, lo que permitió al Santander la eliminación de la personalidad jurídica del banco intervenido y, en consecuencia, la imposibilidad de reclamar la propiedad legítima a sus verdaderos propietarios que eran esas 305.000 familias. Eso fue una lección de progresismo por parte de Sánchez y Calviño, valga el sarcasmo.

Sin embargo, todo se está encaminando hacia la certificación del mayor robo de la historia. Jamás un euro ha tenido tanta rentabilidad. El Santander está llevándose miles de millones de beneficios gracias al Popular, tal y como publicó Diario16, por un euro. Los organismos públicos se están colocando del lado de los poderosos y aplicando una justicia que sólo es justa para ellos, lo que significa que se está implementando una injusticia desde el poder a sabiendas. Esto sería, presuntamente, delictivo, una supuesta prevaricación que se sustenta bajo la impunidad que sostiene a los poderosos y de la que son responsables los monosabios de los tribunales.

Los tribunales no quieren investigar la verdad del Caso Popular

Las sentencias de Europa obvian todas las irregularidades cometidas por la JUR y, por extensión, por la Comisión Europea en la resolución del Banco Popular. Fuentes consultadas por Diario16 han señalado que la decisión del TGUE «elimina toda responsabilidad a los organismos europeos y la subjetividad en la valoración de los documentos que afirman lo contrario a aquello que valoran los jueces».

Se trata, por tanto, de retorcer la ley para favorecer a los «culpables reales» de la resolución porque hay que recordar que la única causa por la que 1,2 millones de personas perdieron sus ahorros fue el propio proceso de resolución cuya causa fue la pérdida de liquidez provocada a partir del segundo trimestre de 2017.

Culpables salvados y víctimas revictimizadas. ¿Eso es justicia? No, desde luego que no, es otra cosa y muy peligrosa para los hombres y mujeres que habitan el mundo porque el Caso Popular lo que está demostrando es que el «interés general» no es más que el coto privado de unos pocos y no el «bien común» que se espera que deben preservar quienes han accedido al poder o a las instituciones gracias al aval de los ciudadanos.

El Tribunal General ha afirmado, para salvar la resolución del Popular, que es lícito limitar derechos fundamentales porque, respecto al derecho a ser oído que tiene cualquier ciudadano, si se hubieran realizado audiencias se habrían «puesto en peligro los objetivos de protección de la estabilidad de los mercados financieros». Es decir, la propia sentencia confirma que los derechos fundamentales no son aplicables si se pone en juego la supervivencia de los bancos.

Además, la propia sentencia hace suyos los argumentos falsos que presentaron tanto el Santander como los organismos públicos europeos y el gobierno de Pedro Sánchez. Éstos afirmaron en sus alegaciones a los recursos de los afectados que el Popular se hallaba en graves dificultades (lo que es cierto gracias a la gestión nefasta de Emilio Saracho) y que no existían medidas alternativas que pudieran impedir esa situación. Esto último es absolutamente falso.

Existían ofertas firmes para ampliar capital, para la venta de activos no estratégicos y un plan de negocio aprobado en el mes de abril de 2017 que habría elevado la ratio de capital y de liquidez sin necesidad de recurrir al mercado.

Sin embargo, a pesar de que las evidencias son claras, tal y como lo demuestra toda la documentación publicada por este medio y que fue aportada a la Audiencia Nacional, el TGUE ha decidido aceptar como válidos esos argumentos falsos. Sí que había alternativas a la resolución, pero también había mucha prisa para que el Popular cayera, hecho que también se demuestra en cómo, una vez iniciado el proceso el día 3 de junio de 2017, las entidades públicas españolas decidieron retirar sus depósitos de manera masiva en el primer día laborable, el 5 de junio.

La defensa de los culpables por parte de la Justicia europea ha llegado al punto de que la sentencia afirma que la resolución «no constituye una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia del derecho de propiedad de las partes demandantes, sino que debe considerarse una restricción justificada y proporcionada de su derecho de propiedad». Es decir, se adoptó un procedimiento por el que se dejó a 1,2 millones de familias sin sus ahorros, lo que es una vulneración de su derecho a la propiedad, pero la Justicia lo da por válido. ¿Cómo se llama a esto?

Por otro lado, la sentencia vuelve a negar el derecho a acceso de la documentación utilizada para adoptar la resolución, lo que supone otra vulneración de derechos fundamentales, en concreto, a la tutela judicial efectiva. Los afectados no han podido preparar sus defensas en igualdad de condiciones puesto que les ha sido imposible acceder a una documentación que es clave y que se mantiene oculta para proteger a los culpables. No hay otra razón. La opacidad es el mejor instrumento que tienen los criminales internacionales para ocultar sus crímenes. En consecuencia, la negación de acceso a los documentos no es más que el blindaje judicial y la legalización de las irregularidades que culminaron en la resolución del Popular.

Esto se demuestra en cómo se ha obviado la obligación de la JUR de hacer una valoración definitiva y que no ha hecho. El TGUE ha afirmado en su sentencia que un acto ilegal, es decir, que no cumple la ley, se convierte en legal en base al «interés general». ¿O al interés del Santander?

Legaliza la resolución de un banco solvente

La desfachatez de la sentencia del TGUE llega a tal punto de legalizar que un banco solvente puede ser resuelto si así lo decide la JUR. Es decir, hace legal un hecho que no estaba previsto en el Reglamento europeo, porque el Popular era un banco solvente con problemas de liquidez. Sin embargo, la Justicia europea, para salvar a los «culpables» llega a afirmar que «el dispositivo de resolución se adoptó válidamente con independencia de los motivos que llevaron a que Banco Popular se hallara en graves dificultades». Sin complejos.

Por otro lado, se dice en la sentencia que no está demostrado que no había alternativas. ¿Cómo que no había alternativas? ¿Y las ofertas de ampliación de Barclays y Deutsche Bank? ¿Y las ofertas de compra de TotalBank de BCI y la de WiZink de Värde? ¿Y el plan de capital aprobado el 10 de abril de 2017?

Lo mismo se podría decir de las irregularidades en el proceso de venta. El TGUE se olvida de uno de los principios fundamentales de la UE, el libre mercado, de abrir el proceso a entidades no españolas y ni siquiera menciona que la subasta se realizó fuera de plazo.

La Fiscalía, junto a Saracho

Sin embargo, la actividad encubridora de los organismos judiciales no se queda sólo en la sentencia del TGUE. En España, según ha publicado El Confidencial, la Fiscalía se ha aliado con la defensa de Emilio Saracho para que el juez Calama no reclame documentos que son clave y que demostrarían la importancia que tuvo el despacho de cabecera del Santander en el proceso de depauperización del Popular que se inició en el segundo trimestre de 2017.

La Fiscalía, además, se coloca en favor de la negación de declaración de los abogados de ese despacho de cabecera del Santander. Hay que recordar que fue la entidad presidida por Ana Patricia Botín la que se benefició de la resolución.

Es tal el escándalo que se está produciendo en el Caso Popular en su instrucción en la Audiencia Nacional que ha provocado que, incluso, dos «enemigos declarados», Ángel Ron y Antonio del Valle, se hayan unido para que esas pruebas sean presentadas y esos abogados, que tantas veces han defendido al Santander en otras causas, declaren como testigos.  

Diario16 ha tenido acceso tanto a los recursos de Ron y de Del Valle y los argumentos presentados son absolutamente coherentes, sobre todo cuando hay documentación que demuestra las irregularidades presuntamente cometidas tanto por Saracho como por Uría y Menéndez durante la reunión del Consejo de Administración donde se declaró la inviabilidad.

Sin embargo, la Fiscalía lleva desde hace tiempo adhiriéndose a los argumentos presentados por la defensa de Emilio Saracho y, en consecuencia, se ha convertido en un elemento más de defensa del presunto culpable de llevar al Popular a la resolución.

Si la Justicia no puede o no la dejan aplicar una justicia justa, entonces, quizá, haya llegado el momento en que los afectados tomen otro camino. Hasta ahora, esas 305.000 familias han actuado confiando en sus instituciones. Sin embargo, esos organismos han decidido proteger a los supuestos culpables. Las revoluciones empiezan así.