Al final, los conservadores del Consejo General del Poder Judicial se salieron con la suya. Y, por unanimidad, se eligieron a los dos candidatos que propusieron: uno “conservador”, Cesar Tolosa, y la otra “de tendencia progresista”, María Luisa Segoviano.
Los vocales designados en su día por la izquierda retiraron al suyo, Juan Manuel Bandrés, “por sentido institucional”. Ahora ya no hay obstáculo para la renovación del Tribunal Constitucional. Los nuevos magistrados serán Segoviano, Laura Díez, Tolosa y Campo. Eso sí, siempre que los actuales miembros del TC, a cuatro de los cuales se les caducó su mandato, “validen” esta candidatura. Algo que todavía está por ver.
Y otra cosa mucho más importante. Este desbloqueo no significa que los socios de gobierno vayan a retirar las proposiciones de Ley que piensan presentar para modificar la forma de elección de los miembros del TC. Se está a la espera de conocer el auto de la Alta Magistratura para redactar dichas proposiciones de Ley que reformarán las orgánicas del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
Ya lo ha avisado Pedro Sánchez. Lo único que cambiará será “la urgencia”. Es decir, ya no hay tanta prisa toda vez que la institución va a ser renovada. Pero el fondo de la cuestión sigue siendo acabar con el sentido patrimonialista que la derecha tiene de las instituciones del Estado. No puede volver a pasar lo que ha pasado.
Esto que el catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense, José Luis Villacañas, describe así: “se ha bloqueado durante más de cuatro años un derecho del Parlamento, es la autoanulación de su dignidad (del PP) de representantes populares y su incapacidad de respetar la lógica democrática. Ha entregado su base de soberanía popular a una corporación de funcionarios de los que ya ha caducado su delegación de autoridad. Que entreguen a una potestad funcionarial delegada y secundaria la autoridad originaria de la representación popular, muestra su incapacidad de comprender la lógica democrática”.
Esta “generosidad” de los vocales conservadores del CGPJ no es gratuita. La consigna del PP está clara. Hay que impedir a toda costa la designación de Cándido Conde-Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional. González Trevijano abandona la alta magistratura y hay que elegir a su nuevo titular. Si se hubiese designado a Juan Manuel Bandrés, Conde-Pumpido habría sido elegido con toda seguridad. Pero con María Luisa Segoviano la cosa cambia. Aunque es de tendencia progresista, es mas proclive a votar al otro candidato, en este caso candidata, María Luisa Balaguer.
En el Partido Popular ha calado la idea de que Conde-Pumpido “miraría para otro lado” en el supuesto de que los independentistas catalanes se atreviesen a convocar otro referéndum de autodeterminación, mientras que Balaguer aplicaría la ley en el supuesto de que los independentistas intentaran un nuevo procés. En otras palabras: quieren seguir teniendo controlado al Tribunal por si vuelve a surgir una contingencia que, en estos momentos, parece poco probable por varias razones: porque Esquerra Republicana de Catalunya no tiene la suficiente fuerza en el Parlament y necesitará, incluso, del PSC para sacar adelante las leyes que les permitan acabar con la legislatura. Y, por otra, porque los sondeos no indican una mayoría de catalanes a favor de la independencia como sucedió en otros momentos.
Para el PP es una obsesión destruir al nacionalismo catalán. Buscan aplicar el modelo de Estado de Derecho similar al que acabó con el nacionalismo vasco a través de ETA. Eso es lo que piensan en Génova sin darse cuenta de que el nacionalismo radical vasco, sí ha podido ser derrotado. Pero esta derrota beneficia al PNV donde, algún día, intentarán, también, el salto a la autodeterminación.
La derecha conservadora se ha salido con la suya en lo que a la elección del Tribunal Constitucional se refiere. Y es lo que siempre pasa en torno a las instituciones. La izquierda, al final, acaba por ceder “por sentido de Estado”. Una situación como la que está viviendo este país no sucedería si el gobierno fuera de la mano del PP. Porque la izquierda nunca ha bloqueado, en la mal llamada transición democrática, los órganos institucionales.
La derecha sí. Comenzó utilizando de forma abusiva la potestad que tenía el Constitucional para admitir a trámite un recurso de inconstitucionalidad aplicando medidas cautelares que suponían la suspensión provisional de la norma. Lo que no lograban en el Parlamento lo conseguían mediante el Tribunal Constitucional. Este estado de cosas se acabó cuando se modificó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Pero el asunto de las medidas cautelares no desapareció del todo. Durante el procès se volvió a sacar de los cajones. Entonces fueron bien vistas por la izquierda que apoyó los recursos utilizados por el gobierno de Rajoy para parar las iniciativas adoptadas por el Parlament.
Pero ahora la situación ha cambiado. Ya no es necesario volver a aplicar las medidas cautelares o cautelarísimas porque no existen cuestiones de urgencia y excepcionalidad que lo requieran. Pero el PP las ha solicitado a sabiendas de que contaba con el apoyo de los magistrados conservadores y en especial de “uno de los suyos”, Enrique Arnaldo. Flaco favor ha hecho a la democracia y al Tribunal Constitucional. Un organismo que va a ser renovado, pero al que costará muchísimo salir del pozo en el que lo han metido los conservadores.
A mi entender los mismos que dieron el golpe contra la República Catalana, ahora lo dan contra el estado español. Avisados estábamos. Los criminales los son por matar, no por según a quien matan. Pero esto ha dejado claro hasta donde domina, aún, el franquismo. Ahora, en justicia, estos funcionarios deberían ser procesados y obligados a pagar el mal hecho a todo un país. Hay jóvenes encerrados por injusticia manifiesta, otros exiliados por lo mismo y el diputado Alberto Rodríguez Rodríguez con pérdida de su puesto con injusticia para él y sus representados. Quien pagara por ello: El muy corrupto contubernio criminal para delinquir, o sea el pp o los funcionarios corruptos (los 6) fuera de su constitución? Del T.C.