En octubre de 2022 todo estaba a punto para proceder a la firma del acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial cuando el Partido Popular echó marcha atrás pretextando la intención de los socialistas de suprimir el delito de sedición y reformar el de malversación en el Código Penal.
Catorce meses después y habiéndose generado una crisis institucional sin precedentes, se vuelve a este punto. Sólo se añade una condición, que suena más bien a un paripé, una salida digna para Alberto Núñez Feijóo porque lo de que medie la Comisión Europea suena a cachondeo teniendo en cuenta que el comisario de Justicia, Didier Reynders, se ha cansado se repetir hasta la saciedad que era necesario lo que ahora se va a hacer: renovar urgentemente el órgano de gobierno de los jueces para, posteriormente, acordar la reforma de la ley que lo regula con el fin de que sean los integrantes de la cerrera judicial los que elijan a sus superiores. Así pues, las partes vuelven a la mesa a cambio de prácticamente nada. Se ha perdido un tiempo precioso.
Aún así, quedan muchas incógnitas por resolver de las que no se ha hablado en la reunión de Sánchez y Núñez Feijóo. Y todas ellas se refieren a la futura reforma de la ley orgánica del Poder Judicial. Y es ahí donde intervendrá Bruselas. Porque lo que se refiere a la renovación urgente, no parece que vaya a haber problema alguno.
Por una parte, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y, por otra el dirigente popular, Esteban González Pons, no parten de cero porque en octubre de 2022 el acuerdo prácticamente estaba hecho, con nombres y apellidos. Diez vocales progresistas y 10 conservadores. Sólo falta por pactar el nombre del presidente. La candidatura se presenta al Congreso y se acaba, de una vez por todas, con la provisionalidad del Consejo, que volvería a recuperar sus competencias.
Y a partir de ahí es donde vienen las diferencias en las que tendrá que mediar Bruselas. Parece ser, por lo que dicen en Génova, que se ha llegado a un acuerdo para que las reuniones se celebren en España y para que participe un delegado de la Comisión Europea que tendrá el papel de mediador cuando se produzcan diferencias. Porque las hay y algunas son insalvables. Se quiere llevar a cabo una reforma en profundidad de la ley orgánica del Poder Judicial. Si se tienen en cuenta las propuestas del actual presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, el organismo perdería algunas de sus competencias.
La más importante, la potestad de nombrar a los jueces del Tribunal Supremo y los miembros de las instancias superiores territoriales y audiencias provinciales. En su lugar, serían unos “tribunales” los encargados de elegir entre los candidatos valorando sus expedientes, tal y como se hacen en los concursos de méritos. De esta manera se evitaría lo que los sectores más conservadores de la judicatura llaman “la instrumentalización por parte de los políticos de la carrera judicial”. claro está que habría que tener en cuenta la ley de la compensación porque ahora es evidente la composición ideológica de los miembros del TS claramente inclinados hacia el conservadurismo. Y eso se nota en sentencias controvertidas como las que últimamente están dictando salas como la de Lo Civil y la de Lo Contencioso Administrativo.
Está claro que pasará mucho tiempo hasta que las instancias superiores de la justicia recuperen la imparcialidad que se les supone. El daño que hizo el anterior presidente, Carlos Lesmes, en nombre del gobierno de Mariano Rajoy ha sido tan grande que enmendar la plana va a costar mucho tiempo y esfuerzo. En cualquier caso, sea de la manera que sea, hay que solucionar la grave falta de medios en el Tribunal Supremo, que está trabajando con una tercera parte de los magistrados vacante y con un déficit de mil sentencias sólo este año según datos facilitados por Moncloa.
El punto más difícil de acordar es la búsqueda de un nuevo sistema de elección de los vocales del CGPJ. El Partido Popular quiere que sean los jueces los que designen directamente a los vocales, mediante elecciones, tal y como se hace en el Consejo Fiscal. El problema es que el artículo 122 de la Carta Magna dice textualmente que “el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”.
Si se opta por la alternativa que propone el PP, habrá que reformar este artículo de la Constitución porque nunca, ni siquiera en la primera redacción de la ley orgánica del Poder Judicial, la de 1980 luego modificada en 1985, se habló de elección directa, la gran aspiración de las asociaciones conservadoras de jueces y magistrados y más concretamente de la Asociación Profesional de la Magistratura, APM, que espera que Núñez Feijóo cumpla el compromiso contraído con ellos porque sabe que, de esta manera, monopolizaría el CGPJ debido a su número de afiliados que, de todas maneras hay que volver a recordar, no llega ni a la tercera parte del número de jueces en activo.
Y este va a ser el punto mas problemático para que se produzca el acuerdo. Y ahí es muy probable que sí que tenga que intervenir el “mediador” de Bruselas, sea Reynders o el que se designe. En cualquier caso, esta reforma debe de estar lista antes de las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024. Porque, para entonces la Comisión Europea deberá ser renovada y los mediadores designados dejarán de tener competencia.
Se han perdido 14 meses, además de cinco años de provisionalidad que han generado una grave crisis institucional con las consecuencias de todos conocidas. Nadie cree en los jueces de este país. Ni en su ecuanimidad ni en su neutralidad. Es más, la sociedad civil cree que son un instrumento más del poder. Y si este servicio público no funciona está claro que el Estado de derecho tampoco. Es, sin lugar a duda, el principal asunto que se deben de resolver urgentemente en este país.
No se cree en la justicia porque a la postre, entre que el fiscal lo nombra el presidente y los partidos los del poder judicial, que luego tendrán que juzgarlos pues como vamos a creer. Los jueces que nombren a los mejores y vitalicios.
Ningún Poder del Estado puede no ser electo directamente por los ciudadanos, si queremos vivir en una democracia. Todo lo demás es tiranía.
Todo Poder del Estado tiene que ser directamente electo por los ciudadanos. Todo lo demás, es tiranía.
El CGPJ tendría que ser electo directamente por la ciudadanía al ser un Poder del Estado. Todo lo demás es usurpación de la soberanía a los ciudadanos. ¿Cómo se puede denominar democracia al reino boubónico de España si dos poderes fundamentales del Estado; la Jefatura del Estado con su poder sobre el ejercito; el CGPJ, el poder de la Justicia; no son electos directamente por los votantes.