La Fiscalía de Castilla y León ha dado carpetazo a la denuncia interpuesta por Greenpeace España el pasado mes de junio de 2022, por el incendio ocurrido en Zamora en la zona conocida como sierra de la Culebra, que calcinó más de 30.000 hectáreas. El Decreto de la Fiscalía archiva también las denuncias que, por los mismos hechos, interpusieron CCOO, CSIF y Ecologistas en Acción.
“La Consejería escatima la inversión necesaria para cuidar del medio ambiente y del bosque, como le exige la normativa estatal, comunitaria e internacional, máxime en un contexto de cambio climático. Para la ciudadanía, es incomprensible que esta actitud irresponsable de los poderes públicos, que ha causado un daño ambiental gravísimo, quede impune, dejando la puerta abierta a comportamientos similares de cara al próximo verano”, ha declarado la abogada de Greenpeace, Lorena Ruiz-Huerta.
Greenpeace denunció que pese a las señales que evidenciaban la existencia de un riesgo alto de incendio, la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León -liderada por Juan Carlos Suárez-Quiñones- declaró que el riesgo era medio o bajo, conforme a lo establecido en el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León, que marca el inicio de la temporada de riesgo alto, con la consiguiente dotación de medios, a partir del 15 de junio.
«No estaban movilizados todos los recursos del dispositivo contra incendios»
La organización apunta que «los días 15 y 16 de junio, en los que se produjo el incendio, no estaban movilizados todos los recursos del dispositivo contra incendios». Los bomberos por su parte refieren que el ritmo del incendio durante el primer día era “accesible” para haber podido apagar el fuego, de haber tenido los recursos suficientes. Pero a partir del jueves 16 por la noche -debido a los condicionantes de viento, calor y sequedad que se estaban produciendo en esos días- la velocidad del fuego ascendió a 515 hectáreas por hora, por lo que en palabras de los propios bomberos, “ya no había nada que hacer”, y en algo más de 24 horas se habían quemado 10.000 hectáreas.
Según el plan de emergencias, la época de peligro medio es del 1 al 14 de junio, por lo que la Consejería estimó, en seguimiento del Plan, que estábamos en época de peligro bajo de incendios. Sin embargo, la situación de cambio climático que afecta a nuestro país desde hace años -con un cambio de las circunstancias meteorológicas y una sequedad extrema del terreno- supone que los responsables políticos tendrían que haber modificado este Plan hace tiempo, ampliando el periodo de riesgo alto de incendios a los meses de mayo, junio y julio.
En el momento en que se produjo el incendio denunciado, «llevábamos semanas de mapas bermellón de la AEMET» alertando del riesgo extremo de incendios.
Cabe tener en cuenta, además, el precedente del año anterior, cuando se quemaron 22.000 hectáreas en Navalacruz, en la provincia de Ávila, en lo que, hasta ese momento, era el peor incendio de la historia de la comunidad autónoma.
Con el historial de incendios de Castilla y León, para Greenpeace «los responsables políticos deberían haber aprobado una nueva normativa de prevención de incendios, que evitara la repetición de esta catástrofe. Pero, precisamente, la adopción de una nueva y más amplia medida de prevención de incendios fue rechazada por los partidos del Gobierno el 22 de junio en las Cortes de Castilla y León«.
La Fiscalía considera que los hechos denunciados no son constitutivos de delito, ya que “ante la adversa situación climática existente en el mes de junio de 2022 en Zamora, la Consejería de Medio Ambiente no permaneció pasiva o inactiva, sino que se realizaron actuaciones tendentes a dar solución a la situación planteada”. Pero según Greenpeace «ni el Decreto de conclusiones de la Fiscalía, ni los seis meses de investigación desde la interposición de la denuncia, han demostrado que el Gobierno adoptase las medidas necesarias para evitar un riesgo que llevaba semanas alertándose y del que existían precedentes como para haber actuado de modo responsable.
“Es justo al contrario: Si los responsables hubieran aprobado un plan de prevención de incendios, con las necesarias actividades preventivas y de mantenimiento del monte, así como con un dispositivo de extinción a pleno rendimiento en un momento en que las alertas de riesgo de incendio ya estaban disparadas, la evolución del incendio no hubiera sido tan devastadora (miles de hectáreas afectadas y miles de personas desalojadas). Es inadmisible justificar la inacción por una meteorología adversa”, explica Mónica Parrilla, responsable de la campaña de bosques de Greenpeace España.
“Lamentamos la falta de valor de la Fiscalía para denunciar unos hechos que, por su gravedad, requieren de una investigación judicial en condiciones, sometida al principio de contradicción de las partes, antes de prejuzgar la inexistencia de conducta penal por parte de los responsables políticos”, afirma Lorena Ruiz-Huerta.
La Fiscalía considera que no se ha aportado ninguna prueba que avale la realidad de los hechos denunciados. Pero para Greenpeace la evidencia de un macro incendio que devastó 30.000 ha, como consecuencia del estado de abandono del monte, de las altas temperaturas durante muchas jornadas continuadas y la falta de medios en los dispositivos contra incendios, que hubieran podido paliar la catástrofe de haber estado funcionando al 100 % de su capacidad, no sólo está acreditada, sino que «constituye una conducta ilícita por parte de los responsables políticos».
