¿Cómo reaccionarían los García Castellón, Llarena y Marchena si Carles Puigdemont gana las elecciones del 12-M?. Esa es la pregunta que se plantean en ámbitos políticos y jurídicos porque si el expresident de la Generalitat renuncia a la reelección al europarlamento, perderá la inmunidad y podrá ser detenido. Y un recluso ganador de unos comicios puede ser catastrófico para la imagen del país. Y todo esto es posible porque hay que tener en cuenta que la amnistía a la que se acogerá no será publicada en el Boletín Oficial del Estado como pronto hasta primeros de junio. La proposición de ley se encuentra en el Senado que tiene un plazo máximo de dos meses para pronunciarse. Si se respeta ese plazo, cosa improbable, se devolverá al Congreso cuyo pleno tendrá que ratificar su aprobación, un trámite que, por mucho procedimiento de urgencia que se aplique, habrá que añadir un par de semanas más. Por lo tanto, primeros de junio es un plazo que se puede quedar corto.
Los jueces, que tienen un plazo máximo de dos meses para ejecutar cada caso de amnistía, pueden formular cuestiones de constitucionalidad o de prejudicialidad al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En ese supuesto, el afectado está protegido por la ley tal y como dice la proposición parlamentaria. Y hasta que las instituciones jurídicas pertinentes se pronuncien no se podrá tomar acción alguna contra él. Aun así, si se tiene en cuenta que la sesión de constitución del parlamento catalán está prevista para la primera decena de junio, está claro que Puigdemont, si es elegido y acude a ocupar su escaño, podrá ser detenido.
La primera hipótesis con la que se trabaja es la de una situación similar a la de Clara Ponsatí en marzo del año pasado cuando regresó a Barcelona. Fue retenida, que, no detenida, y puesta en libertad tras ser citada para comparecer ante el juez instructor del procès, Pablo Llarena. Ponsatí ha desobedecido la citación y, por lo tanto, se ha vuelto a dictar orden de detención. Ella ha reaccionado interponiendo una demanda por considerar que no se pueden llevar a cabo acciones legales contra ella por ser aforada como europarlamentaria.
Se están estudiando las posibilidades de que Puigdemont utilice esa misma estrategia. El problema es que la cámara de Estrasburgo será disuelta a finales de mayo ya que se renovará en elecciones a celebrar entre el 6 y el 9 de junio. La fecha coincide con la constitución del parlamento catalán cuyos miembros todavía no habrán tomado posesión de sus escaños por lo que no gozarán de inmunidad.
Otra posibilidad que se baraja es que Puigdemont intente participar en la campaña electoral directamente. Y entonces puede suceder que el juez Llarena ponga en marcha el mecanismo de la orden de detención que pesa sobre él. Fuentes judiciales señalan que este sería el mayor error que podrían llegar a cometer los jueces porque una detención de Puigdemont, un personaje que goza de cierto carisma, sería un auténtico bombazo que le beneficiaría electoralmente. Aunque sólo sea por unas horas como sucedió con Ponsatí y se limite a una retención en dependencias de los mossos d`Escuadra. El sólo hecho de que se publicase en los titulares periodísticos no sólo de ámbito nacional sino también internacional tendría una gran repercusión política. Por una vez, los jueces del procès, deberían sospesar ese tipo de consecuencias olvidándose de la estricta aplicación de la ley.
Estas son las dos hipótesis con las que trabajan en el entorno del dirigente soberanista. En el Supremo, mientras tanto, se muestran cautelosos a la hora de valorar las diferentes posibilidades en el caso de que Puigdemont ponga los pies en suelo español. Ya de por sí hay un punto del que apenas se ha hablado y que se valorará en los próximos días. Y es la posibilidad de que las autoridades judiciales españolas rechacen su candidatura por considerar que pesa sobre el una orden de busca y captura, que ha sido declarado en rebeldía y que ha incumplido sus obligaciones con la justicia en los últimos seis años. De todas maneras, es difícil que prospere una iniciativa de este tipo ya que Carles Puigdemont no ha sido inhabilitado ni se le ha desposeído de sufragio ni activo ni pasivo y el mejor ejemplo en este sentido fue su presentación en las listas de Junts Per Catalunya al europarlamento en los comicios de 2019,
En fuentes de la formación neoconvergente se asegura que esto no llegará a ocurrir porque el expresident no tiene intención de participar en la campaña electoral directamente en Catalunya y que, en todo caso, lo hará por videoconferencia y comparecencias publicas desde Bruselas o, todo lo más, en lo que se conoce como la Catalunya francesa.
Por lo tanto, el periodo más complicado para Puigdemont, si sale elegido, será el de la segunda mitad de mayo. El dirigente catalán ha pedido a sus diputados que intenten aligerar al máximo la tramitación de la proposición de ley. Pero eso no depende de sus seguidores ni de los socios parlamentarios del gobierno progresista, sino del Partido Popular que intentará, por todos los medios, dilatar al máximo el trámite del texto para que, en ese corto espacio de tiempo que va desde la proclamación de resultados hasta la toma de posesión de los parlamentarios, los jueces que tienen algo que decir en torno a su situación penal, Pablo Llarena y Manuel Marchena, aprovechen la oportunidad para “dar un escarmiento” al que consideran “enemigo público número uno” del sistema judicial español. Un personaje que ha estado seis años eludiendo la acción de la justicia por mucho que lo haya vendido como “un exilio”.
Y si no que se lo digan a su principal oponente, el líder de ERC, Oriol Junqueras. Ese sí que no se puede presentar a las elecciones porque está inhabilitado. Sufrió encarcelamiento mientras que Puigdemont ha eludido la prisión a la que hay quien dice que tiene verdadero pánico.
Leyendo el artículo parece que la condición de eurodiputado de Puigdemont le ha librado de la extradición, pero eso no es verdad, cuando estuvo detenido en Alemania Llarena pudo extraditarlo, y sin embargo renunció a ello porque la ley le impedía juzgarlo por sedición. Los jueces españoles buscaron deliberadamente la inhabilitación de los independentistas para apartarlos de la política activa, y Carles es la ballena blanca que no pudieron cazar.
Puede que estas sean las elecciones más importantes desde la transición, pero los jueces las han enrarecido inhabilitando a muchísimos líderes políticos. Lo dice una persona que desea la unidad de España, pero no por vía coercitiva.